La reactivación del “pacto social” a tres puntas, entre gobierno, empresarios y sindicatos, ayer tuvo un nuevo episodio. Como gran medida se oficializó, por parte del Consejo Nacional del Salario (CNS) la suba del salario mínimo en un 12% para octubre, alcanzando así el monto de $18.900. Se olvida el gobierno “progresista” y las distintas direcciones sindicales que, según el INDEC, en septiembre $18.792 fueron necesarios para no caer en la indigencia.
Durante el mismo día en que la inflación siguió aumentando hasta llegar a un acumulado del 22% en lo que va del año, el ministro de Trabajo Moroni junto con Héctor Daer (CGT) y Hugo Yasky (CTA), más un puñado de empresarios, aprobó una suba del 28% en tres cuotas para el salario mínimo. Con un 12% en octubre, un 10% en diciembre y un 6% en marzo, se cerró el acuerdo que no contempla subas acumulativas.
De los que nada se podía esperar, nada están haciendo. Esa frase pinta de cuerpo entero a la burocracia sindical que convalidó una pérdida anual del 9% del salario, al colaborar con el gobierno para seguir imponiendo medidas de austeridad. Lejos de plantear un plan de lucha ante tal medida, se vieron agradecidos. Hace una semana sostuvieron que van a estar al frente de la pelea para que el salario mínimo alcance el valor de una canasta básica, cuesta imaginar cuándo va a llegar esa resistencia con claudicaciones de este tipo.
Parece ser que al gobierno tampoco le interesa que este es el año donde se han vuelto a alcanzar cifras del 40% de pobreza, un 13% de desocupación y una destrucción de 3,6 millones puestos de trabajo. Mientras continúa de reuniones con el agro, le da otro revés al bolsillo, ya que este aumento, de migajas, repercute como parámetro en demás salarios, las jubilaciones y programas sociales.
Así, días tras día queda en claro que Alberto Fernández y su proyecto del Frente de Todos no son ningún tipo de garantía o instrumento útil para combatir a la derecha. Más bien, se encamina a ser un gobierno con cifras récords de ajuste en materias de derechos económicos para las mayorías populares. Una política que realmente impulse la reparación de los derechos avasallados por el macrismo, tendría la voluntad política de, como lo indicó la Junta Interna de ATE, elevar el salario mínimo en $72.000 para contemplar todos los gastos necesarios que tiene una familia.
Lejos de esto, el mapa que guía los pasos del oficialismo son los marcados por los organismos que someten al país, como el FMI, indicando que la resolución del problema reside en la reducción del gasto público. Si se continúa con esta marcha, la fiesta de los empresarios va a continuar mientras se encamina todo para un nuevo colapso del país.