La Patagonia vuelve a arder mientras el Estado llega tarde y mal. Incendios fuera de control, poblaciones evacuadas y brigadistas desbordados revelan una crisis ambiental estructural, alimentada por el ajuste, la extranjerización de la tierra y un modelo que sacrifica territorios en nombre del negocio.
Todavía sin freno
La situación de los incendios forestales en la provincia de Chubut se agravó drásticamente en las últimas horas, con el foco de Puerto Patriada completamente fuera de control tras una reactivación que anuló los avances previos de contención. Al mismo tiempo, una población cercana al lago Rivadavia, con unas 130 personas, debió ser evacuada preventivamente ante el avance de las llamas, que ya superaron barreras naturales y continúan amenazando rutas, estancias y comunidades rurales.
En condiciones meteorológicas extremas —con temperaturas cercanas a los 30 °C, vientos de hasta 50 km/h y sequía prolongada—, los incendios han logrado cruzar montañas y avanzar hacia zonas habitadas, poniendo en riesgo la Ruta Provincial 71 y el correcto funcionamiento de la conectividad regional. En Villa Lago Rivadavia, las defensas ya fueron sobrepasadas y el fuego se ubicó a pocos metros de las viviendas, lo que obligó a intensificar las evacuaciones.
Brigadistas y equipos de emergencia trabajan contrarreloj para contener nuevos focos que se reactivan constantemente, en un panorama agravado por la precarización de las condiciones laborales del personal de combate, la falta de equipamiento y la insuficiente inversión estatal en prevención y manejo del fuego.
Crisis ambiental: no es un accidente, sino un problema estructural
“La Patagonia arde” y esta catástrofe no es un fenómeno inevitable, sino el resultado de decisiones políticas que priorizan ajustes presupuestarios, negocios inmobiliarios y modelos productivos extractivistas por sobre la protección del territorio. Las semanas anteriores, en movilizaciones en distintos puntos del país, se exigió la declaración de emergencia ambiental nacional, financiamiento real para brigadistas y medidas que detengan la expansión de monocultivos, como las plantaciones de pinos, cuya alta combustibilidad contribuye a la propagación del fuego.
Los recortes en partidas ambientales, la falta de prevención y la precarización de trabajadores y brigadistas no son hechos aislados, sino parte de un modelo político que ha dejado crecer la catástrofe hasta volverla crónica. La crítica apunta tanto al Gobierno Nacional como a los ejecutivos provinciales por subejecutar presupuestos claves y negar el carácter estructural de la crisis.
Causas, responsabilidades y modelo productivo
Mientras el gobernador de Chubut, Ignacio Torres, aseguró que algunos incendios fueron provocados de manera intencional y se investigan responsabilidades, rechazamos cualquier intento de buscar culpables entre las comunidades mapuche-tehuelche o activistas. Estas tácticas de criminalización buscan desviar la atención de las causas reales —como el extractivismo, la mercantilización del territorio y la extranjerización de tierras— que generan paisajes más vulnerables al fuego y concentran recursos estratégicos en manos de intereses privados.
En ese sentido, estudios sobre la extranjerización de tierras señalan que millones de hectáreas del país están en manos de firmas o Estados extranjeros, concentradas en cuencas hídricas, fronteras y regiones con recursos naturales estratégicos, un proceso que en la Patagonia se superpone con la fragmentación territorial, la especulación inmobiliaria y la pérdida de soberanía sobre bienes comunes. Todas esas tierras deberían ser expropiadas y destinadas para el uso social de la comunidad.
Reclamos y respuestas colectivas
No solo faltan recursos, sino un cambio de paradigma productivo y ambiental que no conciba la tierra como commodity y priorice la participación de comunidades locales y originarias en decisiones sobre sus territorios.
Ante este desastre anunciado, la crítica es contundente: la crisis ambiental en la Patagonia es parte de un esquema más amplio de ajustes, desfinanciamiento y subordinación de la vida al capital, donde el abandono del territorio y de quienes lo cuidan es una decisión política y no una fatalidad natural.
