El jueves 12 de noviembre, la junta interna de ATE INDEC realizó una jornada de lucha en la puerta del Ministerio de Economía, exigiendo la apertura de paritarias y rechazando el mísero aumento del 7% a les trabajadores estatales. Se leyó una carta abierta al presidente de la Nación, Alberto Fernandez, en la que se expresó la falta de respuesta por parte de Marco Lavagna, a cargo del Instituto ante el reclamo histórico de condiciones dignas de trabajo.
Si bien la violencia de la época de la intervención y la manipulación de los datos ha sido superada, no se han recuperado los procesos ni la calidad anterior a la misma y no parece haber una intencionalidad política, al menos de las autoridades del Instituto, en ese sentido. Sumado a la pérdida sostenida del poder adquisitivo de los salarios de les trabajadores que producen las estadísticas públicas, que no difiere del resto de les trabajadores estatales, se observa que una gran cantidad de trabajadores capacitados y con formación técnica, están dejando sus puestos para incorporarse a otros organismos públicos en donde les ofrecen salarios mucho más elevados, lo cual además sobrecarga de tareas a les trabajadores que se quedan.
Las autoridades manifiestan que están recuperando la calidad porque incorporan nuevas tecnologías, pero la sangría de personal capacitado y la falta de atención ante los reclamos de las condiciones laborales demuestran lo contrario. Además, la falta de concursos de los puestos técnicos de dirección que siguen siendo puestos a dedo, dificulta la independencia de las estadísticas del poder político.
En este sentido, la junta interna de ATE INDEC reclamó al presidente que garantice con la mayor urgencia el descongelamiento de vacantes necesarias para que el 80% de les trabajadores del organismo que no goza de estabilidad, pase a planta permanente sin pérdida salarial; asegure el presupuesto necesario para que se jerarquice al personal de planta permanente (desde 1994 no hay concursos generales en el INDEC) y se regularice la situación contractual de los más de 300 monotributistas. Asimismo, que se discuta una ley que dote al organismo de una norma “de la democracia”[1], que garantice no solo la independencia y respeto a la rigurosidad metodológica y científica, sino también el presupuesto necesario para poder funcionar y dotar de salarios dignos al personal del sistema oficial de estadística, que prevea que como organismo científico-técnico tenga un convenio propio con estabilidad laboral; y termine con los nombramientos de las/los funcionarios a cargo de las direcciones simples y nacionales, convocándose en este periodo de transición a concursos de antecedentes y oposición, con la finalidad de darles transparencia a las designaciones y dotarlos de estabilidad.
[1] La actual ley Nro.17722 fue promulgada por el gobierno de Onganía.