Artículo publicado originalmente en el número 863 de la revista impresa Alternativa Socialista.
La aprobación de la reforma laboral impulsada por el gobierno de Javier Milei no es algo aislado ni un cambio en aspectos parciales de las leyes vigentes. Al contrario. Estamos ante una verdadera contrarreforma en toda la línea que intenta barrer conquistas laborales y sociales que arrancamos con más de un siglo de luchas.
El gobierno tuvo el visto bueno del FMI, a través de su vocera Julie Kozack, en su habitual conferencia desde Washington. Aunque es importante agregar que debió alertar sobre la necesidad de “mitigar adecuadamente los costos de transición asociados a estas reformas”. Abren el paraguas porque ese apoyo llegaba el jueves 19F, cuando protagonizábamos un parazo nacional con movilización al Congreso.
Fue el cuarto paro que la CGT se vio obligada a convocar en estos dos años de gobierno de ultraderecha. Fue masivo, y materializó tanto la expresión del rechazo creciente como una mayor claridad sobre lo perverso de los cambios que quieren introducir.
El escándalo del Artículo 44 para pagar solo el 50% del salario en licencias por enfermedad o accidente contribuyó a que la clase trabajadora, sectores medios y populares tomaran más conciencia de que nada bueno había. El gobierno se había endulzado y quiso ir por más, se pavoneó y pagó un costo porque tuvo que retirar ese artículo, si no, la ley no salía.
Aunque todo el proyecto es negativo. No hay un solo artículo que beneficie a las y los trabajadores. Eso se fue haciendo más carne, y por esa razón el paro fue masivo. Pero la CGT lo llamó tarde y sin continuidad. Se necesita llamar a una movilización con centenares de miles frente al Congreso, dando pelea en un plan de lucha decidido democráticamente hasta que la ley caiga. En cambio, ellos a lo sumo plantean ir a la justicia para intentar frenarlo, porque su centro siempre fue negociar y asegurarse la plata de las cuotas sindicales y de las obras sociales.
Un triunfo político con responsabilidades compartidas
Más allá del parazo del 19F, que aunque positivo, fue tardío sin movilización ni continuidad, arrancado por la presión de abajo gracias a la crisis que recorre a la burocracia, la cúpula de la CGT que responde al PJ aparece como responsable de la mayor entrega en décadas. También es responsable el conjunto de la oposición política y sindical: una parte le da quórum y votos a Milei, incluyendo al PJ, lo que fue imprescindible para esta aprobación exprés, y otra parte del peronismo se opone “de pico”, sin convocar a luchar para parar al gobierno.
En esta coyuntura vivimos una falta de procesos de desborde a las direcciones. En las luchas no hay una irrupción, extendida y creciente, que presione. De todas formas, sí hay conflictos importantes como el del Garrahan, FATE y otros que sin duda debemos apoyar.
La claudicación de la burocracia y el avance oficial pegan en el ánimo de sectores de vanguardia y las bases. Golpea en su disposición para salir a pelear al no ver con quién hacerlo. En medio de un giro a derecha y atraso en la conciencia de sectores que compran el verso libertario, no hay un polo que se le oponga, que convoque, organice y se juegue a fondo por poner a cientos de miles en las calles como parte de un plan de lucha, con fechas claras, medidas concretas, trabajadas en la base, poniendo todo lo necesario para asegurarlas. Al ir a menos la burocracia y la supuesta oposición, el mileísmo llega mejor y aprovecha para avanzar.
El gobierno se apuró a votar la reforma de manera exprés en Diputados, sabiendo que el rechazo era creciente. Aunque esa sesión tampoco fue un “trámite”, al contrario. Se dio en un clima de tensión política, con cruces en el recinto y movilizaciones afuera, más un parazo evidente que el gobierno no pudo cuestionar.
El oficialismo debió negociar y comprar votos para lograr un quorum ajustado: 130 de 129 legisladores necesarios. Para eso fue clave el PJ, porque sin quorum no había sesión y sin sesión no había ley… Ese quorum lo consiguieron gracias a diputados que responden a gobernadores del peronismo: tres diputados de Tucumán, tres de Catamarca y tres de Salta, más uno de Santa Cruz. Ese respaldo del PJ a la ultraderecha que dicen “combatir” es escandaloso y muestra una fuerza en crisis, fragmentada y sin conducción.
Si bien Cristina está distanciada de esos gobernantes, fue “atronador” su silencio ante la reforma. Su hijo Máximo, que todavía preside al poderoso PJ bonaerense, en su discurso en Diputados ni habló de movilización ni paro y menos de algún plan de lucha. Lo más “fuerte” que planteó fue: “Me opongo a esta ley porque va a fracasar”.
