El Juzgado Federal en lo Contencioso Administrativo Nº 2 emitió una sentencia, ordenando suspender las clases presenciales en la Ciudad de Buenos Aires. El fallo declaró la incompetencia de la justicia porteña para definir este caso y dispone “su remisión a la Corte Suprema de Justicia de la Nación por la vía originaria” (ver aquí) para que se resuelva.
Ordena “dejar sin efecto la resolución cautelar dictada el 18 de abril” y “hacer saber al Gobierno de la Ciudad que deberá abstenerse de aplicar y/o ejecutar la medida allí ordenada”. En la que se había planteado la posibilidad de ignorar el DNU del gobierno nacional y desconocer la necesaria suspensión provisoria de la presencialidad, más allá de las limitaciones que señalamos a cómo se la dispuso.
Esta medida implica un nuevo golpe y fracaso del gobierno de Larreta y su ministra Acuña, junto a los sectores privatistas que promueven una perversa presencialidad. El masivo paro docente, con el apoyo de estudiantes, familias y la comunidad ya había marcado su fracaso.
Este fallo implica un golpe, pero es a la vez parte del circo y pelea judicial. Ya que ni Larreta ni Alberto Fernández se plantean aumentar de inmediato el Presupuesto educativo en la Ciudad y también en el país, al 10% del PBI. Para garantizar un verdadero aumento salarial a la docencia y trabajadores de la educación, junto a la inmediata entrega de dispositivos y conectividad gratuita para toda la matrícula educativa y docentes, entre otras medidas para que esta virtualidad provisoria no implique agrandar aún más la brecha educativa ni incrementar la cuenta de jóvenes ni-ni.
Se impone la necesidad de un Congreso Pedagógico Nacional resolutivo, porque los destinos y el sentido mismo de la educación no lo pueden definir ni los fallos judiciales ni los gobiernos del ajuste y la precarización que sirven al capital. Por una educación estatal para las mayorías, la lucha sigue.
Vanesa Gagliardi, Directiva de Ademys
Legisladora porteña electa del MST-FIT Unidad
Alternativa Docente, ANCLA