Han pasado 29 años desde que José Luis Cabezas fue torturado, asesinado y quemado en Pinamar por hacer aquello para lo que había sido entrenado: fotografiar. Su cámara capturó la imagen que un empresario vinculado al menemismo no quería que existiera. Pero ese simple acto de ejercer su profesión le costó la vida.
El homenaje a su memoria, realizado el 29 de enero en la plaza San Martín, se extiende también a Pablo Grillo, otro fotorreportero que fue herido gravemente mientras cumplía su labor. Aunque sobrevivió, Grillo carga hasta hoy con las secuelas del ataque perpetrado por el gendarme Héctor Guerrero durante una protesta de jubilados frente al Congreso de la Nación.
Ambos casos comparten una constante siniestra: se convirtieron en blancos por documentar aquello que distintos gobiernos prefieren mantener en las sombras.
El crimen que marcó una época
José Luis Cabezas fue asesinado el 25 de enero de 1997 por haber fotografiado a Alfredo Yabrán, un empresario que mantenía vínculos estrechos con el gobierno de Carlos Menem y que se negaba sistemáticamente a ser retratado por los medios.
Para Cabezas, aquella foto era parte de su trabajo cotidiano de registrar la realidad, informar, cumplir con la función social del periodismo. Pero esa imagen fue vista como una afrenta imperdonable por quienes operaban en las sombras del poder.
Yabrán era, en aquel momento, objeto de investigaciones periodísticas por sus conexiones con casos de corrupción política. El entonces ministro de Economía, Domingo Cavallo, lo había señalado públicamente como el “jefe de una mafia enguistada en el poder”.
La fotografía de Cabezas corrió el velo y mostró el rostro de quien, hasta ese momento, permanecía oculto para la mayoría de la población.
¿Quién era Alfredo Yabrán?
Alfredo Enrique Nallib Yabrán fue un empresario argentino con profundos lazos con el gobierno menemista. Sus empresas de transporte, logística y seguridad estaban bajo sospecha de ser utilizadas para encubrir tráfico de drogas, armas y lavado de dinero. El entramado de negocios que controlaba operaba con impunidad, protegido por sus conexiones políticas.
El asesinato de Cabezas desencadenó una investigación que terminó salpicando directamente al entorno de Yabrán. Varias personas vinculadas al empresario fueron arrestadas y condenadas por el crimen, incluido Gregorio Ríos, su jefe de seguridad, quien fue señalado como instigador del crimen.
Cuando finalmente se dictó una orden de arresto en su contra, Yabrán pasó a la clandestinidad. Cinco días después, el 20 de mayo de 1998, apareció muerto por un disparo de escopeta que le desfiguró el rostro, dejando el cadáver irreconocible. La versión oficial fue suicidio, pero las dudas persisten hasta hoy.
Pablo Grillo: otra víctima de la represión
El 12 de marzo de 2025, el fotoperiodista fue herido por el disparo de una granada de gas lacrimógeno lanzada directamente a la cabeza por el cabo primero Héctor Guerrero, en el marco de una represión ordenada por el gobierno que llevó adelante la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, contra una movilización pacífica de jubilados y sectores solidarios.
El proyectil le causó lesiones graves que lo mantuvieron en terapia intensiva y, aunque sobrevivió, Grillo carga con secuelas permanentes que afectan su capacidad para ejercer plenamente su profesión.
En octubre, la Justicia procesó a Guerrero por romper todos los protocolos de seguridad al disparar el arma directamente contra el fotógrafo. Sin embargo, la investigación no avanzó hacia los mandos superiores y en los últimos meses se detuvo, dejando en la impunidad a quienes ordenaron la represión.
Al igual que Cabezas, Grillo se convirtió en blanco por cumplir con su trabajo y en ambos casos, la agresión no fue accidental ni ajena al contexto político. Se trató de castigos ejemplificadores dirigidos a quienes exponen con imágenes la represión, la desigualdad y el conflicto social.
La cámara fotográfica, una vez más, se transformó en un arma política, y quien la portaba, en un enemigo a neutralizar.
Marcela Gottschald
