El nombre de la policía secreta de la Alemania nazi volvió a escucharse por estos días en nuestro país. La siniestra Gestapo[i], dirigida por los genocidas Reinhard Heydrich y Heinrich Himmler, no fue motivo de alguna polémica histórica, sino por el plan de recrear un aparato similar por parte del ministro de Trabajo de María Eugenia Vidal, Marcelo Villegas, para atacar la actividad sindical. La mesa que conocimos en los videos que se hicieron públicos reabrió el debate sobre la utilización política de la justicia y los servicios secretos, los llamados sótanos de la democracia.
Una mesa antiobrera, con amparo político y judicial
El lugar de reunión era una sede del Banco Provincia. Entre otros, además de Villegas, allí se juntaban para conspirar directivos de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), funcionarios políticos de Vidal y empresarios de la construcción: Juan Sebastián De Stéfano, director de Asuntos Jurídicos de la AFI; Roberto Gigante, entonces ministro de Infraestructura; Adrián Grassi, subsecretario provincial de Justicia; Juan Pablo Allan, senador provincial; Julio Garro, intendente de La Plata; Marcelo Jaworski, director general de Copetro; Fabián Cusini, presidente de Agrineco; Fernando Sacrachi, director de ACIP; Guillermo Moretto, presidente del Colegio de Arquitectos platense, y otras seis personas, tres de las cuales fueron luego identificadas como agentes de la AFI.
Así como pasó con el escándalo del ex jefe policial porteño “Fino” Palacios y las escuchas ilegales encargadas por Mauricio Macri, esta reunión secreta confirma algo obvio: el espionaje en el macrismo como política de Estado.
En esta semana, en las oficinas de la AFI “apareció” un video del 15 de junio de 2017 que forma parte de una denuncia que Cristina Caamaño, actual interventora de la AFI, presentó ante la justicia federal de La Plata. Allí se lo ve y escucha al ministro Villegas diciendo: “Creeme que si yo pudiera tener, y esto te lo voy a desmentir en cualquier parte, si yo pudiera tener una Gestapo, una fuerza de embestida para terminar con todos los gremios, lo haría”.
Así, los funcionarios macristas bonaerenses les aseguraban a los empresarios de la construcción una estrategia diseñada en connivencia con el Poder Judicial y los gobiernos de la Nación y la Provincia para criminalizar a dirigentes sindicales de ese sector[ii]. Apuntando más contra los derechos laborales de los trabajadores de la construcción que contra la burocracia sindical, Villegas y su grupo habían pergeñado con algunos jueces un modus operandi para montar causas judiciales. Como se ve en el video, el ex funcionario remarcaba el trabajo conjunto con los jueces, advirtiendo a los capitalistas que habían tenido “el recaudo de tomar como primera medida asegurarnos la cuestión judicial. No estaríamos a este nivel hablando con ustedes si no tuviésemos asegurada la cuestión judicial”.
En otros fragmentos se recalca que la decisión política era de todo Cambiemos. Villegas también afirmaba en esa mesa que habían “tomado la decisión como gobierno -cuando digo gobierno, digo nacional, provincial y municipal- de comenzar a resolver de forma definitiva la problemática que tenemos en materia de relaciones con la UOCRA”. Semejantes frases textuales echan luz sobre cómo el accionar del aparato de espionaje no era obra de “cuentapropistas” sueltos[iii], sino que tenían la bendición política de Macri, Vidal, sus ministros, senadores e intendentes.
El resultado de esa mesa tuvo algún fruto unos meses más tarde: Juan Pablo “Pata” Medina, el burócrata de la UOCRA platense; Marcelo Balmacedo, de Municipales, y Omar Suárez, del SOMU, fueron detenidos. Buscaban amedrentar a esos trabajadores con el fin de quitar conquistas salariales, como los bonos en danza en ese momento. Lejos de defender los métodos burocráticos de personajes como el “Pata”, responsable de que en la construcción haya precarización laboral, repudiamos estas operaciones ilegales del poder político, judicial y empresarial.
Otra frase del ex ministro bonaerense ilustra bien los fines de esa mesa: “Las leyes son las leyes. Tengo que modificar la Ley 10.430, sacarles estabilidad a los empleados públicos de la provincia, cosa que por ahí dentro de cien años un nieto mío lo vea”. Tales son los repulsivos recursos de este régimen político para atacar los derechos de la clase trabajadora, sus salarios y condiciones laborales.
Reformar la Justicia y disolver la AFI
Por estas horas, la fiscal Ana Russo imputó a Marcelo Villegas. Pero con el necesario castigo a estos delincuentes, funcionarios políticos, judiciales, empresarios y agentes de la AFI involucrados en la mesa, no alcanza. Sólo una “democracia” para ricos admite prácticas como las que vimos estos días.
Es necesario avanzar en una reforma judicial de fondo, para terminar con ese carácter de casta al servicio de los capitalistas. Esto incluye la elección de los jueces y fiscales por voto popular, con mandatos limitados y revocables, y reducir sus sueldos de privilegio. La reforma que promueve el gobierno actual es cambiar algo para que nada cambie, ya que mantiene el Consejo de la Magistratura en donde el poder político digita los nombramientos de magistrados a quienes luego involucra en métodos de lawfare.
Además, hay que disolver todos los servicios de inteligencia: la AFI y los organismos similares policiales y militares. Ese aparato represivo no tiene arreglo: siempre estuvo y sigue estando al servicio del poder político de turno y de atentar de alguna manera contra los reclamos populares. Pruebas hay de sobra, tanto en gobiernos peronistas como en la gestión macrista como es este caso.
[i] Gestapo, sigla de Geheime Staats-Polizei: policía secreta del Estado, en alemán. Funcionó desde 1936 hasta 1945, sin control legal, para “combatir todas las tendencias peligrosas para el Estado”. Era conocida por sus métodos de tortura para identificar y arrestar a los opositores al régimen nazi.
[ii] Melisa Molina, periodista de Página12, en un artículo titulado Mesa judicial contra sindicatos bonaerenses, retrata la forma de actuar del siguiente modo: “En un principio el modus operandi consistía en que las propias empresas generaran tensión con los trabajadores, por ejemplo, quitándoles las viandas, para que el sindicato paralice las obras. De allí se desplegaba una doble estrategia: primero los empresarios se dirigían al Ministerio de Trabajo al que llevaban notas previamente convenidas, que entregaban en mano a Villegas -tomaban el recaudo de no dejarlas en la mesa de entrada- y luego al Poder Judicial, donde presentaban la denuncia con las palabras ‘clave’ que los funcionarios les decían que incorporen, como ‘extorsión’ y ‘amenaza’…”
[iii] Absurdamente, en la causa por las investigaciones realizadas con el aval de Macri, Gustavo Arribas (ex director de la AFI) y Silvia Majdalani (ex subdirectora de la AFI), la Cámara Federal determinó que los agentes que espiaron incluso a familiares del ex presidente no respondían a la estructura de la AFI y del Poder Ejecutivo, sino que eran simples cuentapropistas que actuaban para vender información o extorsionar…