La sorpresiva renuncia de Marco Lavagna como director del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) poco antes de la publicación del nuevo Índice de Precios al Consumidor (IPC) sacudió el escenario económico y político argentino. La salida ocurre en medio de una disputa por cómo se mide la inflación —crucial para exponer la realidad social— y se enmarca en un patrón preocupante de interferencia política en un organismo que debería ser autónomo. La dimisión alerta sobre el debilitamiento de la credibilidad estadística y la subordinación del análisis económico a las prioridades del Gobierno.
Renuncia en el momento más delicado
Marco Lavagna presentó este lunes su renuncia como director del INDEC, organismo clave para la medición de la inflación y otros indicadores socioeconómicos, tras seis años al frente del instituto, cargo que desempeñaba desde 2019 bajo administraciones de gobiernos muy distintos.
La decisión llega apenas días antes de que se conociera el dato del IPC de enero —el primero que debía elaborarse con la nueva metodología basada en la Encuesta Nacional de Gastos de los Hogares (ENGHo) 2017/2018— y en medio de tensiones internas sobre si dicho cambio debía implementarse ahora o postergarse.
Según versiones oficiales, la renuncia se produjo por diferencias con el Gobierno, particularmente con el ministro de Economía, Luis “Toto” Caputo, y, por extensión, con la orientación política del presidente Javier Milei, en torno a los tiempos y condiciones para publicar la actualización del IPC.
¿Por qué molestaba el nuevo IPC?
El nuevo índice de precios estaba diseñado para ajustar la medición de la inflación a los patrones actuales de consumo, reemplazando una canasta que se venía usando desde 2003/04 y que, según especialistas, subestima los costos reales del consumo popular. Con una ponderación mayor de servicios que crecieron más rápido que los productos básicos, el nuevo IPC hubiera mostrado una inflación más alta que la oficialmente divulgada hasta ahora.
Esa actualización era reclamada no solo por técnicos del organismo sino también por organismos internacionales como el FMI, que sugirieron modernizar la medición para mayor precisión y credibilidad.
Sin embargo, el Gobierno decidió postergar la puesta en marcha del nuevo IPC “hasta que el proceso de desinflación esté consolidado”, según afirmó Caputo, lo que implicará seguir utilizando el método tradicional por ahora.
¿Quién lo reemplaza?
Tras la salida de Lavagna, el ministro Caputo confirmó que Pedro Lines, actual director técnico del INDEC y número dos del organismo, asumirá como nuevo director. Lines ya ocupó cargos altos en el instituto en etapas anteriores y su designación fue avalada por el Palacio de Hacienda.
La elección de Lines, funcionario de carrera y más alineado con la “visión” oficial sobre la medición de precios, señala una continuidad política más que una garantía de independencia estadística, según analistas críticos.
Consecuencias políticas y técnicas
La renuncia de Lavagna representa una alerta sobre la percepción de independencia del INDEC, un organismo que históricamente sufrió manipulaciones políticas —como la intervención durante la década de 2000— y que en años recientes había transitado un proceso de recuperación técnica y de credibilidad.
Bajo la actual gestión, la insistencia en mantener un método de medición que tiende a mostrar menos inflación de la percibida por la población se traduce en una herramienta política para sostener narrativas oficiales sobre el “control” de precios, cuando la experiencia cotidiana de los trabajadores y jubilados indica lo contrario.
La salida de Lavagna —en el contexto de una postergación de un índice más representativo— es un síntoma de un proyecto político que prioriza el relato por sobre la verdad estadística, debilitando uno de los pocos instrumentos públicos que podrían ofrecer una lectura más fiel de los efectos de las políticas económicas sobre la población.
Debate sobre independencia y política estadística
La discusión sobre si las estadísticas deben ser “técnicas y neutrales” o estar sometidas a intereses políticos no es nueva en Argentina, pero la renuncia de Lavagna reaviva el debate sobre la autonomía del INDEC. La posibilidad de que los números oficiales no reflejen la realidad de inflación, consumo y condiciones de vida afecta directamente a la elaboración de políticas públicas y a la confianza ciudadana en las instituciones.
La salida de Lavagna no debe leerse en clave personal, sino como parte de una lógica de subordinación estadística a los intereses gubernamentales dominantes, que intenta suavizar datos para “acompañar” narrativas oficiales mientras profundiza ajustes que golpean a los sectores populares.
