El Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 70/2023, firmado por Javier Milei, publicado este jueves en el Boletín Oficial, modificó entre tantas medidas, el marco regulatorio de la medicina prepaga, afectando a las obras sociales y a todo el sistema de salud, incluyendo también la provisión y prescripción de medicamentos.
Entre los cambios se encuentran la liberación de los precios de cuotas de las prepagas, detrás de la falsa teoría, “la liberalización de precios permitirá aumentar la competitividad del sistema”. Argumento rápidamente desbaratado cuando las grandes empresas que concentran el 90 % de los asociados acordaron incrementar sus cuotas en alrededor de un 40 % en un claro proceso de carterización, advirtiendo además, que esta es la primera de “próximas actualizaciones”.
Los dos capítulos dedicados en el decretazo al sistema de salud anuncian que el Estado pierde la potestad de “revisar los valores de las cuotas y sus modificaciones”, pero además de no poder regular los precios, la autoridad de aplicación no podrá fijar más los aranceles mínimos obligatorios ni regular los modelos de contratos. Estos aspectos son particularmente graves, entre otras razones porque los aumentos pueden ser discriminatorios para beneficiarios de mayor edad, o con enfermedades crónicas a quienes, por costo y riesgos, las empresas siempre tienen particular intención de que abandonen su cartera de clientes.
Claudio Belocopitt, el multimillonario dueño de Swiss Medical (además de medios de comunicación y una riqueza incrementada a partir de dudosas gestiones offshore), vocero permanente del sector empresario, mientras tanto, hace un paseo por radios y canales de tv expresando lo que es su costumbre y tratando de demostrar el estado catastrófico del sistema privado de salud, al mismo tiempo en que se niegan a abrir sus balances, aumentan sus inversiones comprando nuevas clínicas y sanatorios cuando simultáneamente crece de manera exponencial las fortunas personales de sus empresarios más representativos (Leal de Medicus, Piva de Medifé, Villa Larraudet Omint, Fraomeni Galeno) quienes escalan puestos en el ranking de los millonarios del país. Por eso es que debemos comprender que el negocio privado de salud, es básicamente un negocio financiero, no de servicios, las prepagas pagan normalmente a 90 o 120 días los costos de prestación, descargando el peso inflacionario entre sus asociados, los profesionales que ven pauperizados sus ingresos junto al resto de los trabajadores del sector a los que condenan con sueldos de miseria.
Es así que , a modo de ejemplo, el grupo Omint (además de la prepaga, dueños de las clínicas Bazterrica, Del Sol y Santa Isabel) se resistieron a pagar los aumentos acordados en la última paritaria ó el intento de cierre de la Clínica De Los Virreyes , que puso en riesgo la continuidad laboral de 400 trabajadores en el mismo momento que se denuncia la falta de camas para internación en Capital Federal.
Los empresarios, como queda demostrado en los ejemplos anteriores, se sientan en en muchas oportunidades, a los dos lados del mostrador, como dueños de las prepagas y a su vez como propietarios de clínicas y sanatorios, de manera que en muchos de los casos se pagan a si mismo los gastos que produce la atención de sus propios afiliados.
Observemos además que, pese al llanto permanente de Belocopitt y compañía, por ejemplo desde la asociación de Defensa de Usuarios y Consumidores (Deuco) se advierte que “si sumamos los últimos diez años, siempre la medicina prepaga aumentó más que el IPC, el IPC entre 2012 y 2022 aumentó 2.467 por ciento y las prepagas aumentaron 3.544 por ciento en ese período” echando por tierra así, el principal y falso argumento de las empresas.
Este panorama hace prever que el brutal ajuste del Gobierno de Milei, provocará, ante la imposibilidad de pagar las nuevas cuotas, una fuga importante de beneficiarios que recaerán necesariamente sobre el sector público ya devastado, como incluso manifestó por ejemplo, recientemente, el propio ministro de salud de la provincia de Salta, Federico Mangione:“Se imaginarán, que, teniendo el mismo presupuesto y 35% más de pacientes que caerán de las prepagas y deberán serán atendidos en la salud pública, voy advirtiendo que los hospitales, que hoy están abarrotados, tendrán demandas superiores en 3 veces a las actuales por lo tanto la capacidad operativa estará superada”.
Por supuesto que estas medidas tienen varios objetivos: aumentar las cuotas, “limpiar su cartera” de aquellos afiliados que generan mas gastos por cronicidades o edad, acceder a posibles asociados de poder adquisitivo medio / medio alto sin intermediación de las obras sociales de origen sindical y además advertir en las negociaciones paritarias acerca de la supuesta imposibilidad de reconocer aumentos salariales que compensen el ritmo inflacionario a sus empleados, contando para ello con la complicidad de los dirigentes sindicales que en muchos casos también son propietarios de empresas de Medicina Prepaga. (UPCN de Andrés Rodrigues dueños de Accord y los Sanatorios Anchorena, entre otros).
Los cambios en el sistema de aportes que se proponen, también persiguen el objetivo de aumentar la ganancia empresaria, puesto que hasta ahora los aportes y contribuciones debían pasar por una obra social seleccionada por la prepaga que actuaba como intermediaria y que se quedaba con un porcentaje de los aportes antes de girar los fondos, para tomar a cargo prestaciones que las prepagas no brindan (prótesis, subsidios por discapacidad, medicamentos de alto costo.) el cual promedia el 7%. Con el DNU, los aportes se podrán destinar de forma directa a las firmas privadas que seleccionaran entonces a los posibles beneficiarios que garanticen mayor rentabilidad (jóvenes y sanos).
Finalmente, en el capítulo medicamentos el Gobierno autorizó la venta de medicamentos de venta libre en otros comercios que no sean farmacias, considerando como una actividad comercial más el rol de las antiguas farmacias. Por eso se autoriza la venta de los medicamentos que no requieran de receta en cualquier local comercial sin intermediación de un profesional farmacéutico poniendo en riesgo la salud de la población al facilitar el sobre consumo y sin controles de trazabilidad ni vigencia.
Además autoriza a las grandes cadenas, como Farmacity (propiedad de Mario Quintana ex funcionario del gobierno de Macri) a instalarse en dónde crea conveniente sin ningún tipo de protección para el farmacéutico de barrio.
Hay cura para el sistema de Salud
Por eso como venimos sosteniendo desde el MST, la lista Bordó de sanidad, la agrupación de licenciados en enfermería (ALE) y la agrupación de médicos socialistas, entre otros, hay una salida y es peleando por un sistema de salud único, gratuito, universal, centralizado bajo la órbita del Estado, con aumento de presupuesto urgente y gestionado por los propios trabajadores de la salud, expertos y usuarios, que abarque además la provisión gratuita de medicamentos a partir de la fabricación de los mismos, desde empresas estatales, desbaratando así el negocio especulativo de laboratorios y droguerías.
En un sistema de salud de este tipo podríamos debatir y tomar las decisiones sobre qué, cómo y dónde poner los recursos necesarios para los problemas más urgentes de la población. También se podría lograr una mejor coordinación entre todos los sectores involucrados. Esto va de la mano de cuestionar el lucro de los empresarios, que, junto al estado ausente y la complicidad sindical, gestiona y profundiza la miseria. Para lograr que el acceso a la salud sea efectivo y no obedezca a la lógica de las ganancias capitalistas, es necesario cambiar todo, y en esa lucha estamos comprometidos; el sistema de salud tiene cura solo de la mano de los trabajadores y usuarios.
Alberto González