El fallo de la Corte de Apelaciones de Nueva York que anuló la condena por más de 16.000 millones de dólares contra la Argentina le dio al gobierno de Javier Milei algo que hoy necesita con urgencia: tiempo. Pero también dejó al descubierto una contradicción difícil de ocultar. Mientras celebran el resultado, los sectores de La Libertad Avanza que se autodenominan “las Fuerzas del Cielo” intentan recomponer su interna tras meses de fricciones.
La decisión judicial fue contundente: la Cámara estadounidense dejó sin efecto la sentencia de primera instancia que obligaba al país a pagar una suma equivalente a casi la mitad del presupuesto nacional.
Sin embargo, lejos de tratarse de un cierre definitivo, el propio fallo abre una nueva etapa del litigio y deja en claro que la disputa judicial todavía no terminó.
Un gobierno que celebró lo que antes criticaba
El dato político central no está en el tribunal, sino en la Casa Rosada. Durante años, Milei y buena parte de su espacio político atacaron la pseudo expropiación de YPF como un “robo” y responsabilizaron al Estado por el juicio. Ahora, tras la decisión de la Cámara, el oficialismo festeja una resolución que, en los hechos, valida los argumentos jurídicos utilizados por los gobiernos anteriores.
Incluso dirigentes opositores remarcaron la contradicción: el fallo se apoyó en interpretaciones del derecho argentino que coinciden con la defensa histórica del Estado nacional en el caso. Lo que el Gobierno presenta como una victoria propia es, en realidad, el resultado de una estrategia judicial sostenida durante más de una década y atravesando distintos gobiernos.
Alineamiento político y presión internacional
Durante el proceso, el gobierno libertario apostó a mostrar cercanía política con Estados Unidos y con los sectores financieros que impulsaron la demanda. La estrategia fue clara: alineamiento diplomático y discurso de subordinación económica para intentar reducir el impacto de una sentencia que podía convertirse en una bomba fiscal.
El problema es que ahora, con el fallo favorable, el oficialismo intenta presentarse como defensor del interés nacional después de meses de actuar como vocero del mercado y de los fondos que buscaban cobrar la condena.
Un respiro, no una victoria definitiva
Más allá de la celebración oficial, el fallo no cierra el conflicto. El propio tribunal dejó abierta la continuidad del proceso y los demandantes todavía pueden intentar nuevas apelaciones o estrategias judiciales para avanzar sobre el cobro.
En términos políticos, lo que ocurrió es otra cosa: el Gobierno ganó tiempo. Tiempo para que la presión financiera no estalle en medio del ajuste, tiempo para que la interna libertaria se reorganice y tiempo para que el relato oficial cambie de tono sin explicar por qué durante meses defendió exactamente lo contrario.
Un round que todavía no terminó
El gobierno obtiene una bocanada de aire luego de casi un mes sin poder explicar los vuelos y las propiedades de Adorni, y también después de un 24 de marzo masivo, que golpeó en Plaza de Mayo y en todo el país a las políticas de ajuste de Milei.
La imagen hoy, es la de un boxeador que celebra estar cerca de terminar un round donde no paro de ver manos. Marzo en el balance del gobierno fue un mes con saldo negativo.
Una disputa que trasciende lo legal
La causa por YPF se convirtió en uno de los mayores litigios financieros contra el Estado argentino en el exterior, pero también condensa una discusión mucho más profunda: la soberanía energética, el rol del Estado en sectores estratégicos y el poder del capital financiero en tribunales extranjeros.
Desde una perspectiva soberana, no hay autoridad alguna en un tribunal estadounidense para definir el destino de un recurso estratégico en nuestro país. YPF nunca debió estar —ni debería estar— en manos del capital extranjero.
Por eso, ante este nuevo capítulo, es necesario invertir la discusión. No se trata solo de defenderse en tribunales internacionales, sino de avanzar hacia una salida de fondo: la nacionalización completa de YPF, sin pago a los capitalistas. Una empresa 100% estatal, bajo control de sus trabajadores, técnicos y usuarios, con una planificación democrática de sus recursos, es la única garantía para que la energía esté al servicio de las mayorías y no de la ganancia de un puñado de grupos económicos, sean extranjeros o locales.
