Batalla perdida. La “guerra contra la inflación” anunciada por Alberto Fernández ya es un fracaso. El Índice de Precios al Consumidor de marzo, dado a conocer por el INDEC la semana pasada, fue del 6,7% colocándose en el nivel más alto de los últimos 20 años, con un acumulado del 16,1% en el primer trimestre y una variación interanual del 55,1%. En el rubro alimentos la cosa fue peor, alcanzando un 7,2%. Un nuevo golpe a los bolsillos populares y un ajuste brutal sobre los salarios y jubilaciones que continúan perdiendo poder adquisitivo.
Una guerra sin combate. El gobierno sigue sin dar ninguna señal seria para frenar el alza de los precios y llega al ridículo de enarbolar frases como la “terapia de grupo” o la “inflación autoconstruida” que lo muestran desconcertado para enfrentar un flagelo que es la principal preocupación del pueblo trabajador. El presidente intenta hacer equilibrio entre la necesidad de mantener una inflación alta para licuar presupuestos y salarios y evitar que esta se descontrole alimentando la bronca, su propio desgaste y la posibilidad de desbordes. Por eso no toma ninguna medida que ataque los problemas estructurales y sólo se limita a poner parches.
Medidas que no cambian nada. Los bonos anunciados en las últimas horas para jubilados, monotributistas y trabajadores informales, además de ser insuficientes, se licuarán rápidamente ante el aumento incesante de los precios. Intentando mostrar algún atisbo de progresismo se anunció también un impuesto a las “ganancias inesperadas.” Pero este sólo alcanzaría apenas a un 3% de las empresas y sólo en relación a los aumentos producidos a partir de la invasión rusa a Ucrania. Por otro lado, para cumplir con el FMI, el tesoro dejó de financiarse con emisión monetaria y colocó nueva deuda en bonos que se actualizan por CER, una fórmula que contempla la inflación, lo que además de generar una bomba de tiempo significa ganancias extraordinarias para los especuladores. Como se puede observar, para los sectores populares, paliativos que nos mantienen en la pobreza; para corporaciones y especuladores, ganancias aseguradas.
Telón de Fondo. Entre tanto, el gobierno viene cumpliendo con las medidas acordadas con el FMI, que lejos de controlar la inflación la alimentan aún más. La devaluación del dólar oficial para reducir la brecha cambiaria, la suba en las tasas de interés y el llamado a audiencias públicas para aumentar las tarifas de los servicios permiten suponer que en los próximos meses el alza de los precios seguirá manteniéndose en niveles altos. Algunos analistas ya sugieren que podría alcanzar un 64% anual. Aunque en el próximo viaje de Guzmán probablemente se recalibren algunos aspectos del acuerdo firmado, no hay que olvidar que en el original ya se mantenía una inflación alta, que como decíamos, necesitan para licuar presupuestos sociales y salarios.
Operación despegue. Las tensiones al interior del FdT, surgidas después de las PASO y que tomaron alto vuelo alrededor del acuerdo con el FMI, pegaron un nuevo salto alrededor de cómo enfrentar la inflación, al punto de que se habla de cambios en el gabinete y lo único que parece evitar una ruptura total -por ahora- es la posibilidad, cada vez más incierta, de evitar una derrota electoral en 2023. En ese contexto el kirchnerismo aparece intentando despegarse cada vez más del gobierno, sin embargo -como en el caso de la deuda- las diferencias son de formas más que de contenido. Así lo muestran por ejemplo el plan antinflacionario de Kicillof o las declaraciones de Fernanda Vallejos: algunas retenciones más, micros gratis al Mercado Central, más acuerdos de precios. Más parches pero ningún cambio estructural.
La derecha y su arsenal reaccionario. Amplificados por los medios masivos, tanto JxC como los libertarios intentan mostrarse como activos combatientes contra la inflación. Sin ninguna vergüenza y con mucho cinismo, unos se quitan la responsabilidad de haber sido parte de un gobierno que decía que era lo más fácil de solucionar y en cambio la multiplicaron mientras llevaban adelante la estafa escandalosa del endeudamiento con el FMI. Los otros con una fervorosa agitación en favor de la dolarización de la economía, obviando por supuesto las consecuencias que esto trajo donde se aplicó (como en Ecuador) y la experiencia de la convertibilidad en nuestro país, que llevó a los niveles réscord de desocupación y miseria, provocando el estallido del 2001. Una salida que implicaría una guerra contra el pueblo trabajador, porque significaría, como ya lo expresan, prácticamente la eliminación total de los presupuestos sociales, de ministerios, la privatización de todo lo público y, por supuesto, la eliminación de todos los derechos sociales, con reforma laboral y jubilatoria mediante.
La burocracia de siesta. Mientras tanto todas las alas de la burocracia sindical siguen sin mover un dedo. Más preocupadas en sostener al gobierno que en defender el salario de la clase trabajadora, su única respuesta es la participación en la “terapia de grupo” junto a empresarios y el ejecutivo, como si de allí pudiera salir alguna medida favorable para el pueblo trabajador. Sin embargo hay luchas docentes en varias provincias, así como del personal de salud y otros sectores, con los movimientos sociales llevando adelante un intenso plan de lucha. Es necesario reclamar que la dirigencia sindical rompa la tregua con el gobierno y convoque a medidas de lucha para recuperar el salario y al mismo tiempo organizar la pelea por abajo, coordinando a los sectores en lucha y apoyando las peleas que se vienen dando, en primer lugar la de los movimientos sociales que enfrentan el ataque y la persecución de todo el arco patronal.
Una salida obrera y popular. Un combate en serio contra la inflación debe partir de un aumento general de salarios, jubilaciones y planes sociales que cubran el costo de la canasta familiar. Para eso hay que suspender inmediatamente los pagos de la deuda y poner un verdadero impuesto a la riqueza. Al mismo tiempo hay que tomar medidas de fondo que ataquen las causas centrales de la inflación. Mientras la producción y comercialización sigan concentradas en manos de unas pocas corporaciones que actúan en función de la ganancia capitalista no hay salida. Es preciso eliminar el IVA de los productos de la canasta básica, congelar los precios y establecer un verdadero control social a cargo de los trabajadores de las empresas productoras y comercializadoras de alimentos y de la población, abriendo los libros contables de las empresas que invocan la necesidad de aumentar los precios. Además aplicar fuertes sanciones a los empresarios que boicoteen especulando, acaparando o no produciendo; implementar una reforma agraria y terminar con la estructura monopólica de la producción y comercialización de los alimentos. Nacionalizar el comercio exterior para que las divisas que entran y salen del país sean controladas por el Estado, con control social; nacionalizar la banca para evitar la fuga de capitales y estatizar todas las empresas productoras y distribuidoras de energía, con el control de sus trabajadores y usuarios.