Esta tarde se realizó en el Obelisco una acción en solidaridad con los afectados por los incendios en la Patagonia. La misma fue convocada por la Campaña Plurinacional “La Ley de Glaciares no se toca”. Organizaciones socioambientales, políticas y sociales acompañaron la convocatoria. La jornada llevó adelante un semaforazo, un conversatorio, la lectura de un documento para exigir la emergencia ambiental y la recolección de recursos para los damnificados; las donaciones reunidas partirán esta semana hacia la Comarca y Epuyén.
Los verdaderos responsables
Los convocantes colocaron el reclamo central desde el inicio de la actividad: la crisis no es solo climática, sino política. “No se está incendiando la Patagonia, la están dejando arder”.
El Gobierno Nacional y los gobiernos provinciales son responsables. El recorte de presupuestos, la falta de prevención y la precarización a brigadistas son la receta para seguir generando catástrofes.
En el documento leído en el Obelisco, las organizaciones demandaron la declaración de la emergencia ambiental, el envío inmediato de recursos para las familias damnificadas y la necesidad de un recambio en el modelo productivo que evite la expansión de monocultivos —como las plantaciones de pinos, por su alta combustibilidad— y un punto final al negocio inmobiliario, ya que ambas actividades aceleran la pérdida de bosques nativos.
En la acción también se denunció la criminalización de las comunidades mapuche – tehuelche, y los discursos que responsabilizan a los “ambientalistas” en todo el territorio.
Del conversatorio participó el científico Guillermo Folguera, junto a una referente de la CORREPI y un activista parte de las asambleas de Uspallata, Mendoza (quienes actualmente luchan contra el proyecto San Jorge de megaminería). Se habló sobre las reformas respecto a la SIDE (Secretaría de Inteligencia del Estado) en el marco del ataque por parte del gobierno nacional a quienes defienden los bienes comunes.
El pueblo salva al pueblo
Las donaciones recolectadas en el Obelisco serán enviadas esta misma semana a la Comarca y a Epuyén, como continuidad de la red comunitaria que se formó frente al desastre.
Las llamas continúan afectando bosques, hogares y vidas. No es un hecho aislado; es el resultado de la desidia estatal, el negacionismo criminal de quienes gobiernan y de decisiones políticas que han priorizado el ajuste y los negocios sobre la vida, la prevención y la protección del territorio.
A continuación, compartimos el documento leído en la acción:
Estamos reunides acá para exigirle al estado que declare la emergencia ambiental YA
Los incendios hoy en la Patagonia, principalmente en Chubut, pero también en Neuquén y Santa Cruz, no son una tragedia inevitable.
Que el fuego arrase sin control, no es un accidente.
Es un crimen ecosocial.
Es ecocidio.
Mientras miles de hectáreas arden en el sur, el norte del país se inunda.
En Salta, comunidades enteras pierden sus casas, sus cosechas y sus pertenencias bajo el agua. Dos caras de una misma crisis.
No son fenómenos aislados, son las consecuencias de un mismo modelo extractivista y racista que destruye territorios y abandona a los pueblos.
Esto es el resultado de gobiernos negacionistas de la crisis climática, que hacen negocios con nuestras tierras, agua y bienes comunes, mientras ajustan en ambiente, precarizan a brigadistas y subejecutan el presupuesto ambiental.
Hace años que el presupuesto se recorta, se congela o directamente no se ejecuta. Se priorizan actividades que generan divisas para el pago de la estafa de la deuda, dejando crecer las deudas sociales e históricas. Eso significa menos prevención.
Menos brigadas.
Menos equipamiento.
Menos aviones hidrantes.
Llegar siempre tarde, dejar que el fuego avance y el agua arrase es una decisión política.
Detrás de los incendios hay una causa estructural que el poder intenta ocultar. Durante décadas se promovieron plantaciones de pinos exóticos, para la forestación comercial. Los pinos exóticos no son especies nativas, secan el suelo, concentran material inflamable y convierten los bosques en combustible.
