La marcha de los miércoles frente al Congreso tiene algo de ritual. Desde comienzos de la década del 90, jubiladas y jubilados se reúnen de manera ininterrumpida para reclamar lo que les corresponde: aumentos urgentes de haberes que les permitan superar la línea de pobreza, garantía de acceso a medicamentos sin cargo y la defensa irrestricta de las moratorias previsionales, entre otras demandas. .
El miércoles 9 de julio una imagen condensó algo nuevo: un precario cartel, escrito a mano y sostenido por un jubilado, que leía “Jubis + Discas”. La escena mínima, casi doméstica, habla de algo más.
Neologismo: una nueva palabra empieza a circular
La palabra “disca” se repite y se replica, muchas veces sin saber con precisión de qué se trata. No es solo una abreviatura de “personas con discapacidad” (PCD), categoría consagrada por la Convención de la ONU en 2006. No es una simple “corrección política” para evitar el ya caduco vocablo “discapacitados”. Tampoco se trata de una moda ni de una estrategia comunicacional.
Lo “disca” viene a nombrar algo más: una identidad política en construcción. Llega para desbordar el marco de los derechos administrados por el Estado. Lo “disca” es incómodo en sí. Lo “disca” tensiona al poder político.
Durante décadas, la militancia en discapacidad estuvo cooptada por empresarios, técnicos, profesionales o familias. La persona con discapacidad quedaba desplazada, convertida en destinataria pasiva de decisiones ajenas.
Desde su fundación en diciembre de 2023, la Asamblea Discas en Lucha ha levantado la histórica consigna del movimiento “nada de nosotres sin nosotres”; una afirmación que dejó de ser una mera declaración de principios para convertirse en práctica política concreta. En ese gesto hay un desplazamiento clave: hoy, el movimiento disca no solo discute el modelo de prescindencia o el rehabilitador, sino que va incluso más allá del modelo social y del enfoque clásico de derechos. No porque los derechos no importen, sino porque no alcanzan.
Los Estados forman parte del andamiaje del capitalismo, un sistema que se organiza a través del descarte de personas y con la supuesta potestad de definir quién es digno de qué. Invalida otras cosmovisiones, otras formas de vida, otros modos de organizar lo común. En ese marco, la Asamblea Discas en Lucha no pide permiso para existir ni supedita la vida a la validación estatal, sino que instaura una nueva conceptualización acerca de la discapacidad basada en el modelo de autodeterminación. Vivir según las propias reglas y rechazar cualquier forma de condescendencia, asistencialismo o discriminación.
Milei, el Estado y el desprecio de clase
Contrario a lo que suele creerse, el desprecio hacia las PCD no es un rasgo exclusivo del gobierno de Javier Milei. El desprecio es más amplio, más estructural: es hacia el pueblo, hacia la clase trabajadora en su conjunto. En ese esquema, tanto las personas con discapacidad como otros sectores —jubilades y disidencias sexogenéricas, por ejemplo— reciben el impacto con mayor crudeza. El colectivo disca es parte de ese ataque, pero no el único.
Pensar el ajuste como “sectorial” conduce a luchas fragmentadas. Desde esa comprensión, la Asamblea Discas en Lucha se define como interseccional e intersectorial: busca tejer redes y alianzas para confrontar un sistema que viene por todes.
Bajo este contexto de ajuste —y tras una intensa militancia en condiciones políticas adversas—, en julio de 2025 la Ley 27.793 fue aprobada por el Congreso Nacional, declarando la emergencia en materia de discapacidad, con posibilidad de prórroga. Su propósito fue establecer un marco integral de protección de derechos y financiamiento para personas con discapacidad, en respuesta a la situación crítica del sector.
La medida fue vetada por el Poder Ejecutivo mediante el Decreto 534/25. Pero, lejos de retroceder, el movimiento disca redobló la presión política y social y, en septiembre de 2025, Diputados y Senadores ratificaron la ley. Por primera vez en 22 años, un veto presidencial fue anulado por el Congreso. No fue magia: fue la organización popular.
