Luego de la iniciativa de Alberto Fernández de lanzar un pedido de juicio político a la Suprema Corte, ahora esa petición será elevada por los diputados del Frente de Todos, en el comienzo de las sesiones extraordinarias fijadas para el 23 de este mes.
Ante esto, la oposición de Juntos por el Cambio amenaza con bloquear todos los proyectos de ley que lleguen a la Cámara Baja, hasta que se pare la ofensiva del gobierno contra la Corte. Mientras se desarrolla la pelea por arriba, Massa afila sus tijeras para seguir recortando prestaciones sociales y bajar el salario para cumplir, con menos dólares por una cosecha afectada por la sequía, con los pagos al FMI, los buitres privados y las tremendas metas de ajuste.
En ese sentido, este miércoles 11, se conoció la resolución del gobernante Frente de Todos, por el cual el pedido de juicio político contra el presidente de la Corte Suprema, Horacio Rosatti, y el resto de los integrantes del tribunal, será presentado por los legisladores de la coalición gobernante y no por el presidente, como se había planteado originalmente. Este cambio de táctica se debería a que esta maniobra política podría estirar, hasta en tres años, la vigencia del pedido de juicio, mientras que de mantenerse el formato original su alcance sería de tan sólo de un año.
Algunos analistas, sin embargo, señalan las dificultades para organizar el elenco oficial, cuyos miembros estarían ocupados en distintas roscas pre electorales en sus provincias y otros, como la diputada renunciante a la comisión, la massista Vanesa Massetani, tendrían reparos para llevar adelante esta tarea.
Por lo pronto, este miércoles empezó a funcionar de forma virtual, la reunión de los 16 legisladores oficialistas, que son una mayoría ajustada sobre los 31 que integran la Comisión de Juicio Político, con la presidencia de la diputada Carolina Gaillard, en la cual habría sonado muy fuerte la frase “Si alguno tiene dudas, que avise y lo reemplazamos”.
Es que, ante la falta de solo uno de sus integrantes del Frente de Todos a cualquiera de las dos reuniones semanales previstas, se producirá una automática pérdida de quórum por la negativa de la oposición. Y sin eso la Comisión no puede sesionar ni funcionar.
Los diputados oficialistas estarían evaluando incluir otras causales en el pedido de juicio político. Inicialmente Fernández había señalado la declaración de inconstitucionalidad, después de 15 años de vigencia, de la ley que rige la composición del Consejo de la Magistratura y el restablecimiento de la norma anterior derogada, por la cual Rosatti se ubicó como presidente del actual Consejo.
Además, el fallo por el cual se habilitó a favor de Larreta la restitución del aumento de los fondos coparticipables otorgados por Macri, suprimidos durante esta gestión por un decreto presidencial primero y por ley del Congreso después.
Entre las posibles causales para este juicio que se estarían barajando agregar, figuran la crítica por el voto favorable del juez Carlos Rosenckrantz a la ley del 2×1 que beneficiaba a los genocidas condenados. Y el caso que involucró a Juan Carlos Maqueda en la denuncia por corrupción en el manejo de la obra social del Poder Judicial. También se utilizarían los famosos chats del licenciado ministro de seguridad porteño, Marcelo D’Alessandro, que involucran a Silvio Robles, el principal operador y mano derecha del juez Rosatti.
En principio, no se levantarían cargos contra el cuarto integrante, Ricardo Lorenzetti, quien había sido acusado por Carrió de manejo irregular en la administración del Poder Judicial. Una brecha que buscaría ser aprovechada para intentar quebrar el frente único defensivo de la Corte.
Entre tanta denuncia y ventilación de trapitos sucios, salió a terciar el aspirante a la candidatura presidencial, el gobernador chaqueño Jorge Capitanich, señalando la responsabilidad del PJ en la aprobación de los pliegos de los hoy cuestionados jueces supremos, tres de los cuales son de origen pegotista: Rosatti, Rosenkrantz y Maqueda.
Todo esto es parte de la convulsionada interna, en la que solo 11 gobernadores apoyaron el pedido de juicio lanzado por Fernández, intentando disimular la responsabilidad del kirchnerismo, que también fue parte, en acuerdo total con la oposición de Cambiemos, de la formación de esta cuestionada Corte.
Es que, pese a las actuales diatribas de Cristina contra las mafias de la Justicia, lo cierto es que estos jueces, este sistema judicial, han sido amparados tanto por la derecha que hoy los defiende, como por el PJ y el kirchnerismo, a los que les han sido funcionales, como miembros de una casta privilegiada enemiga de los intereses y las demandas populares.
Los alfiles de Juntos por el Cambio plantean, en tanto, que van a dar pelea en la Comisión de Juicio Político y en una cerrada defensa de la casta judicial, bajo la supuesta defensa de la división de poderes que fija la Constitución, esgrime como su mejor argumento la ilegalidad de las filtraciones, denunciando –sin hacer ningún mea culpa por los espionajes de Macri- las escuchas ilegales que ahora benefician al gobierno.
Escuchas de un aparato de espionaje podrido, utilizado para espiar a las protestas populares y armar carpetas con que chantajear al adversario de turno.
Crisis del régimen y campaña electoral
La campaña electoral ya empezó. Mientras Alberto, con nuevo spot televisivo, postula su candidatura. La embestida contra este funesto sistema judicial, tiene un claro componente de disputa política electoral.
Durante los próximos cuatro meses, como se evalúa que duren los embates en la Comisión de Juicio Político, el Frente de Todos intentará esmerilar a los miembros de la Corte y también a la oposición que los defiende. Pero la iniciativa difícilmente podrá alcanzar el número necesario de dos tercios de los diputados en la Cámara, como para el inicio efectivo del juicio político al Tribunal Supremo.
En tanto, la paralización prometida del Congreso por parte de Juntos por el Cambio impedirá tratar proyectos que incluyan alguna cláusula de alivio al brutal ajuste en marcha, como la moratoria previsional que necesitan 800.000 trabajadores para poder jubilarse.
También dificultará la aprobación de proyectos que Massa necesita para completar sus tareas y cumplir las metas impuestas por el Fondo. Un listado que incluye el proyecto del blanqueo de capitales u otras leyes, para favorecer a distintos sectores empresarios que traigan los dólares que el ministro necesita para que le cierren las cuentas.
Hace falta otra justicia
Es necesario cambiar, como propone nuestro MST en el Frente de Izquierda Unidad, todo el sistema judicial. Como parte de un cambio profundo de todo el régimen político, funcional a la casta que nos gobierna. Esta Corte y el sistema judicial que preside, están al servicio de los intereses de los grandes capitalistas que dominan el país. De nada sirve cambiar unas figuritas quemadas por otras parecidas.
Hace falta elegir a los jueces y fiscales por el voto popular, en elecciones diferenciadas de las de cargos políticos, por mandatos cortos y removibles por el pueblo que los votó. Deben eliminarse sus privilegios, ganar como una directora de escuela, mandar a sus familias al hospital y la escuela públicas. Y deben generalizarse los juicios por jurados populares. Son nuestras propuestas para otra justicia.