Números calientes. Finalmente el gobierno logró aprobar en el parlamento un nuevo endeudamiento con el FMI para cancelar el stand by contraído por Macri. Lo consiguió a partir del acuerdo con Juntos por el Cambio y con una crisis importante en la tropa propia que acrecienta la debilidad de un gobierno que ya venía degastado. Mientras se llevaban adelante las últimas negociaciones, el INDEC dio a conocer que la inflación de febrero fue del 4, 7%. Los alimentos llegaron al 7,5 % y la interanual trepó a 52,3%. Estos datos no incluyen los aumentos producidos en las últimas semanas a partir de la invasión rusa a Ucrania, por lo que los índices de marzo serán aún mayores. Y todavía no llegaron los aumentos en las tarifas de los servicios públicos que forman parte del acuerdo con el Fondo. Aunque intentan instalar la idea de que a partir del pacto con el FMI la inflación irá en descenso, nadie imagina una inflación por debajo del 55%; un nuevo mazazo a los bolsillos populares que agrega combustible a una bronca acumulada que viene creciendo.
Anuncio para memes. En ese contexto el presidente intentó retomar algo de iniciativa “proge” anunciando el comienzo de una guerra contra la inflación. Estas declaraciones generaron más memes que expectativas, y el discurso del viernes sepultó las que pudieran tener algún optimista. Alberto dedicó gran parte a ponderar el acuerdo logrado con el FMI y otra a explicar las consecuencias de la guerra en el este europeo, como si la inflación hubiera comenzado con el conflicto bélico. De anuncios concretos poco: la creación de un Fondo Estabilizador del Trigo Argentino constituido con un aumento de dos puntos a las retenciones de harina y aceite de soja (en realidad se suspende un decreto anterior que bajaba esas retenciones) y buscar un acuerdo con todos los sectores. Una receta que viene repitiéndose y fracasando consecuentemente.
Balas de salva. La épica discursiva, como ya es costumbre en el FdT, no se condice con la realidad. La guerra quedó reducida a una ronda de negociaciones, acuerdos de precios, y alguna que otra amenaza que si nos dejamos llevar por los antecedentes (Vicentín por caso) nadie puede tomar en serio. En la reunión que mantuvieron el Ministro de Desarrollo Productivo Matías Kulfas y el Secretario de Comercio Roberto Feletti con las cámaras de supermercados y de la industria alimenticia el objetivo que se propusieron fue que los productos derivados del trigo vuelvan a los valores de febrero y los de otros productos a los valores del 8/10 de marzo. De cambios estructurales nada. Una política que apenas intenta controlar un poco el alza de precios para contener la bronca social. En última instancia el gobierno y las grandes patronales obtienen grandes beneficios con la inflación. Por un lado licúan presupuestos y salarios, y por otro lado aumentan la recaudación (fundamentalmente del IVA). La guerra terminó apenas en un forcejeo.
La reacción de los reaccionarios. El complejo agroexportador, aunque viene acumulando ganancias extraordinarias desde el año pasado por el aumento de los precios de los commodities, que pegaron un nuevo salto a partir de la guerra, salió rápidamente a oponerse al aumento de las retenciones. También las cámaras empresariales chillaron contra los controles de precios y la amenaza de utilizar la Ley de Abastecimiento. La oposición derechista (libertarios y JxC), como era de esperar, se hizo vocera de estos sectores, con demandas judiciales incluidas. Muestra que son defensores de las grandes patronales y que la única libertad que defienden es la de las ganancias capitalistas. Repitiendo su discurso de que la única causa de la inflación es la emisión monetaria, su única medida antinflacionaria consiste en recortar aún más los presupuestos sociales: ajustar a los de abajo para garantizar las ganancias de los de arriba.
La guerra que hace falta. La emisión monetaria es sólo uno de los factores que empujan el proceso inflacionario, pero hay más: la devaluación, la concentración económica, los precios dolarizados de la energía, la baja inversión productiva, la especulación de las patronales, entre otros. Sin atacar todos esos no hay victoria posible. Un combate en serio contra la inflación requiere por lo tanto medidas que transformen la estructura productiva del país. En la actualidad unas pocas corporaciones, la mayoría trasnacionales, controlan la mayor parte de la producción y comercialización de alimentos. Movidos por la lógica capitalista de la ganancia, trasladan los precios internacionales – en dólares – al mercado interno, además de especular con la comida de millones. El gobierno por otra parte, los alienta porque precisa los dólares para aumentar las reservas y pagar la deuda externa. Por eso intenta hacer equilibrio entre la necesidad de obtener divisas y evitar que la situación se le descontrole, tarea en la que viene fracasando estrepitosamente. Sin terminar con la concentración e implementar otro modelo productivo al servicio de las necesidades sociales no hay posibilidad de terminar con este flagelo que carcome los bolsillos del pueblo trabajador.
Medidas de fondo. Desde el MST en el FIT-Unidad planteamos una serie de medidas urgentes en ese sentido. 1) Eliminar el IVA de los productos de la canasta básica. Congelar los precios y establecer un verdadero control social a cargo de los trabajadores de las empresas productoras y comercializadoras de alimentos y de la población, exigiendo la apertura de los libros contables de las empresas que invocan la necesidad de aumentar los precios; 2) aplicar la Ley de Abastecimiento a los empresarios que boicoteen especulando, acaparando o no produciendo; 3) aumento de emergencia de los salarios mínimos, las jubilaciones y planes sociales al nivel de la canasta familiar, con cláusulas de actualización mensual automática de acuerdo a la evolución de los precios; 4) Reforma agraria, que ataque el carácter rentista de la producción y la propiedad terrateniente. Terminar con la estructura monopólica de la producción y comercialización responsable del precio de los alimentos y en la transición, además, generar mecanismos regulatorios como fueron la Junta Nacional de Granos o la Junta Nacional de Carnes para impedir que los precios internacionales se trasladen a los precios internos; 5) Nacionalizar el comercio exterior para que las divisas que entran y salen del país sean controladas por el Estado, con control social; 6) nacionalizar la banca para evitar la fuga de capitales; 7) estatizar todas las empresas productoras y distribuidoras de energía, con el control de sus trabajadores y usuarios. 8) Romper con el FMI y los acreedores privados de la deuda, volcando esos miles de millones de dólares para reactivar nuestra economía, los salarios y necesidades de nuestro pueblo. Estas medidas ponen a la orden del día la pelea por un país asentado sobre nuevas bases sociales, que sólo la izquierda y la clase trabajadora pueden llevar adelante.