Al veto de la Ley de Emergencia en Discapacidad le siguió, a finales de 2025, la oficialización del cierre de la ANDIS (Agencia Nacional de Discapacidad) como organismo autónomo. Bajo el Decreto 942/2025, sus funciones fueron transferidas a una secretaría dentro del Ministerio de Salud. La medida fue interpretada de diversas maneras.
Hay quienes sostienen que el cierre de la ANDIS es consecuencia del escándalo de corrupción que tuvo a Karina Milei en el ojo del huracán. Otros lo leen como la represalia de un ego herido: un gobierno expuesto y debilitado por la organización popular. Y aunque es indudable que el movimiento disca ha dado una estocada certera, la lectura de la Asamblea es otra: el cierre de la ANDIS forma parte de un plan deliberado.
Primero, el organismo fue desplazado de la Secretaría General de la Presidencia a la Jefatura de Gabinete; luego, al Ministerio de Salud —que en campaña prometieron eliminar—; y finalmente, tras volver a encerrar la discapacidad en el “cuartito del fondo”, fue directamente eliminado.
Todo este accionar se inscribe en el marco de la sumisión y la entrega al Fondo Monetario Internacional (FMI), que retira al Estado de sus obligaciones en materia de seguridad social, salud, educación y cultura. Porque, reiteramos, el cierre de la ANDIS no es un hecho aislado.
El mismo mes en que el gobierno de Milei dispuso el cierre de la ANDIS, se hizo público el Decreto 941/2025, que introdujo modificaciones a la Ley de Inteligencia Nacional: una medida que amplía las facultades del sistema de inteligencia y habilita mayores márgenes para la vigilancia y el seguimiento de militantes y organizaciones políticas.
En paralelo —aun cuando el Congreso sancionó la Ley de Incremento Excepcional y de Emergencia a las Jubilaciones y Pensiones—, el Poder Ejecutivo vetó normativas que abordaban el deterioro acelerado de las condiciones de vida de las personas mayores. La misma suerte corrieron la Ley de Movilidad Jubilatoria y la Ley de Moratoria Previsional. Más recientemente, se impulsó una reforma laboral orientada a flexibilizar las condiciones de trabajo y reducir derechos.
Crisol de luchas
La Asamblea Discas en Lucha, distinguida el pasado 10 de diciembre con el premio del Servicio Paz y Justicia, parte de una certeza: defenderse no alcanza. Hay que tomar la delantera, establecer agendas propias desde las bases y actuar con estrategia y coordinación.
La articulación con jubilades no es casual. Los jubilados encarnan de manera ejemplar esa perspectiva: defienden su programa con constancia, lo sostienen con disciplina y no claudican, aun frente al recrudecimiento de la violencia institucional.
Las personas mayores, al igual que las personas con discapacidad, han sido sistemáticamente relegadas, subestimadas e invisibilizadas. Son objeto de dos formas de opresión estructural: el edadismo y el capacitismo.
Ambos mecanismos excluyen y controlan. Ambos sujetos sociales son reducidos a estereotipos de fragilidad o improductividad, lo que limita su autonomía, su participación y su valor social. Y se los expulsa del espacio público. A las personas mayores —con la excusa del cuidado— se las envía a asilos o se las relega a la reclusión doméstica; a las PCD —bajo la promesa de protección— se las confina en el hogar o se las institucionaliza en dispositivos de salud y/o educativos que, lejos de garantizar autonomía, reproducen dependencia, control y aislamiento social. Sin embargo, cuando estos colectivos rompen las restricciones que el sistema les impone y ganan la calle, su influencia resulta profunda y transformadora.
Los miércoles, por tanto, se consolidan como un espacio intergeneracional donde se gesta algo más grande: un frente que comprende que responder de manera atomizada solo beneficia al poder. Un proceso histórico no se anuncia, a veces desde un pequeño pedazo de cartón: “Jubis + Discas”.
No hay vuelta atrás.
