En los últimos días trascendió una noticia alarmante: la nueva gestión de la Universidad Nacional de La Rioja (UNLaR), encabezada por la rectora Natalia Álvarez Gómez, ex vice jefa de Gabinete del Gobierno de Ricardo Quintela, volvió a imponer como requisito obligatorio para los ingresantes el pago de $15.000 para “certificar” la documentación. Una medida que atenta directamente contra el principio de gratuidad de la educación universitaria pública, lucha de los reformistas de 1918 en Córdoba y que los gobiernos desde Menem con su nefasta ley de Educación Superior han intentado boicotear sucesivamente.
Este tipo de cobro no es nuevo: ya se había implementado durante el tellismo cuando se utilizó para financiar la FUNLaR, convirtiéndola en una caja de negociados. Hoy, en un contexto de profunda crisis económica, este arancel se convierte en un obstáculo para cientos de jóvenes que aspiran a ingresar a la universidad y que no pueden destinar ese monto extra solo para inscribirse. Muchos quedarán directamente excluidos del derecho a estudiar.
La solución al desfinanciamiento universitario no puede ser el arancelamiento, sino una lucha consecuente por mayor presupuesto y por la efectiva implementación de la Ley de Financiamiento Universitario, que el gobierno de Javier Milei se niega a cumplir asignando partidas específicas.
Frente a esta situación, la Asamblea UNLaR impulsa un plan de lucha para impedir que este cobro se haga efectivo. Desde la Agrupación La Marea en la Historia UNLaR sostenemos que la defensa de una educación pública, gratuita y laica es incompatible con políticas que mercantilizan la educación superior y allanan el camino hacia su privatización.
Este modelo educativo, inspirado en las ideas de Milei y sus defensores, busca una universidad solo para quienes puedan pagarla o, en su defecto, para quienes “destaquen” y accedan a un voucher. Un esquema profundamente desigual y excluyente.
Lo que hoy sucede en la UNLaR sienta un precedente peligroso que podría replicarse en otras universidades del país. Es escandaloso que se decida de espaldas a la comunidad universitaria, demostrando una claudicación en la lucha por la defensa de la educación pública, donde se traslada el ajuste a las y los estudiantes, en vez de exigir al gobierno nacional que aplique la ley de financiamiento universitario. Porque es completamente falso que no haya plata. Pensemos por ejemplo en la plata que Milei le condona a las principales cerealeras con los dos días de quita de retenciones: 1500 millones de dólares. Entonces, lo que sobran no son profesionales sino corruptos, coimeros y estafadores.
Es hora de que luchemos por más presupuesto, por la universidad pública, gratuita y solidaria al servicio del pueblo trabajador y las mayorías sociales. No al servicio de las corporaciones y de los ajustadores. Por eso llamamos a nacionalizar esta campaña en todas las universidades. La Rioja no puede convertirse en el laboratorio de una universidad arancelada como lo quiere Milei, por lo tanto, es fundamental que el movimiento estudiantil se organice. Desde La Marea-Historia ponemos nuestra fuerza y organización para que esto no pase. Por esta razón hay una ofensiva contra nuestra agrupación: nos quisieron bajar la lista, nos censuran los carteles y buscan limitar nuestra participación. No pasarán.
Francisco Narváez
