El martes 9 de noviembre, el Tribunal Oral en lo Criminal N° 5 de Lomas de Zamora dictó sentencia y condenó a Gabriel Guevara a prisión perpetua por el femicidio de Marcela Coronel.
Marcela trabajaba como enfermera en el Hospital Italiano y fue víctima de violencia de género por parte de quien fuera su pareja, durante varios años. El 28 de mayo de 2018, Gabriel Guevara le dio a Marcela tal golpiza que la dejó inconsciente. Con la víctima en total estado de indefensión, la asfixió.
Pudimos probar en el juicio que el femicida era un violento y abusivo, no sólo con Marcela sino también con otras mujeres, a las que acosaba sexualmente y violentaba si no accedían a complacer sus deseos de varón. Esa fatídica noche, el femicida volvía de una juerga, mientras Marcela se quedaba en la casa cuidando a la hija de ambos y realizando las tareas del hogar. Por testimonios e información recabada de los teléfonos celulares durante el juicio se supo que esa noche Marcela estaba decidida a dejarlo. Siguiendo el lema, desgraciadamente arraigado en estos machos violentos, o sos mía o de nadie, Gabriel Guevara la asesinó de la manera más brutal y violenta.
Gabriel contó con la ayuda de su hermano Pablo, de quien se comprobó que colaboró para encubrir el crimen limpiando la escena y llevándose a su sobrina Luciana, de 18 meses, para luego abandonarla en la calle.
La violencia patriarcal
Este caso evidenció elementos típicos del patriarcado: desigualdad de género y subestimación de las mujeres por el varón “superior”. Marcela, como tantas, tenía la doble carga de ser de cuidadora de su familia y, a la vez, trabajadora de la salud como enfermera.
La convicción del varón machista es que la mujer es un objeto de su propiedad, para satisfacer sus deseos sexuales, reproducir y sostener la familia. Por eso nuestras vidas como mujeres valen socialmente menos. Estos elementos, que están enquistados en esta sociedad capitalista, llevados a su máxima expresión originan la violencia de género. Y Marcela las sufrió todas.
En nuestro país hay un femicidio cada 28 o 30 horas. Pero no todos logran juicio y castigo con prisión perpetua como éste. Para ello fue clave la solidaridad con la familia de Marcela -su mamá María y su hermana Lorena- y la movilización por parte de sus compañeres del Hospital Italiano, con la comisión interna y la Agrupación Bordó que motorizaron cada acción, y también de Juntas y a la Izquierda y el MST con nuestra dirigente Vilma Ripoll.
Un paso en el camino de justicia
En este caso, desde el inicio tomó la causa la Unidad Fiscal de Investigación Nº 16, especializada en género. Su labor fue clave para recabar las pruebas que llevaron a enjuiciar y castigar a Gabriel Guevara. La fiscal de instrucción y su colaboradora actuaron en forma eficiente y trabajaron en equipo con el fiscal de juicio, siempre con perspectiva de género.
En ese marco, citamos el voto del juez Pedro Pianta: “La igualdad jurídica entre la mujer y el hombre no va a terminar con la opresión de aquella, mucho menos si pertenece a la clase oprimida. Y eso ocurre porque, sencillamente, esa tan declamada igualdad opera en una sociedad regida por múltiples antagonismos que sostienen al orden social imperante…” y cuestionó “la naturaleza de un orden social que se basa en la explotación y opresión de los vulnerables de todo orden. Esa es la razón esencial por la que la vida real ridiculiza cada vez con mayor y brutal elocuencia los preceptos de la ley. Es que, como lo expresa una brillante (y por eso ocultada) mujer, ‘la violencia no surge de un antagonismo entre el hombre y la mujer, sino del abismo social que separa a la clase de los explotados de la clase de los explotadores’[1]. Es ese, y no otro, el germen de todo género de atropello, opresión, violencia y crueldad. Incluso del que motivó la formación de la presente causa penal”.
Como abogadas de la familia Coronel, nos queda la satisfacción de haber logrado el máximo castigo que prevé el Código Penal para el femicida de Marcela, la prisión perpetua, pese al sabor amargo de la protección legal al hermano encubridor, que según la legislación actual no es punible.
Por supuesto, para prevenir y combatir la violencia de género hace falta la aplicación efectiva de la Ley de ESI y la Ley Micaela, aplicar perspectiva de género en todas las instancias judiciales, abrir más fiscalías de género y que el Estado brinde una asistencia integral a las víctimas que sufren estas violencias.
La solidaridad, la lucha y la movilización hicieron posible este veredicto. Apostamos para cambiar la realidad de las mujeres y las disidencias, en el camino de un cambio social de fondo para tirar abajo este sistema capitalista y patriarcal, origen de todas las violencias.
Claudia Leaños y Mariana Chiacchio, abogadas del CADHU-MST
[1] Rosa Luxemburgo; La mujer proletaria, marzo de 1914.