La reconfiguración del aparato estatal en las últimas semanas dio un paso por lo menos llamativo, hacia un avance de militares en la política. Tras la provocadora designación del Teniente General, Carlos Alberto Presti, como ministro de Defensa, convirtiéndose en el primer militar en actividad en ocupar un cargo político desde el retorno a la democracia en 1983, el gobierno ha procedido a purgar y renovar la cúpula de las Fuerzas Armadas.
Los nombres recientemente anunciados por el Vocero/jefe de Gabinete, Manuel Adorni y ratificados por el propio Presti, no son simples cambios administrativos; sino que responden a un diseño estratégico que busca blindar el gobierno con una conducción castrense homogénea, leal al proyecto libertario y profundamente alineada con los intereses geopolítico de los Estados unidos.
El nombramiento de Presti, se mostró como un punto de inflexión y una ruptura, de ese pacto democrático de las últimas décadas. No es un detalle menor recordar quien es el hombre que hoy dirige la defensa Nacional. Carlo Alberto Presti es hijo del coronel Carlos Roque Presti, un genocida responsable de centros clandestinos de detención como La Cacha y el Pozo de Arana, quien murió impune con 44 causas por delitos de lesa humanidad sobre sus espaldas. Si buen las responsabilidades penales no se hereda, las políticas y morales si se eligen. El flamante ministro jamás ha esbozado una sola palabra de repudio hacia el accionar de su padre ni hacia el terrorismo de Estado; por el contrario, su ascenso representa la reivindicación, de manera silenciosa de esa memoria completa que el gobierno intenta imponer para lavar la cara de los genocidas.
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La nueva conducción de los “duros”
Bajo esa impronta negacionista y reaccionaria se han elegido los nuevos jefes. Para la conducción del Ejército, Presti no busco demasiado lejos y eligió a su propio compañero de promoción y hombre de extrema confianza, el General de División Oscar Santiago Zarich. Egresados juntos del Colegio militar en 1987, Zarich llega con el antecedente de haber comandado el reciente ejercicio militar “Libertador” y con fama de ser un militar áspero y de mano dura. Esta designación garantiza que el Ejército quede bajo el control directo del círculo íntimo del ministro, cerrando filas ante cualquier disidencia interna y preparándolo para un rol más activo en la seguridad interior, una vieja aspiración de la doctrina de las nuevas amenazas que impulsa el imperialismo.
En la Armada, el cambio también tiene un fuerte contenido ideológico. El nuevo jefe será el Vicealmirante Juan Carlos Romay, quien hasta ahora se ha desempeñado como Director General de Educación de la fuerza. Romay, además de pasar por la comandancia de la Fragata Libertad, se formó académicamente en el corazón del imperio: posee una maestría en Relaciones Internacionales obtenida en Estados Unidos en 2018. Este perfil encaja de lleno con la sumisión que Milei ofrece a Washington.
Por su parte, el Estado mayor Conjunto, el organismo encargado de coordinar a las tres fuerzas, quedará en manos del Vicealmirante Marcelo Dalle Nogare. Este oficial proviene del área de inteligencia, habiéndose desempeñado como Director General de esa rama en el Estado Mayor Conjunto, un dato que no debe pasarse por alto en un gobierno que acaba de inyectar millones de pesos a la SIDE para espiar a opositores.
El único que conserva su puesto es el Brigadier Mayor Gustavo Valverde en la Fuerza Aérea, garantizando la continuidad en la fuerza que será la protagonista del show mediático de los F-16.
Subordinación a Trump y chatarra militar
Estos nombramientos no ocurren en el vacío, sino que se dan en un contexto geopolítico regional extremadamente volátil, donde la alineación de Milei con el gobierno republicano de Donald Trump, nos coloca en una situación relativamente complicada. La afinidad ideológica de la Casa Rosada y la Casa Blanca, se podría traducir, aunque esto no está para nada definido, en una posible subordinación militar concreta. Mientras Trump reactiva su accionar belicista y lanza amenazas directas de intervención sobre Venezuela, Argentina renueva su cúpula militar con oficiales formados bajo la doctrina norteamericana y dirigidos por un ministro que añora las relaciones carnales de los noventa.
Los acuerdos bilaterales, aunque de carácter comercial, entre los gobiernos de Milei y Trump, se discutieron bajo un hermetismo absoluto. Por lo que la hipótesis de que las Fuerzas Armadas argentinas puedan verse arrastradas a brindar apoyo logístico o incluso operativo, como moneda de cambio por el acuerdo, en esta aventura imperialista en el Caribe deja de ser una fantasía para convertirse en una posibilidad preocupante.
Por otro lado, la compra de los aviones de combate F-16, que llegarán al país para ser presentados con bombos y platillos este fin de semana en Córdoba, es la materialización de esta dependencia. Se trata de maquinaria que, aunque presentada como un salto tecnológico, es material de descarte para las potencias de la OTAN, pero que sirve para atar nuestro sistema de defensa a la cadena de suministros y mantenimiento de Estados unidos, hipotecando nuestra soberanía técnica por décadas. El gobierno necesita este show de los aviones para alimentar su batalla cultural, intentando reinstalar el prestigio militar en una sociedad que, azotada por el ajuste, puede mirar con desconfianza el gasto millonario en juguetes de guerra mientras los sueldos se caen pedazos.
Preparando la represión
Pero la otra de las razones de fondo para formar esa nueva cúpula de duros y leales no está solo afuera, sino adentro de nuestras fronteras. El plan económico de miseria que Milei, Caputo y el FMI descargan sobre las espaldas de los trabajadores es incompatible con las libertades democráticas plenas. Para pasar las reformas estructurales, la flexibilización laboral y el saqueo de los recursos naturales, el gobierno necesita un aparato represivo sin fisuras. La designación de Presti y su equipo de confianza apunta a borrar la línea divisoria entre la defensa nacional y seguridad interior. Esto último, fue algo con lo que coqueteaban los ex ministros Patricia Bullrich (Seguridad) y Luis Petri (Defensa), cuando hacían actuar a los integrantes de las Fuerzas Armadas dentro de las fronteras, en medio de las acciones del operativo Julio Argentino Roca y el Plan Güemes (Salta). Acciones que de alguna manera buscan preparar el terreno para que estas fuerzas puedan actuar, llegado al caso, como garantes del orden interno ante un estallido social.
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La narrativa oficial de “terminar con la demonización” de los militares es, en realidad, un intento de legitimarlos nuevamente como actores políticos y represivos. Al poner a un hijo de la dictadura en el ministerio y a oficiales de inteligencia y formados en EEUU en la conducción de las fuerzas, Milei envía un mensaje a los mercados y el establishment diciendo: o sea, digamos, la fuerza para defender sus ganancias está.
Frente a este escenario, donde se combinan la entrega de la soberanía nacional y la amenaza de la represión interna, la respuesta no puede ser otra que la organización popular, la denuncia constante y la movilización en las calles para defender las conquistas democráticas y frenar este avance autoritario que pretende retrotraernos a las épocas más oscuras de nuestra historia.
