En las últimas semanas los vecinos de Jáuregui se organizaron para enfrentar la solicitud de la Cámara de Industrial de Luján que pretende la revisión y modificación de la ordenanza 6224/13, conquistada tras una ardua lucha encabezada por los vecinos afectados por la contaminación de la empresa Curtasa, industria curtidora de cueros emplazada en la localidad de Jáuregui. La ordenanza prohíbe la instalación de empresas de tercera categoría, es decir, las industrias que son altamente perjudiciales para el medioambiente y la salud humana.
La primera luz de alarma que impulsó la lucha de los vecinos fue a raíz una serie de casos de trastornos sanguíneos en lactantes que pueden ser causados por el consumo prolongado de agua con elevada presencia de nitritos. La magnitud del problema pudo evidenciarse en los estudios realizados por las organizaciones ambientalistas en 1993, 30 años después del inicio de actividades de Curtasa, que determinaba que el 70% del agua de la zona no era apta para el consumo humano. Greenpeace tomó muestras alrededor del cauce principal del río Luján; las mismas fueron analizadas en la Universidad de Exeter, Inglaterra y presentaron altos valores de cromo, zinc, plomo, y contaminantes orgánicos. Estos superaban en un 30% los parámetros correspondientes a zonas no contaminadas.
Estos datos no son menores, ya que la mayoría de estos componentes, considerados cancerígenos, se encuentran presentes en los residuos generados por los químicos, solventes y pigmentos utilizados para obtener cuero. La incidencia de esta contaminación fue denunciada por la Asociación de Lucha Contra el Cáncer de Luján, que demostró que entre el 2000 y el 2006 esa enfermedad produjo el 38% de las muertes en la localidad, mientras que la media nacional era del 18%. También se denunció la proliferación de problemas respiratorios, oftalmológicos y dermatológicos.
Ante esta situación fueron los vecinos y organizaciones quienes a través de la lucha organizada en asamblea lograron la ordenanza que hoy la Cámara Industrial quiere modificar, argumentando que la actual normativa limita el funcionamiento y crecimiento de sus empresas. Es decir, quieren crecer y expandirse a costa del bienestar de la población, que no desea ser nuevamente víctima de la ambición empresarial. La modificación de esta ordenanza implica un alto riesgo para toda la comunidad lujanense, que se vería afectada por el avance de nuevos negocios ultra contaminantes, como la termoeléctrica o el trigo transgénico.
En este sentido, quien dio el visto bueno para la revisión de esta normativa fue el intendente Leonardo Boto (FdT), quien habla de “dialogar” cuando, por un lado, está clara la política pro-empresarial que desde el oficialismo promueven; y por el otro, la posición del pueblo de Jáuregui, que ya expresó su amplio rechazo a esta solicitud y a la posibilidad de aceptar cualquier tipo de revisión que ponga en riesgo los derechos conquistados.
Desde la Red Ecosocialista – MST llamamos enérgicamente a seguir el ejemplo del pueblo movilizado en Chubut contra la megaminería, o las organizaciones ambientales en el Atlanticazo, participando y apoyando la organización de los vecinos de Jáuregui y avanzando en una lucha conjunta de toda la ciudad. No podemos permitir que un puñado de empresarios decida sobre nuestras vidas y nos arrebate los derechos que hemos conquistado ¡Basta de lobby empresarial! ¡Exigimos que se respete la ordenanza municipal 6224/13!