En plena controversia por la postergación de un nuevo método para medir la inflación y tras la renuncia de su principal responsable técnico, el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) publica este martes el Índice de Precios al Consumidor (IPC) de enero con la metodología antigua. La situación expone la falta de credibilidad institucional, las tensiones entre política y estadística oficial, y el impacto real que los precios tienen sobre las mayorías trabajadoras, muchas de las cuales no sienten en sus bolsillos ninguna “desinflación”.
Canastas desactualizadas
El INDEC dará a conocer hoy el dato de inflación de enero de 2026, una lectura que, según estimaciones privadas, rondaría entre 2,4 % y 2,6 % mensual con el sistema de medición vigente, tras la postergación del nuevo índice que estaba previsto para este mes.
La cifra se publicará con la canasta de bienes y servicios que data de hace más de dos décadas, modalidad que había sido objeto de fuertes críticas de especialistas por no reflejar los patrones de consumo actuales, especialmente el peso creciente de los servicios que afectan con mayor dureza a los sectores populares.
Polémica por el método y renuncia en el INDEC
La publicación del dato ocurre en medio de una polémica institucional que sacudió al organismo: el titular del INDEC, Marco Lavagna, renunció recientemente en medio de desacuerdos con el Ejecutivo por la implementación de una nueva metodología para medir la inflación. Su salida fue seguida por el anuncio del ministro de Economía, Luis “Toto” Caputo, de postergar la actualización hasta que la desinflación esté “consolidada”.
El cambio en la forma en que se mide el IPC había sido anunciado como necesario para adaptar el índice a los hábitos de consumo modernos e incluir con mayor peso servicios que han tenido subas persistentes como electricidad, gas y transporte. Con la medición antigua, se corre el riesgo de subestimar el impacto real de los aumentos de precios en los bolsillos de la mayoría de la población.
Esta decisión no solo sacrifica el rigor estadístico, sino que tiene efectos políticos: cifras de inflación más bajas contribuyen a sostener narrativas oficiales sobre el “éxito” de políticas económicas que, para amplios sectores sociales, implican pérdida de salario real y aumento de costos básicos.
Lo que viene y la vida cotidiana
Los precios en bienes esenciales como alimentos, transporte y servicios públicos continúan en alza en la vida diaria, aun cuando las cifras oficiales mensuales se desaceleren. Por ejemplo, en ciudades como Buenos Aires la inflación en enero superó el 3,1 % en algunos sectores, con alimentos, hoteles y transporte entre las divisiones que más impactan a trabajadores y familias vulnerables.
La discusión alrededor del IPC también tiene un componente político: la controversia por los métodos de medición recupera viejas tensiones en torno a la confiabilidad de los datos oficiales, que ya habían sido cuestionados históricamente en otras etapas del país. El temor a la intervención política en estadísticas fundamentales resurge en el debate, con críticas sobre la postergación del nuevo índice justo cuando este podría mostrar tasas más altas de inflación que las cifras actuales.
Mientras el Gobierno celebra cifras de desaceleración, millones de personas sienten un ajuste continuo en sus presupuestos familiares. En ese contexto, la inflación deja de ser un número abstracto para convertirse en una variable de lucha social y política, donde la verdad de los datos oficiales importa tanto como las condiciones materiales de vida de la mayoría.
