En un fallo que consolida el giro autoritario del Estado, la Justicia ha decidido dar vía libre al “Protocolo de Mantenimiento del Orden Público” popularmente conocido como “Protocolo anitipiquete”. Lo que el discurso oficial presenta como una búsqueda de “orden”, no es más que la institucionalización de la represión sistemática contra los sectores populares que resisten el ajuste.
Por Marcos Pérez, profesor en Cs. Política y fotoperiodista
El derecho a la protesta bajo el fuego del disciplinamiento
La ratificación de este protocolo no es un hecho aislado, sino la pieza “jurídica” que faltaba para blindar el avance de la derecha sobre las conquistas históricas de la clase trabajadora. Al priorizar el libre tránsito sobre el derecho a la manifestación, la justicia ignora deliberadamente que la protesta es la herramienta madre de todos los derechos. Sin calle, no hay voz; y sin voz, el programa económico de hambre se impone sin resistencia aparente.
Represión, detención y persecución
La justicia abre la puerta a tres ejes peligrosos para la democracia:
- Aval de la represión: se otorga una “carta blanca” a las fuerzas de seguridad para actuar con violencia ante el conflicto social, transformando cada reclamo salarial o social en un escenario de guerra.
- Detenciones arbitrarias: el protocolo faculta la privación de la libertad de manifestantes bajo figuras legales ambiguas, funcionando como un mecanismo de disciplinamiento social.
- Persecución política: el registro de organizaciones y el cobro de “gastos operativos” a los sindicatos y movimientos sociales configuran una persecución económica y política inédita, que busca desarticular cualquier forma de resistencia organizada. Imposición a quienes sean detenidos en este marco, de una restricción perimetral de cientos de metros de las zonas donde fueron detenidos –Congreso, Plaza de Mayo, Etc-. Vulnerando así, de manera sistemática, el derecho a la protesta.
La Justicia como resorte del poder real y el capital
Este fallo confirma que el Poder Judicial actúa, una vez más, como el brazo ejecutor de los intereses de las minorías privilegiadas. Mientras se criminaliza al que corta una calle por un plato de comida, se garantiza impunidad para quienes fugan capitales y saquean los recursos estratégicos del país. Como dijera la Legisladora Celeste Fierro (legisladora porteña del FIT-U y referente del MST) “Arman este protocolo antipiquetes porque saben que el ajuste no pasa sin represión. Están echando nafta al fuego: primero anuncian un paquetazo de ajuste que golpea brutalmente a las y los trabajadores y ahora quieren prohibir la protesta.”
Perspectiva
Desde esta redacción, reafirmamos que, ante el intento de imponer un estado de excepción de facto, la única respuesta legítima es la unidad y la movilización. La historia demuestra que los derechos no se mendigan en los tribunales de la burguesía… se conquistan y se defienden en las calles.
Blindaje Judicial para imponer el ajuste
El reciente aval de la Cámara al protocolo de la cartera de Seguridad no es una interpretación neutral de la ley; es un estiramiento de la doctrina jurídica para adaptarla a un modelo de exclusión.
- La inconstitucionalidad de la “Flagrancia”
El fallo utiliza la figura de la flagrancia para permitir detenciones inmediatas sin orden judicial. En la práctica, esto significa que cualquier agente de las fuerzas de seguridad se convierte en juez y parte, decidiendo quién es “delincuente” por el solo hecho de portar una bandera o reclamar un salario digno. Es la suspensión de las garantías constitucionales en el espacio público.
- El perfilamiento ideológico
Al ratificar la filmación y el registro de manifestantes, la justicia convalida el espionaje ilegal. Se crea una base de datos de “opositores”, lo cual es un síntoma clásico de los regímenes donde la disidencia es tratada como un enemigo interno y no como un actor democrático.
De la doctrina de Seguridad Nacional al protocolo de hoy
La historia argentina es clara: cada vez que se impuso un plan de hambre, se necesitó un andamiaje legal para reprimir.
- El eco de la Dictadura: el protocolo actual rescata la lógica del “Enemigo Interno” de la Doctrina de Seguridad Nacional. Al igual que en los años 70, se busca deshumanizar al militante o al manifestante, tratándolo como un “obstáculo” al orden que debe ser removido, incluso mediante el espionaje y la violencia.
- La herencia de los 90: durante el menemismo, la criminalización de la protesta fue la respuesta al surgimiento del movimiento piquetero en Cutral Co y Tartagal. Sin embargo, lo que vemos hoy va más allá: no solo buscan reprimir el corte de ruta, sino avanzar sobre las organizaciones mediante multas millonarias, una táctica de asfixia que ni siquiera en el pico del neoliberalismo de los 90 se aplicó con tal saña judicial.
- La Doctrina Chocobar como antesala: la ratificación del protocolo es la culminación de un proceso que busca que la policía no deba rendir cuentas, eliminando la proporcionalidad en el uso de la fuerza. Frente a este panorama, le enorme marcha del 24M último, mostró que ante la masividad no hay protocolo que valga, que el pueblo sabe cuidarse y no necesita una democracia tutelada que le indique por donde caminar, mientras hace su propia historia.