Es que el peronismo no tiene un plan alternativo al capitalismo que recorta derechos para intentar salir de la crisis sistémica que se vive a nivel internacional desde el 2008. ¿Acaso plantean un plan distinto que responda al pueblo trabajador? Para nada, se adaptan como corriente que se dice “reformista”, pero que en última instancia es defensora del capital, que no tiene ningún “rostro humano”.
¿Hay salida ante estos avances y crisis?
Algunos en el PJ critican discursivamente a Milei, otros callan, como Cristina o Massa, pero todos dejan que la ultraderecha haga el “trabajo sucio” de la reconfiguración del capitalismo semicolonial y dependiente de nuestro país. Y apuestan a que la bronca se acumule para canalizarla electoralmente en 2027 para “volver”. No son alternativa, ni como oficialismo ni como oposición.
A su manera lo reconoció Máximo al hablar en Diputados: “Este gobierno ha tenido todas las leyes que ha querido”. Lo que no dijo es que eso ocurre gracias al voto de buena parte de su partido y de Unión por la Patria. Una actitud que invalida al PJ como parte de la salida o solución a esta crisis.
A miles de honestos peronistas y jóvenes desencantados con el PJ: los llamamos a construir algo nuevo junto a la izquierda. No van más los planteos como el de Grabois para seguir dando una pelea estéril desde “adentro”, que solo conduce a nuevas frustraciones. Desde el MST les decimos que es tiempo de poner en pie una nueva alternativa política, anticapitalista y socialista, que parta del programa transformador del FIT Unidad.
Las falsas conciencias que repiten Milei y el FMI
El relato del gobierno, el FMI y sus cómplices se desmiente solo. Esta ley no reduce la informalidad, al contrario, se trata de una tendencia mundial del capitalismo en decadencia. Ya se aplicaron leyes similares en países con “estabilidad” como Perú, Ecuador o Paraguay, donde sin embargo hay niveles altísimos de trabajo informal. La ley no implica ninguna “modernización”, solo volver al pasado, al siglo XIX cuando no había derechos laborales ni sociales.
El apoyo del FMI apunta a instalar una falsa conciencia repetida por todos los gobiernos que propusieron estas contrarreformas al decir que estaría orientada a reducir la informalidad y a “sostener la creación de puestos de trabajo”. Es todo verso y la vocera del Fondo lo sabe.
Con la Ley Bases y el DNU 70/23 mediante, hubo 294.384 despidos desde noviembre de 2023, en su mayoría privados (SIPA), y cerraron 21.938 empresas. Relato y realidad: cierra una empresa por hora y hay 380 despidos al día.
Hablan con hipocresía sobre una juventud que “no conoce derechos”, pero con esta reforma afectan tanto a trabajadores formales como a informales, a quien tenga antigüedad como a quien recién ingresa, al que está bajo convenio o quien trabaje en plataformas. Porque bajan el piso de derechos a los que aspirar y reclamar.
Algunos de los cambios más críticos y sus consecuencias
Esta ley apunta a redefinir las relaciones de fuerza entre empresas capitalistas, gobiernos y trabajadores, a favor de las patronales. Y consolidar un modelo donde solo ganan el agro, la megaminería, el petróleo y la timba financiera, sectores que no crean mayores puestos de trabajo.
Los siguientes son algunos de los cambios que plantea la contrarreforma votada.
Indemnizaciones y Fondo de Asistencia Laboral (FAL): abaratar despidos
Uno de los núcleos es cambiar el régimen de indemnización por despido previsto en la Ley de Contrato de Trabajo 20.744. Reducen el cálculo y monto indemnizatorio: el trabajador cobrará menos al excluirse el aguinaldo, vacaciones y otras sumas no mensuales. Además, las sentencias laborales podrán pagarse en hasta 6 cuotas (12 en pymes), perdiendo ante la inflación.
Se crea el Fondo de Asistencia Laboral (FAL) que reemplaza el sistema tradicional y se financia con un aporte mensual del empleador: 1% del salario en grandes empresas (elevable al 1,5%) y 2,5% en pymes (elevable al 3%) para cubrir despidos. A su vez, reducen los aportes patronales en igual porcentaje, perjudicando al sistema previsional.
Con el FAL le roban U$S 3.000 millones por año al ANSES para que las empresas despidan gratis. Al haber menos plata, vendrán por la suba de la edad jubilatoria y las AFJP. Aunque el FAL es “optativo”, en un contexto laboral marcado por el desempleo y la desigualdad de poder, la patronal podrá imponerlo. El mensaje es claro: despedir será más fácil y más barato.
