En la noche del lunes 1 de noviembre en el barrio 22 de enero ubicado en Ciudad Evita unas 300 familias sufrieron un brutal desalojo con represión en manos de la policía de Berni. Luego de ese cobarde accionar bajo la complicidad del intendente Fernando Espinoza, vecinos y organizaciones solidarias se movilizaron en repudio de la represión y para exigir por viviendas dignas. A un año del desalojo en Guernica, el Frente de Todos sigue teniendo como respuesta a un derecho básico como el acceso a la vivienda, dar balas y gases.
Hablamos con Sara, de Izquierda Latinoamericana Socialista y vecina de la toma.
-Sara, contanos, ¿qué pasó la noche del lunes?
–El calvario comienza los días previos a la represión. Venía habiendo hostigamiento por parte de la policía. Nos querían sacar o no dejar entrar al predio que teníamos tomado. Después de eso, un día el jefe de calle nos dejó ingresar a la toma para hacer el merendero para sostener a las 300 familias, hicimos dos en cada punta para poder sostenernos.
El día de la represión nos quemaron los merenderos, nos quemaron las casillas que habíamos construido con mucho esfuerzo, todo. Cuando la policía llegó hicimos una cadena de mujeres para que no nos repriman o para por lo menos sacar nuestras cosas y no les importó. Nosotras, las madres estábamos al frente y nos dieron sin asco. Había niños, niños discapacitados, a uno de los chicos que tiene retraso madurativo se lo llevaron preso y lo largaron al otro día a las 2 de la mañana. No tuvieron ni la más mínima preocupación.
-¿Hace mucho que estaba la toma que fue desalojada?
–Hace más de un mes que nos organizamos en esa toma. El lugar es un terreno baldío que está ocioso. Dentro de ese predio se encuentra un sector que es un club privado, el José Hernández. Ese club está cercado, con pileta, cancha, camping, al cual nosotros no podemos acceder por nuestras condiciones económicas pero que tampoco pretendíamos tocar. El lugar que ocupamos nosotros es la parte abandonada. Ahí hay violaciones, robos, bichos, ratas, estaba oscuro y nosotros lo acondicionamos para poder poner el comedor. Ese es un lugar abandonado, ocioso y peligroso. Es tierra de nadie.
Nosotros lo que queremos es una vivienda digna para cada familia y sin represión. Esa noche, la policía entró y nos corrió 5 cuadras hasta que el padre Daniel de la iglesia de la zona nos abrió la puerta para poder refugiarnos ahí. Si bien él no está en la toma, tuvimos que entrar ahí por el grado de brutalidad de la represión, nos atacaron en la iglesia. Somos 300 familias que nuevamente estamos en la calle.
-El día después de la represión marcharon a la municipalidad. ¿Podrás contar cómo les fue ahí?
–El martes marchamos con varias organizaciones barriales a la municipalidad para que el intendente nos dé una respuesta. Reclamamos en contra de la represión y para saber quién estuvo detrás de ella. Hay que decir que el desalojo fue ilegal, ya que la ley dice que no se puede desalojar después de las 19 horas y hasta las 7 de la mañana no se puede reprimir, no se puede hacer desalojo y lo hicieron sin tener orden judicial ni nada. Anterior a lo del lunes, había venido la policía a reprimir e intentar sacarnos del predio, se presentaron con una orden vieja que decía 24 de octubre y cuya dirección era Ruta 21 y Ombú, cuando nosotros nos encontramos en aledaño a la altura del 22 de enero, Cristiania y Ruta 21. O sea, se mandaron con una orden vieja, en un lugar que no era y sin aviso previo, simplemente nos atacaron.
-¿Qué pasó cuando llegaron a la municipalidad?
–La marcha fue importante, recorrimos el centro de San Justo cortando Ruta 3 con una importante columna. Ahí nos recibieron dos personas de la municipalidad que nos dijeron que solo iban a averiguar, nos miraban como que se reían y nos dijeron que ellos ponían ante todo los derechos. Eso me generó mucha bronca, porque hablan de derechos pero en ese momento no se nos respetó los nuestros, ni de nuestros niños. Ellos no van a dar la cara si a nosotros nos pasa algo.
La primera vez que fuimos a la municipalidad fue el 11 de octubre. Yo me presenté con una nota y Espinoza estaba en un acto electoral. Ese día, en la municipalidad nos dijeron que no podían hacer nada porque no les pertenecían y que no tenían nada que ver. Nosotros explicamos la situación de la necesidad de acceder a una vivienda digna pero se lavaron las manos. Después de ese día no nos dejaron pisar nunca más la municipalidad, tenemos prohibida la entrada. Recién con la movilización fuimos atendidas nuevamente pero estuvimos con la gente hasta las 17 horas desde las 12 mediodía, debajo de la lluvia y solo para que nos atiendan media hora y sin respuesta, no les importa nuestra vida.
Ahora (martes 2 de noviembre) estamos yendo a la fiscalía de Laferrere para ver a dónde llegamos. Necesitamos respuestas por la brutalidad de la represión, estamos totalmente desprotegidos. La policía amenazando de muerte, golpeando a vecinos que salían a mirar lo que pasaba, hubo mucha agresión. Más allá de eso queremos decir que vamos a seguir en las calles peleando por la vivienda digna, seguir peleando por nuestras tierras para 300 familias. Que se cumpla un derecho básico al cual todos debemos acceder.
La prioridad: tierra para vivir
Una vez más se pudo ver el accionar de la policía comandada por Berni, reprimiendo a familias enteras con una saña que no tiene explicación. Vecinos que salieron a ver qué pasaba durante el desalojo también fueron reprimidos y comentan espantados el operativo que se instaló para sacar y quemar todo lo que habían construido las 300 familias que hoy están en la calle. Por otro lado, el poder político encabezado por Espinoza en el municipio y Kicillof en la provincia no solo deja correr los desalojos y la represión, sino que los alientan en pos de defender los intereses de los empresarios, para quienes solo vale la ganancia.
La problemática del acceso a la vivienda y el trabajo genuino se puede resolver si se le pone freno al FMI. Por ejemplo, si Guzmán rechazara el pago de los más de 1.800 millones de dólares para la deuda que hará el país en diciembre, se podrían construir varias miles de viviendas y generar fuentes de trabajo. Pero el eje de la campaña electoral y el rumbo a seguir del Frente de Todos en La Matanza, la provincia y el país es el celebrar la instalación de más gendarmería y sistemas de monitoreo en los barrios. La respuesta a la falta de laburo para la juventud es que alisten a las distintas fuerzas represivas.
En los barrios el único “sí” que crece es el del abandono. Por eso, desde el MST y nuestro movimiento barrial Teresa Vive nos solidarizamos con las 300 familias desalojadas. También creemos que más que nunca es importante la unidad de los de abajo para enfrentar la represión y pelear por los derechos que nos faltan. Y como lo hicimos en el Encuentro de referentes barriales del Teresa Vive del pasado 3 de noviembre, seguimos organizándonos en los barrios de manera independiente a los gobiernos y peleando por un gobierno que realmente respete a las mayorías.