El fin de año pasado estuvo trazado por un nuevo robo a los jubilados. Como pasó en 2017 con el macrismo, el Congreso aprobó una nueva reforma previsional solo con el fin de ahorrarse casi un 1% del PBI para el presente 2021 y asegurar todas las divisas posibles para entregarlas al FMI. Así, el resultado del nuevo cálculo de haberes que ya no contempla la inflación como variable, sino que solo se basa en la combinación de un 50% de la recaudación de la ANSES y otro 50% de la variación salarial del RIPTE (Remuneración Imponible de Trabajadores Estables), ya atenta contra el ingreso de los jubilados. El 8,07% de aumento que se comenzará a percibir en marzo, elevando la mínima de $ 19.035 a $ 20.571, se colocará, según proyecciones de consultoras privadas, 3 o 4 puntos por debajo de la inflación acumulada.
Ante tal situación, el gobierno de Alberto Fernández decidió otorgar un bono a todos los jubilados que posean la mínima. Es decir, para todos aquellos que perciban para ese momento los magros $ 20.571, que significa un monto equivalente solo al 40% de la canasta básica oficial. Los ingresos de hambre -para peor- se mantendrían, al igual que resultaba con la fórmula de cálculo macrista, por tres meses. Por lo tanto, los jubilados sufrirán un desfasaje brutal de sus ingresos contra los aumentos constantes de precios, que el gobierno le avala a los empresarios sin problema alguno.
Fernanda Raverta, titular de la ANSES, declaró que “Nuestro desafío es que los jubilados puedan acceder a los mismos bienes o a más de lo que accedían el mes anterior”. Mantener la calidad de vida de los jubilados no entra en el horizonte político del Frente de Todos, las aspiraciones son solo a que más o menos puedan mantener un nivel de vida que viene continuamente degradado. Partiendo de los datos del Sistema Integrado (SIPA), se calcula que pensionados y jubilados durante el 2020 fueron ajustados en una cifra que se aproxima a los $ 100.000 millones. De haberse mantenido la movilidad durante el año pasado, en vez de suspenderla por aumentos decretados, los haberes habrían aumentado un 42%, ganándole por 6 puntos a la inflación anual. El resultado de la política aplicada por Fernández fue de solo un aumento entre el 24% (haber máximo) y 35,3% (haber mínimo), haciendo que algunas jubilaciones pierdan hasta en casi 9 puntos contra la inflación del 2020.
El panorama de esta situación empeora cuando se sabe que casi el 70% de los jubilados percibe la mínima y se encuentra subsumida en la pobreza. Hay salida a la pauperización de la vida de los jubilados, pero implica voluntad política que obligue a romper con las “obligaciones” que el gobierno piensa como indispensables, como pagar la deuda externa. Recomponer el 82% con respecto a un trabajador en la actualidad, conjuntamente con una actualización mensual por inflación, es la única forma de efectuar una verdadera reparación histórica de los jubilados.