Banco de horas: flexibilización de la jornada hasta 12 h y pérdida salarial
Crean el “banco de horas”, permitiendo no pagar más las horas extra con recargo, sino compensarlas con “descansos” futuros. Hasta hoy, la Ley 11.544 fija una jornada máxima de 8 horas diarias o 48 semanales, con recargo del 50% en horas extra en días hábiles y del 100% en domingos y feriados. Con este banco de horas, la empresa puede hacerte “acumular” horas y compensarlas en algún momento, sin pagar más. Es decir, menor ingreso mensual: el trabajador pierde el adicional por hora extra. Mayor flexibilidad: la empresa puede extender las jornadas cuando haya picos de producción sin pagar extras. Intensifica el trabajo: aunque haya descansos mínimos formales (12 horas entre jornadas), pueden concentrar la carga horaria y, en un mercado precarizado, el “acuerdo voluntario” es imposición.
Nuestro proyecto, en cambio, plantea fijar la jornada máxima en 6 horas diarias y 30 semanales, sin rebaja salarial. La reducción de la jornada es una medida histórica del movimiento obrero. Permite repartir las horas de trabajo disponibles, crear nuevos puestos y mejorar la calidad de vida. Ya en múltiples países se debate en ese sentido, mientras aquí pretenden retroceder de siglo.
Vacaciones fraccionadas: el descanso bajo lógica empresarial
Cambia el régimen de vacaciones al permitir fraccionarlas en períodos de 7 días (el mínimo era de 14 días corridos). Habrá mayor fragmentación del descanso y se dificultará la planificación familiar. Reduce el tiempo continuo de recuperación física y mental y permite a las empresas adaptar el descanso del trabajador a sus necesidades productivas.
Fin de la ultraactividad y negociación a la baja
Se elimina el principio de ultraactividad: vencido un convenio colectivo, sus cláusulas dejan de regir si no se firma uno nuevo. Además, permite que convenios de empresa prevalezcan sobre convenios de rama, aun cuando sean menos favorables. Debilita la negociación colectiva, fragmenta la fuerza de los trabajadores, abre la puerta a negociar a la baja empresa por empresa. Esto es un cambio profundo en la relación de fuerzas, donde la negociación deja de ser un piso garantizado y pasa a depender de la correlación local, siempre desfavorable.
Salarios en dólares, especie y “negociación dinámica”
Se habilita el pago en moneda extranjera o en especie y se introduce la “negociación dinámica”, que permite acordar bonos atados a la productividad. Lo que implica diferenciación salarial, competencia entre trabajadores, y sustitución de aumentos generales por premios condicionados. El salario se convierte en una variable sujeta a objetivos empresariales.
Frente a la pérdida del poder adquisitivo proponemos un aumento general de salarios, jubilaciones y programas sociales al valor de la canasta familiar, con actualización automática mensual por la inflación. Además, necesitamos un seguro universal al desempleo equivalente a la canasta básica.
Hay que restituir los aportes patronales eliminados por los gobiernos anteriores y defender los regímenes especiales de docentes, salud, judiciales y tareas insalubres. Planteamos el 82% móvil real para jubilados y el control democrático de los fondos previsionales. Mientras Milei ajusta a jubilados para cumplir con el FMI, nosotros planteamos que los recursos de la seguridad social estén bajo control de trabajadores y jubilados.
Derecho a huelga restringido: ampliación de servicios esenciales
Con la nueva ley se amplía la categoría de “servicios esenciales” (75% de prestación mínima) y se crea la de “importancia trascendental” (50%). Se incorporan sectores como educación, telecomunicaciones, transporte, bancos, industria alimenticia, comercio electrónico, entre otros. Una huelga con 50% o 75% de funcionamiento obligado pierde su fuerza o razón de ser. De esta forma se limita la capacidad real de presión y se condiciona el derecho constitucional a huelga. Es una herramienta para disciplinar.
Asambleas con autorización, descuentos y sanciones a la protesta
Modifican la Ley de Asociaciones Sindicales: las asambleas no pueden afectar el “normal desarrollo” laboral y requieren autorización de la patronal. Y si un trabajador asiste, el tiempo no se paga. Además, se tipifican a los bloqueos y otras protestas como infracciones muy graves. También se habilita la personería de sindicatos por empresa. Todo esto fragmenta la representación, debilita la organización colectiva y limita la democracia y el reclamo gremial.
Plataformas: precarización consolidada
Los trabajadores de plataformas quedan expresamente excluidos de la ley. Se consolida un esquema sin derechos laborales. Las empresas de plataformas son patronales que explotan trabajo sin reconocer derechos. Nuestra propuesta es establecer la relación de dependencia, garantizar una jornada reducida, salario mínimo equivalente a la canasta familiar, cobertura social, provisión de herramientas y derecho a sindicalización. Es terminar con la ficción del “emprendedor independiente” que solo encubre precarización.
