El reciente asesinato del kiosquero Roberto Sabo, a manos de una pareja de delincuentes, en Ramos Mejía, provocó una gran movilización de sus vecinos en repudio al accionar del gobierno y la policía. La protesta fue reprimida con gases por Berni. El hecho reactivó el debate sobre las causas y cómo resolver los problemas de violencia e inseguridad que afectan a millones. La derecha habla de “meter bala” y bajar la edad de imputabilidad, y el gobierno sólo cita estadísticas, pero el problema crece y necesita respuestas urgentes para enfrentarlo.
En las últimas horas, el tapicero René Mendoza, de 77 años, vecino que realizaba tareas sociales en San Cayetano, un barrio popular de La Matanza, fue asesinado de 14 balazos por sicarios. Poco antes, en una reunión vecinal, René había reclamado medidas para frenar los robos y mejorar la seguridad, en una zona donde funcionan varias “cocinas” de cocaína.
En Ramos, con indignación, los vecinos de Roberto rodearon la comisaría, denunciaron la inacción policial y exigían respuestas. Pedir más policía no fue, como otras veces, lo único: se criticó duramente al gobierno y al intendente Espinoza. Berni ligó también muchos abucheos. Y se oyó una consigna que sonó en el Argentinazo de 2001: “Que se vayan todos, que no quede ni uno solo”. En medio de la crisis hubo varios asaltos en los alrededores y un patrullero se quedó sin nafta, lo que llevó a los vecinos a recordar los recitales y eventos de campaña en los que Espinoza se gastó millones.
La derecha aprovechó para desplegar su planteo de “meter bala”. Espert propuso “agujerear” a los delincuentes “como un queso gruyere”. Santilli reivindicó la gestión de Macri. El gobierno respondió citando estadísticas de supuesta mejoría, dijo que hay asesinatos en todo el mundo y justificó la repudiable represión contra los vecinos.
Pero las políticas de “meter bala” ya las aplicó, por ejemplo, el gobernador peronista Carlos Ruckauf. Fueron un fracaso completo para frenar la delincuencia. Lo que sí causaron es un aumento de los casos de gatillo fácil policial. También fracasó el aumento de penas en el Código Penal, las leyes Blumberg. En las cárceles, el 60% de los detenidos está sin condena. Esas propuestas punitivistas sólo logran fortalecer el aparato represivo, que no sólo es ineficaz para combatir el delito sino que es parte directa o lo ampara. Esta policía, por ejemplo, sólo sirve para reprimir las luchas sociales y criminalizar a los jóvenes en las barriadas populares.
Las causas del incremento de la violencia delictiva
El incremento de los robos y asesinatos, que golpean cada vez con mayor dureza los barrios populares, tiene dos causas centrales: 1) el aumento de la marginalidad y la desigualdad social, y 2) la complicidad institucional de la policía, intendentes, jueces y funcionarios políticos con el delito.
El tremendo deterioro social que vivimos en el país, con media población bajo de la línea de pobreza, es más agudo en la juventud: 7 de cada 10 jóvenes del Gran Buenos Aires son pobres. La tremenda marginación de un millón y medio de jóvenes ni-ni (ni trabajan ni estudian) empuja a una parte a terminar como mano de obra de bandas narco, a menudo en arreglo con la policía, que también los utiliza para sus propios negocios y delitos.
La derecha estigmatiza a esas víctimas de la marginación, que no acceden a lo más elemental, que vienen de familias sin trabajo o que no tienen para comer y viven hacinados en viviendas precarias. Mientras la policía está ligada a la delincuencia, los políticos roban y hasta dos ex presidentes están imputados o procesados por múltiples delitos, la riqueza cada vez se concentra en pocas manos.
La otra causa es la complicidad del aparato institucional con el delito. Es común oír: “En mi barrio todos sabemos dónde hay una cocina de paco y dónde trafican los dealers, los únicos que ‘no saben’ son la cana y el intendente”. Y es así: una verdadera mafia, de policías y sus zonas liberadas, cómplices de los narcos y otros delitos, de jueces, punteros e intendentes, que no combate sino que fomenta el delito organizado. La venta de comisarías según cuánto logran recaudar por coimear -narcotráfico, prostitución, venta ambulante, etc.- es otro símbolo de esta tramade inseguridad organizada.
En fin, si en una sociedad hay unos pocos cada vez más ricos, que fugan capitales y evaden impuestos, y una mayoría cada vez más pobre, con una juventud marginada y sin perspectivas, y encima desde el poder político roban y tienen impunidad, ¿cómo no van a crecer los niveles de delito?
Medidas de emergencia y de fondo
Desde la izquierda tenemos propuestas concretas para combatir la inseguridad:
- Para desmantelar el aparato institucional cómplice del delito, lo primero es disolver esta policía y reemplazarla por un nuevo cuerpo de seguridad democrático, preventivo y no represivo. Que funcione bajo control social, al comisario lo elijan los vecinos por voto y sea revocable si no cumple. Ese nuevo cuerpo tendrá prohibido reprimir los reclamos sociales y sus agentes tendrán derecho a sindicalizarse. A la vez, alentamos la autoorganización vecinal con rondines, alarmas y demás medidas para la protección de los barrios.
- Basta de justicia para ricos. Todos los jueces y fiscales también se deben elegir por voto popular -en fecha separada de las elecciones políticas-, por períodos limitados y no vitalicios, sin sueldos de privilegio y con mandatos revocables en caso de mal desempeño. Además es necesario depurar toda la cúpula del sistema penitenciario, para que éste sirva para la reinserción social y no para reclutar mano de obra para delinquir.
- Para revertir la marginalidad juvenil hace falta un plan de shock de inclusión educativa y laboral, con sueldos dignos y sin precarización. Es decir, un plan de becas estudiantiles con montos suficientes y un plan de primer empleo para cientos de miles de jóvenes, con un salario básico igual a la canasta familiar. Y la aplicación de dichos programas debe estar bajo el control de las organizaciones sociales y barriales.
- Como reclaman tantos vecinos de los barrios humildes que sufren la delincuencia cotidiana, es urgente implementar un plan de obras públicas de urbanización, que garantice veredas, asfalto, buena iluminación de las calles y plazas, mejore el acceso al transporte y a las ambulancias, infraestructura básica para contribuir a la seguridad pública.
Estas medidas se deben complementar con un plan económico alternativo, que invierta por completo las prioridades. Al pueblo trabajador, un aumento inmediato de salarios, jubilaciones y ayudas sociales. Al FMI, ni un solo peso más. Y a los grandes empresarios, banqueros y ricachones, altos impuestos. La movilización popular puede imponer estas soluciones. Sin desigualdad social y con cambios de fondo en la justicia y en la policía es posible combatir la inseguridad.