El Banco Central de la República Argentina (BCRA) se negó a brindar información a la Auditoría General de la Nación (AGN) sobre el paradero y el destino del oro argentino que fue trasladado al exterior, lo que desató un fuerte cuestionamiento político e institucional. La decisión del organismo que conduce Santiago Bausili fue interpretada como una maniobra de opacidad por parte del Gobierno, que ya había sido acusado de falta de rendición de cuentas en el manejo de los activos públicos.
Un muro de silencio institucional
Según reveló la AGN, el Banco Central se negó a entregar la documentación solicitada, impidiendo conocer dónde se encuentran los lingotes, bajo qué condiciones se conservan o si parte del oro fue convertido en activos líquidos. La respuesta oficial fue que esos datos están protegidos por “confidencialidad operativa”, lo que a juicio de los auditores viola la ley de administración financiera que obliga a todos los entes del Estado a colaborar con los órganos de control.
En su descargo, el BCRA ofreció a los técnicos de la AGN revisar los archivos únicamente desde las computadoras internas del organismo, sin posibilidad de tomar notas, copiar ni fotografiar documentos, una restricción que la Auditoría consideró “incompatible con una revisión seria”.
El oro que salió y nadie sabe dónde está
El Banco Central había reconocido meses atrás haber trasladado parte de las reservas en oro “entre distintas cuentas en el exterior”, aunque nunca precisó el monto ni el destino. Los datos oficiales estimaban entonces un valor cercano a USD 4.981 millones en reservas auríferas, pero la falta de transparencia alimentó las sospechas sobre la gestión.
Según trascendidos, novdescartan que los lingotes se encuentren en bóvedas de Londres o Suiza, e incluso se menciona la posibilidad de que una porción haya sido liquidada o transformada en instrumentos financieros, extremo que el Gobierno no confirma ni desmiente.
La negativa del Banco Central derivó en un conflicto institucional con la AGN, que podría recurrir a la Justicia por incumplimiento de sus facultades legales. También se evalúa que la Comisión Bicameral Revisora de Cuentas del Congreso convoque a Bausili para que brinde explicaciones formales.
Opacidad que se repite
El caso del oro no es aislado. La AGN también señaló falta de acceso a la información sobre los bonos BOPREAL, emitidos por el propio Banco Central, lo que refuerza la idea de una política sistemática de restricción informativa y control concentrado.
Esta falta de claridad se suma a un clima de creciente desconfianza hacia la gestión de las reservas y al manejo discrecional del patrimonio nacional. En los hechos, el Gobierno de Milei enfrenta un nuevo frente de conflicto institucional, en medio de una economía que todavía no logra estabilizarse y con crecientes reclamos de transparencia desde el Congreso y los organismos de control.
