Este martes 17 el Departamento de Estado se hizó “un llamado a todos los actores en la Argentina a respetar las instituciones democráticas y la separación de poderes”. Lo hizo a través de un vocero vinculado a la Subsecretaría de Asuntos del Hemisferio Occidental de los Estados Unidos. La cínica declaración por parte de este poder imperialista refleja la preocupación por las posibles derivaciones del régimen político del país, en momentos de grave crisis social y política. Las repudiamos y al contrario, promovemos un cambio integral de la actual Justicia y todo el sistema político que nos gobierna.
Las declaraciones de la oficina cuyo titular es el Secretario de Estado yanqui, Antony Blinken, fue precedida por las de la directora para las Américas de Human Rights Watch, Tamara Taraciuk Broner, una abogada y profesora de derecho en el Instituto Di Tella, que trabajó para la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) dependiente de la OEA. También continúa la línea de defensa de la Corte esgrimida por importantes grupos empresarios como la Unión Industrial Argentina (UIA), la Asociación Empresaria Argentina (AEA) y la Cámara de Comercio de los EEUU en la Argentina (AmCham) y por todo el elenco de Juntos por el Cambio, que amenaza con paralizar el Congreso mientras dure la decisión del gobierno de tratar su pedido de juicio político a la Corte.
En la otra punta, el gobernador chaqueño, el kirchnerista Jorge Capitanich, con el argumento de la imposibilidad de canalizar el juicio político por el Parlamento, ya que el FdT no reúne el número necesario para que prospere su tratamiento en comisión, reclamó a Alberto que amplié el número de jueces del Superior Tribunal y modifique la actual composición del Consejo de la Magistratura por decreto. Un pedido que ya ha sido rechazado de plano por el Poder Ejecutivo nacional.
En medio de la disputa originada en la alineación de los jueces del máximo tribunal con los intereses políticos de la oposición de derecha y el pedido de juicio político del gobierno. De las denuncias, de este último, de que los jueces habrían excedido sus funciones al inmiscuirse en las tareas de los otros poderes del Estado, al dictaminar a favor del pedido de Larreta y al restituir un modelo de Consejo de la Magistratura derogado hace 15 años, modificando en ambos casos lo dispuesto en leyes aprobadas por el Congreso. La oposición hace hincapié en la denuncia del uso ilegal de los espías de la AFI, entre los cuales se encuentran militares de alto rango, una práctica que fue habitual en el propio gobierno de Macri.
El cinismo imperialista
Las declaraciones de los funcionarios yanquis, como de costumbre, no sólo constituyen una intromisión inaceptable en el funcionamiento soberano de un país, sino que lucen un cinismo a toda prueba. No han sido un ejemplo de democracia los gobiernos de EEUU que han invadido muchos países del mundo a sangre y fuego o apoyado cuanto dictadorzuelo en el planeta les ha sido servil a sus negocios imperiales.
Tampoco tiene una Justicia muy democrática, que avala la prohibición del derecho al aborto en muchos estados, provocando un retroceso en los derechos más elementales de las mujeres yanquis o que convenientemente a mirado para otro lado, cuando el FMI viola todos sus estatutos para acordar un fraudulento y ruinoso mega crédito al gobierno de Macri, por orden de Trump. O cuando apoya todas las resoluciones de sus tribunales inferiores a favor de los fondos buitres que expolían las finanzas de los países coloniales.
La preocupación por la crisis del régimen
El plan económico ordenado por el acuerdo con el FMI ha colocado las diferencias entre oficialistas y oposición en el marco de debates por detalles. Ambos avalaron el acuerdo con el Fondo, por el que se convalidó la acción fraudulenta de Macri y el propio organismo, que está provocando un ajuste tremendo sobre los salarios y el nivel de vida de los trabajadores y sectores populares del país y organizando toda nuestra economía en función del pillaje imperial.
Sin embargo, se está deteriorando la unidad del viejo régimen y, disputa electoral mediante, provocando choques en las alturas cuya dinámica puede favorecer que emerja por la brecha superestrucutual la enorme bronca de los sectores populares contra el ajuste en curso y los miembros de la vieja casta política que lo aplican. Ese es el motivo de la preocupación imperial ahora conmovida por la estabilidad de “las instituciones democráticas” y “la división de poderes”.
Es necesario un cambio de fondo
Los jueces que integran este poder con títulos nobiliarios, ya que duran hasta la jubilación y son designados como parte de una negociación entre las distintas facciones política en el poder y removidos por un pequeño grupo de elite que integra el Consejo de la Magistratura, han sido designados, en el caso de la actual Corte, por el peronismo en el poder, que ahora los critica y quiere removerlos. Así lo reconoció en sus recientes declaraciones el gobernador chaqueño.
Siempre ha sido una justicia clasista. Muy lenta para meter presos a los grandes comerciantes que acaparan productos para que encarezca su precio, o para hacerse la distraída ante las importantes denuncias y fallos- como el del juez Ballesteros en la causa promovida por Alejandro Olmos- en torno a la ilegalidad e ilegitimidad de la deuda externa del país. Muy rápida para avalar la anti democrática represión del sistema judicial a las protestas sociales como la reciente represión a los trabajadores portuarios de Rosario o declararse incompetente ante la prisión política de Milagros Sala.
Lejos de cuestionar este modelo, las declaraciones yanquis lo avalan. ¿Pero, avanzará el gobierno hasta el final en su cuestionamiento a la actual Justicia, sobre la que Cristina ha hecho fuertes denuncias? No parece, sus cuestionamientos no plantean cambiar de fondo el actual sistema judicial. Ni elegir y remover a los jueces por mandato popular, ni terminar con los privilegios de jueces y fiscales estableciendo mandatos cortos, con sueldos no mayores a los de una directora de escuela y obligatoriedad de enviar a sus familias a la escuela y el hospital públicos, ni garantizar que los juicios se realicen por jurado popular, como proponemos desde el MST en el Frente de Izquierda Unidad.
Hay que dar vuelta todo. Dar vuelta esta Justicia clasista y todas las instituciones que la sostiene esta casta que está llevando al país a los niveles de pobreza y entrega nunca vistos. Sobra derecha hace falta una fuerte alternativa de izquierda.