Este martes 21 se aplicó la suba del boleto de colectivos del área metropolitana denominada Gran Paraná, la cual comprende las líneas que conectan a las localidades de Paraná, San Benito, Colonia Avellaneda y Oro Verde. Esta medida dispuesta por el gobierno provincial fijará el servicio a $ 1400.
En consonancia, el municipio de Paraná también anunció que una vez que se finalice el trámite administrativo en SUBE se implementará un aumento en el boleto urbano, pasando a costar $ 1275.
La justificación por parte de la Secretaría de Transporte, dependiente del gobierno provincial, es que la suba en el área metropolitana tiene la estrategia de mantener la “calidad y continuidad” del servicio de transporte. Por su parte, en el municipio argumentan con la misma tónica, adjudicando que los aumentos apuntan a mantener el servicio, aunque en estas últimas semanas hubo un achicamiento de recorridos en varias líneas que afectan a los usuarios.
En definitiva, por más que quieran aggiornar los discursos, ambas fuerzas políticas, tanto la provincial con Frigerio a la cabeza como la municipal con la intendenta del PJ Rosario Romero, apuntan a continuar ajustando los bolsillos de la clase trabajadora y a hacer cada vez menos accesible la movilidad en la ciudad de Paraná y en las zonas aledañas.
Es que parece un chiste de mal gusto, porque cualquier persona que utilice las líneas de colectivos sabe que el servicio es sumamente precario, con unidades rotas, poca frecuencia y con los constantes paros de choferes que continúan con míseros salarios. Es importante resaltar que hace menos de un mes se realizó una audiencia pública en Paraná para debatir acerca de esta temática, la cual terminó funcionando como pantomima y tribuneo, ya que intentan mostrar que hay una intención de escucha por parte de las autoridades cuando los resultados terminan siendo siempre los mismos: aumentos e ineficiencia.
La bronca no se hace esperar, y para la tarde de hoy se prevé una concentración enfrente del municipio de Colonia Avellaneda para exigir una solución a este problema.
Frente a este contexto de ajustazo a nivel nacional, donde Javier Milei avanza con las quitas de subsidios a todo lo público, y con los gobernadores e intendentes que en vez de enfrentarlo responden a su lógica y cuidan las ganancias de los empresarios monopólicos, es fundamental pensar en otro sentido, porque el transporte no es un servicio, es un derecho.
Es por esto que desde el MST en el FIT-U apostamos por dar vuelta la ecuación. Basta de trabajadores y usuarios siendo rehenes de las empresas en complicidad con quienes gobiernan. Es hora de que las empresas abran los libros contables y que se plantee la estatización bajo control de trabajadores y comisiones de usuarios, es la única forma de terminar con el eterno problema del transporte, hoy cooptado por empresas que lo único que hacen es percibir ganancias extraordinarias a merced de pésimos servicios y de joderle la vida al laburante.