El 30 de abril nos llega el caso atroz de Cataleya Castellanos, una beba de 7 días de vida, arrebatada a su madre por la DINAF (Dirección Integral de Niñez, Adolescencia y Familia) y la Bonaerense.
Cataleya nació el 22 de abril en el Hospital Mercante de la localidad bonaerense de José C. Paz. Su mamá, Micaela Castellanos, de 25 años, que vive en Parque Jardín, denuncia que el personal de la DINAF de José C. Paz, junto a la policía, le sustrajeron a su beba el día 29 sin motivo aparente ni orden judicial que respalde ese accionar. Las autoridades de la DINAF sólo alegan que “su mamá y su abuela no están en condiciones de cuidarla” o, mejor dicho, que “no están capacitadas para cuidar a Cataleya”.
Micaela, la mamá de la beba, cuenta que sufrió violencia obstétrica, que le realizaron una cesárea y le ligaron las trompas sin su consentimiento. Con engaños y mentiras le sustrajeron a su bebé, sin nunca notificarle ni explicarle nada.
El 30 de abril a la tarde, la mamá y la abuela de la niña fueron a la DINAF para pedir la restitución de Cataleya. Les permitieron entrar a ellas, pero no a la abogada de la familia. Las acompañamos desde Juntas y a la Izquierda y el MST, reclamando en la puerta, exigiendo que permitan entrar a la abogada y visibilizando esta terrible situación.
Dentro y fuera del DINAF, la presencia de la Bonaerense dio la nota. Se dirigían a la abogada de mala y prepotente manera, requiriendo que se retirara, que no le permitirían el ingreso. Como fondo, se podía oír a la madre y la abuela de la niña llorando y gritando puertas adentro.
A su vez, volvimos a acompañar a la familia Castellanos el 3 de mayo frente al Municipio, en donde la abogada se reunió con las autoridades de Desarrollo Social y directivos del DINAF para que den las explicaciones pertinentes de por qué tomaron una medida tan arbitraria.
Al salir de la reunión, la abogada nos explicó: “El procedimiento con el que actuó la DINAF se hizo mal. Expusimos el caso al municipio y se comprometieron a tomar las medidas que a ellos les corresponde, según dijeron. En este tipo de casos, más allá del resultado, el municipio está obligado a intervenir porque hubo hechos delictivos graves. Habiendo expuesto el pedido de restitución, se ha derivado a un juez de familia que aún se desconoce”.
Luego se realizó una nueva marcha hasta la DINAF para visibilizar la situación y reclamar que se haga justicia y por la violencia institucional de género que sufrieron, ya que además de no asistir a quienes lo necesitan estigmatiza con odio de clase la pobreza.
Ante la fuerza de la movilización, Cataleya volvió con su madre ese mismo día. Seguiremos en este camino, ahora en la pelea por lograr la destitución de todos los funcionarios responsables. Sólo con la lucha podemos conseguir que cambien las cosas y revertir estas injusticias del Estado y sus instituciones.
Tamara Ávila.