A escasos días de haber asumido como el nuevo ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques, personaje elegido directamente por Karina Milei, comenzó con el envío masivo de pliegos para completar los cientos de vacantes existentes entre los magistrados, fiscales y defensores de todo el país.
Esta movida inaugura una acción inédita en lo que va de la gestión libertaria. Durante estos más de dos años de gobierno, en ningún momento se había logrado destrabar la discusión sobre las designaciones para poder normalizar el funcionamiento del universo judicial. Ahora la pelota pasa al Senado, que deberá poner en debate las propuestas giradas por el flamante ministro bajo las nuevas reglas de publicidad y transparencia recientemente aprobadas.
Este lunes el ministro envió una primera tanda de 52 pliegos a la Cámara Alta con el objetivo de cubrir juzgados, fiscalías y defensorías en todo el territorio nacional. Las vacantes que buscan llenarse atraviesan los fueros penales, penal económico, civil, comercial, contencioso administrativo y de la seguridad social. En esta misma remesa inicial también se incorporaron las propuestas para delegar presidente, vicepresidente y vocales del directorio del Enargas, postulando la renovación del mandato del actual interventor Néstor Laboglia y la designación de Vicente Serra como vicepresidente.
La intención oficial es acelerar los plazos para resolver cuanto antes este vacío histórico y en los próximos días se espera el ingreso de una decena adicional de expedientes para completar una primera etapa de 62 candidaturas.
Una red judicial a la medida del ajuste y la impunidad
En este gobierno ninguna decisión administrativa resulta inocente, ya que todas estas maniobras sirven como fachada para encubrir oscuros intereses políticos y garantizar un constante intercambio de favores. A través de este movimiento, Mahiques comienza a tejer una red propia en el Poder Judicial de todo el país que responda directamente a las necesidades del poder de turno. Por este motivo saltan a la vista pliegos que buscan enquistar aún más a la histórica casta familiar que domina los tribunales. El caso más grosero es la postulación de Emilio Rosatti, el propio hijo del presidente de la Corte Suprema Horacio Rosatti, como nombre elegido para integrar el estratégico Tribunal Federal de Juicio de Santa Fe. Los tribunales orales son, en definitiva, los que terminan dictando las sentencias y condenas definitivas en las causas más complejas.
Otro de los nombramientos que genera enorme polémica es el de María Julia Sosa, actual secretaria del juzgado de Julián Ercolini, un juez clave en el armado de causas de Comodoro Py. Ercolini es el magistrado que procesó a Cristina Kirchner en la causa Vialidad y Hotesur, sobreseyó a los directivos de Clarín y La Nación por el caso Papel Prensa, ordenó la detención de Cristóbal López y procesó a Diego Lagomarsino en el caso Nisman. Repasar este historial sirve como muestra perfecta del color ideológico con el que Mahiques pretende seguir pintando al Poder Judicial. Queda clarísimo que esta facción de jueces opera como el brazo legal de los sectores concentrados para garantizar el saqueo y resguardar por completo a las patronales.
Dentro de esta gigantesca tanda de nombramientos también aparece el nombre de Ana María Cristina Juan, actual jueza de primera instancia en Hurlingham y esposa del juez federal Marcelo Martínez de Giorgi. Este dato no es menor, ya que Martínez de Giorgi tiene a su cargo la investigación por la presunta megaestafa vinculada a la criptomoneda $LIBRA, un escándalo que salpica de lleno a Javier y Karina Milei.
Pero la frutilla del postre de este escandaloso festival de acomodos es la postulación del propio padre del ministro. Entre los expedientes enviados se encuentra el pedido de prórroga excepcional para el juez de Casación Carlos “Coco” Mahiques. Este magistrado, que ingresó a ese tribunal por la ventana durante el macrismo, ahora consiguió que Milei pida su continuidad por otros cinco años en el cargo tras cumplir los 75 años de edad que marcan su jubilación obligatoria.
Terminar con la casta judicial y democratizar la justicia
La evidencia demuestra de manera abrumadora que el gobierno de Javier Milei, a través de los buenos oficios de Mahiques, empieza a estructurar un Poder Judicial que le responda incondicionalmente. Con un Jefe de Gabinete como Manuel Adorni imputado por enriquecimiento ilícito y el binomio Mieli apuntado como principal responsable de la criptoestafa $LIBRA, resulta lógico que el oficialismo busque devolver favores para capear estas tormentas que amenazan con hundir su proyecto político. Esta necesidad de blindaje adquiere mucha más relevancia ante la enorme crisis económica que destruye los ingresos de la clase trabajadora. Pero el gobierno no solo necesita impunidad para sus actos de corrupción, también precisa armarse judicialmente para defender la catarata de reformas reaccionarias que viene impulsando. Los frenos que viene recibiendo la reforma laboral esclavista encienden las alarmas en la Casa Rosada y la designación de nuevos jueces afines funciona como un ejército de choque para defender las políticas de ajuste y garantizar que los jerarcas de este poder continúen completamente alineados.
Frente a este escenario de transas a espaldas del pueblo, resulta evidente que la Justicia no se arregla con simples reformas superficiales ni se puede confiar en que una medida cautelar frenará definitivamente el plan motosierra. Para dejar de tener una Justicia adicta al poder de turno y al capital hay que romper de raíz con la lógica corporativa.
Ninguna reforma cuestionará los enormes privilegios de la casta de jueces y fiscales, ni sus estrechos vínculos con el poder político, ni su perspectiva patriarcal, si no se avanza hacia la elección directa de todos los magistrados por medio del voto popular. Los mandatos deben dejar de ser vitalicios para pasar a tener un límite temporal, eliminando todos sus privilegios salariales y estableciendo la revocabilidad inmediata de sus cargos si incumplen con sus deberes.
Para lograr democratizar verdaderamente el sistema judicial es urgente implementar los juicios por jurados populares con participación vecinal en todo el país. Y para combatir a fondo las causas de corrupción política y empresarial, está demostrado que este Poder Judicial, con el entramado de favores que hemos descripto, jamás investigará en forma imparcial. Por eso proponemos conformar una comisión investigadora independiente, integrada por personalidades intachables y referentes de derechos humanos con plenos poderes para actuar en busca de la verdad.
Toda esta salida de fondo para construir una Justicia genuinamente democrática y terminar con los fallos antiobreros requiere ir mucho más a la raíz del problema. Todo este proceso debe pensarse como parte de una reforma política global en el marco de una transformación socialista del país, que es la única manera de terminar con esta casta privilegiada y lograr, mediante la movilización permanente de la clase trabajadora, torcerle definitivamente el brazo al gobierno ajustador.
