Bajo la dictadura genocida se produjeron cortes en el suministro de energía eléctrica en las localidades jujeñas de Libertador, Calilegua y El Talar.
Los apagones fueron perpetrados por la familia Blaquier, dueños del ingenio Ledesma, quienes en complicidad con las fuerzas armadas organizaron el secuestro y tortura de 400 personas, de las cuales 55 aún continúan desaparecidas.
Los empresarios azucareros aportaron listas negras de activistas sindicales, personal y los vehículos que usaron los milicos.
Carlos Pedro Blaquier y Alberto Lemos fueron procesados por estos crímenes en 2012. Sin embargo, la Cámara de Casación Penal, bajo el gobierno de Macri, los declaró seniles, con el aval posterior de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, bajo el gobierno de Alberto Fernández.
Blaquier murió impune y a Lemos, a este ritmo, le llegará primero la parca que la justicia.
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Sin lugar a dudas la fortuna obscena de los Blaquier tiene relación directa con la disciplina genocida que impusieron al activismo gremial en su fábrica y al reclamo por el derecho a la tierra en la región.
Los herederos de los Apagones, Morales, Juntos y el PJ, buscan apagar las protestas por el agua, los salarios y las libertades democráticas con una reaccionaria Reforma Constitucional.
Una pueblada heroica en Jujuy enciende los territorios donde antes hubo miedo. Abajo la Reforma, Arriba el Jujeñazo.