A pocas semanas de que comience el verano, cuando el consumo energético siempre toca niveles récords, a causa de las elevadas temperaturas, el gobierno de Milei confirmó la implementación de un nuevo esquema de subsidios a la energía.
El esquema tarifario, recientemente anunciado, entraría en vigor a partir de enero del 2026, eliminando el sistema de segmentación vigente y estableciendo una drástica reducción en las ayudas estatales que impactará duramente en los bolsillos de las familias trabajadoras. Bajo la justificación de lograr un ahorro fiscal, que ronda los 3.000 millones de dólares, la administración libertaria avanza con una política que responde de manera directa a las exigencias del FMI, sacrificando el acceso a la energía a millones de hogares para poder cumplir con el bendito equilibrio fiscal libertario.
El nuevo Sistema de Subsidio Energético Focalizado (SEF) elimina las tres categorías actuales (N1, N2, N3) para establecer solamente dos tipos de usuarios. Por un lado, aquellos que mantendrán algún nivel de subsidios, comprendiendo a hogares con ingresos menores a tres canastas básicas totales, equivalente a $3.641.397 mensuales. Por otro, los que perderán toda ayuda subsidiaria, al superar el monto de las tres canastas. La simplificación realizada en este esquema, como toda medida orquestada por este gobierno es engañosa, ya que, según estimaciones oficiales, alrededor de 7,5 millones de familias quedarán excluidas de los subsidios, representado el 45% de la población argentina.
Las modificaciones en los criterios del subsidio son profundas y regresivas. Por ejemplo, en el caso de la electricidad, los usuarios que conserven el beneficio recibirán una bonificación del 50% sobre un bloque de consumo que variará estacionalmente, 300 kWh en verano e invierno y 150 kWh en primavera y otoño. Esto representa una reducción significativa respecto al esquema anterior, donde los sectores de menores ingresos tenían subsidios del 70% u 80% sobre bloques de hasta 350 kWh. Para el gas por redes, el subsidio del 50% se aplicará exclusivamente entre abril y septiembre, los meses de mayor consumo invernal, mientras que en el resto del año todos los usuarios pagarán el precio sin bonificación alguna.
| Período | Límite de Consumo Subsidiado | Bonificación Base | Bonificación Adicional (Ene-Dic 2026) |
| Verano / Invierno (Mayor demanda) | 300 kWh mensuales | 50% | 25% en enero de 2026, reduciéndose 2% por mes hasta desaparecer en diciembre. |
| Primavera / Otoño (Meses templados) | 150 kWh mensuales | 50% | Igual que el anterior. |
Aunque el gobierno presenta cifras que intentan minimizar la percepción del aumento, la realidad es que millones de hogares experimentarán incrementos sustanciales en sus gastos energéticos. Los cálculos oficiales indican que el 66% de los hogares pagará menos de $44.000 por la electricidad en verano y el 75% abonará menos de $56.000 por el gas en invierno, cifras que resultan muy mentirosas si no se tiene en cuenta la capacidad adquisitiva real de los salarios deteriorados por la gestión de Milei.
En el caso de las garrafas de gas, el nuevo esquema incorpora a los 3,36 millones de beneficiarios del programa Hogar, quienes recibirán una bonificación equivalente al valor total de una garrafa de 10 kilos ($15.000) durante el invierno y del 50% del costo en el resto del año. Si bien esto representa una extensión de la cobertura, la ayuda resulta insuficiente frente al constante aumento en el precio de los combustibles.
El cuento del gobierno sobre la “focalización” y la “eliminación de subsidios a sectores de altos ingresos” omite una realidad mucho más complicada. La exclusión, casi masiva, de sectores medios que, aunque superan el umbral de las tres canastas básicas, distan mucho de contar con la capacidad para abonar estos aumentos. En este universo se ven afectados desde docentes, empleados estatales, trabajadores industriales hasta otro tipo de profesionales cuyos ingresos familiares pueden superar los $3,6 millones, pero que enfrentan gastos igualmente elevados en alquileres, educación, salud y transporte. Con esta nueva disposición, los trabajadores que venían sufriendo una fuerte contracción salarial, ahora se les carga un nuevo peso con el precio de las tarifas sin subsidios. La situación se agrava para trabajadores informales y monotributistas cuyos ingresos son fluctuantes pero que en sus mejores momentos superan el límite establecido, quedando atrapados en una categoría que no refleja su vulnerabilidad económica real. Además, el gobierno aprovecha para reducir drásticamente los volúmenes de consumo subsidiado y los porcentajes de ayuda, para realizar una transferencia de costos hacia los usuarios.
Este tarifazo se ubica en el marco del acuerdo con el FMI firmado en abril, que exige la “eliminación o reducción substancial de los subsidios energéticos” como condición para el equilibrio fiscal. Una vez más son los trabajadores quienes deben financiar con su consumo recortado el pago de una deuda externa ilegal e ilegítima y el superávit fiscal que pregona todo el gobierno.
Frente a este nuevo ataque, queda clara la necesidad de un modelo energético radicalmente diferente. No pude aceptarse una política que expulsa a millones del acceso básico a la energía mientras garantiza la rentabilidad para las grandes corporaciones. Es urgente impulsar una planificación energética bajo control estatal y social, con tarifas justas que contemplen el verdadero poder adquisitivo de los salarios, inversiones para el desarrollo soberano y una transición hacia energías limpias que priorice las necesidades populares sobre las ganancias empresariales.