Patronales envalentonadas: FATE, Doctor Ahorro, textil Alal
Incluso antes de aprobarse, las empresas ya avanzan. En FATE, del grupo de Madanes Quintanilla, se presiona con el cierre y una reconversión para imponer nuevas condiciones y reemplazar trabajadores, como en los ’90. La cadena Doctor Ahorro cerró sucursales y ofreció solo el 50% de la indemnización. Lo mismo la fábrica de hilados Alal que cerró en Chaco y Corrientes, tenía 111 años y dejó 260 empleados sin trabajo, pero quieren pagar solo la mitad de la indemnización que corresponde. El nuevo clima político habilita ofensivas empresariales que buscan imponer de hecho lo que la ley plantea.
Por eso, ante empresarios que argumenten pérdidas en las ventas, baja producción o inicien un procedimiento de crisis, reclamamos la apertura de los libros contables y el acceso a toda la información bancaria o comercial a una “Comisión de Control” de sus trabajadores y delegados electos por asamblea del personal.
Ante cierres, quiebras o despidos masivos, planteamos estatizar o provincializar la empresa, como hacemos en FATE, reclamando al gobierno de Kicillof que garantice esta salida. Para poner la empresa a producir bajo control de sus trabajadores, garantizando la continuidad de la producción y los puestos de trabajo, al servicio de la provincia y el pueblo trabajador.
Nuestra alternativa: Emergencia Laboral para crear 2 millones de empleos
Desde el MST en el Frente de Izquierda Unidad, con Vilma Ripoll y el apoyo de las demás bancas, presentamos un proyecto integral de Emergencia Laboral para crear trabajo genuino. Proponemos:
- Reducción de la jornada a 6 horas, 5 días, sin rebaja salarial.
- Reparto de horas de trabajo para generar empleo.
- Prohibición de despidos y suspensiones.
- Pase a planta permanente de precarizados.
- Plan masivo de obras públicas bajo control social.
- Salarios, jubilaciones y programas sociales que cubran la canasta familiar.
- Ajuste automático por inflación.
- Impuesto permanente a grandes fortunas.
- No pago de la deuda al FMI.
Frente a esta nueva oleada anti obrera, nuestra propuesta es declarar la Emergencia Laboral para acabar con la desocupación, la informalidad y la precarización que afectan a casi la mitad de la clase trabajadora.
La historia es contundente: desde la dictadura de Videla y Martínez de Hoz hasta el gobierno de Milei, pasando por Menem, de la Rúa y Macri, cada intento de avanzar con esta supuesta “modernización” laboral incrementó la informalidad y debilitó la negociación colectiva. La experiencia demuestra que flexibilizar no genera empleo: abarata el despido, reduce salarios y multiplica la inestabilidad.
Por eso levantamos medidas muy concretas para garantizar trabajo genuino, estable y con todos los derechos, priorizando a jóvenes y mujeres, quienes encabezan los índices de precarización. Para eso llamamos a luchar por derogar todas las normas flexibilizadoras y la restitución plena de la Ley de Contrato de Trabajo de 1974, junto con la vigencia irrestricta de la ultraactividad de los convenios colectivos, entre otras medidas.
Cómo enfrentarla. Una salida obrera y popular
Si bien la ley fue aprobada, su aplicación concreta dependerá de la resistencia en cada lugar de trabajo. Debemos impulsar asambleas, fortalecer las comisiones internas y los cuerpos de delegados, bancar a los nuevos activistas y luchadores, apoyar, unir y coordinar cada conflicto. Exigir a las centrales sindicales que convoquen a un nuevo paro activo nacional de 36 horas y un verdadero plan de lucha hasta enterrar esta reforma y terminar con todo el ajuste y represión.
Solo con organización, unidad y un programa alternativo podremos derrotar esta contrarreforma. Luchamos también por una nueva Central sindical, democrática, donde la base decida todo, independiente de los gobiernos, el Estado y las patronales y de lucha. Necesitamos una nueva alternativa política junto a la izquierda.
El proyecto de Milei es la versión más agresiva de una estrategia histórica: descargar la crisis sobre la clase trabajadora para garantizar ganancias y pago de deuda. Cada reforma flexibilizadora prometió formalidad, pero dejó más precarización. La Ley de Emergencia Laboral que proponemos es una herramienta para que la crisis la paguen quienes la generaron y para abrir paso a un plan económico al servicio de las mayorías trabajadoras. Porque derechos no sobran: faltan. Y se conquistan luchando.