Esto no es una opinión, está demostrado por estudios del INTA y del CONICET.
Cuando el negocio deja de ser rentable, esas plantaciones quedan abandonadas, transformándose en pasivos ambientales, son verdaderas bombas de tiempo.
Lo mismo ocurre con los desmontes, la megaminería, el avance inmobiliario y la mercantilización del agua. Ese modelo no previene, no protege y no cuida.
Solo extrae, degrada y se va.
Y cuando las catástrofes ocurren, quienes ponen el cuerpo son siempre les mismes:
brigadistas, pobladores, comunidades rurales, pueblos originarios.
Trabajadores precarizades, con salarios bajos, contratos temporarios y jornadas extenuantes. Les brigadistas no son héroes por vocación. Son trabajadores abandonades por el Estado.
Son las redes colectivas y comunitarias las que aparecen ante la desidia estatal. Miles de familias han sido evacuadas por los incendios, las familias que perdieron todo en los incendios del año pasado siguen esperando respuestas.
Pero frente a este desastre anunciado, el gobierno nacional y el gobierno de Nacho Torres eligen un camino conocido y peligroso: la demonización y criminalización del pueblo mapuche-tehuelche.
Una vez más atacan a quienes históricamente han sido guardianes de los territorios, el agua y la vida. Instalan racismo y buscan chivos expiatorios para desviar la atención.
La criminalización sirve para ocultar el ajuste ambiental, los negocios y dividir a quienes defienden la vida.
Lo decimos una y mil veces más: El pueblo mapuche-tehuelche no provoca incendios. El enemigo interno es el extractivismo.
Por eso también decimos:
Javier Milei y Nacho Torres son responsables políticos de este ecocidio.
Responsables por el ajuste. Responsables por la subejecución presupuestaria. Responsables por negar la crisis climática.
Responsables de cada muerte y pérdida evitable.
Cuando se ajusta en ambiente, se precariza a quienes apagan el fuego, se habilita el saqueo y se persigue a quienes defienden los territorios, el desastre deja de ser natural y pasa a ser político.
Frente al ecocidio, también hay resistencia.
Mendoza sigue en pie de lucha contra la megaminería y contra el Proyecto San Jorge.
Porque el agua vale más que todo y los territorios no se negocian.
En todo el país, comunidades, asambleas y organizaciones defienden lo mismo: el derecho a un ambiente sano y a decidir sobre nuestros bienes comunes.
Desde diciembre se vienen realizando a lo largo y ancho del territorio numerosas actividades en defensa de los glaciares, contra el proyecto de ley que habilita su destrucción y que el gobierno intentará aprobar ahora en febrero en el Congreso Nacional, junto a la reforma laboral.
También en Caba y Amba desde julio se viene llevando a cabo una campaña contra la re-privatización de Aysa, en defensa del agua como un derecho humano y bien público.
Por eso lo afirmamos sin ambigüedades:
La Ley de Glaciares no se toca.
El agua no se negocia.
Fuera Mekorot.
Y exigimos:
Emergencia ambiental nacional inmediata, con fondos reales y ejecución urgente.
Fin del ajuste ambiental y plena ejecución presupuestaria.
Fortalecimiento de las brigadas, con salarios dignos, pase a planta, derechos laborales y equipamiento adecuado.
Restauración de bosques nativos y fin de las plantaciones exóticas.
Cese de la criminalización del pueblo mapuche-tehuelche.
Libertad a Naum y Damian presos políticos del chubutazo por enfrentar el modelo mega minero
No a la megaminería. No al Proyecto San Jorge.
No a la reprivatización de Aysa.
La Ley de Glaciares no se toca.
Fuera Mekorot. Palestina libre, ¡basta de genocidio! Sanciones a Israel.
Fuera el FMI y el intervencionismo imperialista de todos los territorios.
Y sobre todo: ¡No se apaga el fuego sin cambiar el modelo!
No hay salida individual: la salida es colectiva. Y solo el pueblo salva al pueblo.
