Guillermo Michel, titular de la Dirección General de Aduanas (DGA), se refirió por estos días al acuerdo que el país realizó con Estados Unidos para intercambiar información fiscal entre el IRS y la AFIP. Mientras informaba los primeros 68 casos de cuentas -no declaradas- de argentinos en Estados Unidos y un desfalco de “8,8 billones de pesos” por las mismas, también confirmó que existirá un blanqueo que beneficiará a quienes hayan incurrido en este ilícito. Como un péndulo, el progresismo se balancea hacia la derecha imitando una práctica predilecta por el macrismo.
El funcionario del círculo íntimo de Sergio Massa dijo que “la Argentina recibió de la OCDE cuentas de argentinos por todo el mundo por 8,8 billones de pesos que al tipo de cambio oficial son unos 4.000 millones de dólares”. Sin dar explicaciones y profundizar cuáles van a ser las sanciones para quienes hayan incurrido en esta práctica, el titular de la DGA si pudo confirmar que “ahora estamos trabajando para enviar al Congreso Nacional un proyecto de ley de blanqueo, pero los que lo van a decidir son los legisladores y la idea es que esté en vigencia entre el 1 de enero y el 30 de septiembre”. Como un imperativo, la defensa de la ganancia se ubica en primer lugar. Citar y repasar las definiciones del propio funcionariado del Frente de Todos devela el carácter del gobierno, donde el doble discurso ya casi no media ante su derechización espiralizada.
La nueva buena que reciben los fugadores es, en palabras de Michel, “un régimen de exteriorización de activos y consiste en volver al circuito formal esos activos que están sin declarar pagando una multa. Blanqueos tuvimos en el 2008, en 2013 con los CEDIN, en 2016 que, a mi criterio no tenía demasiados incentivos a traer los fondos del exterior y mucha gente optó por dejarlos afuera porque le prometieron que le bajaban bienes personales y al final se lo terminaron subiendo en 2018”. Reconociendo las transformaciones que ha sufrido el capital en este último período, quien dirige la aduana entiende que el gobierno tiene que ser complaciente con el capital financiero, ya que “el mundo cambió en 2008 a partir de la crisis de Lehman Brothers, el blanqueo que hizo (el ex-presidente Mauricio) Macri en 2016 funcionó y tuvo éxito porque se entraron en vigencia los convenios multilaterales de la OCDE e ingresaron 120.000 millones de dólares”.
Buscando la mayor rentabilidad
Simulando a la burguesía de inicios del siglo XX que vio parir al fenómeno del imperialismo, los capitalistas argentinos van saltando de país en país buscando beneficios impositivos, paraísos fiscales que le permitan evitar una doble imputación. Su objetivo es no pagar impuestos en los distintos países en las que se encuentran establecidos. Según Michel, “a partir de 2014 cuando se firmó el acuerdo de intercambio con Suiza, se estima que muchos fondos de argentinos salieron de las cuentas del HSBC en Ginebra hacia los Estados Unidos porque en ese momento no había acuerdo de intercambio de datos entre la Argentina y los Estados Unidos”. Por estos tiempos, como lo destaca el funcionario, el país de norte se ha convertido en la cueva por excelencia para fugar sus capitales.
Según se estima, en el exterior no solo habría dólares escondidos en Estados Unidos, si no que se calcula que la burguesía local fugó 338.000 millones de dólares, monto muy similar al de un PBI argentino. Es a través de este mecanismo que la riqueza generada con el trabajo diario de todos quienes viven de un salario, se escapa del país.
Entre los principales personajes que se encuentran como los responsables de este saqueo no están quienes guardan sus pocos ahorros con dólares debajo del colchón, sino los mismos nombres y empresas de siempre. Horacio Vervitsky, en El Cohete a la Luna, ya hace un tiempo que expuso los nombres de quienes se ubican entre los primeros 100 fugadores del país, entre empresas y personas físicas. La familia Eskenazi -amiga de la patria contratista de los gobiernos de CFK- se encuentra en primer lugar, la sigue el clan Werthein y muchos otros ligados a actividades financieras. En cuanto que entre las empresas las más resonantes son las siguientes: Telefónica, Pampa Energía, Wester Union, American Express, General Motors, el Grupo Clarín, Techint, Arcor, Aceitera General Dehezam, entre otras.
Como es de esperar, no hay grieta entre quienes copan este ranking. Tanto empresarios ligados al macrismo como al kirchnerismo son quienes completan los listados de quienes se encargan de desfalcar los recursos de todos.
Banca estatal única, el torniquete que necesitamos
El discurso que los personajes como Milei, Espert o algunos sectores de los halcones del PRO instalan por estos días se desvanece por el aire. La imagen de una AFIP y en general un Estado “opresor” de los negocios que defienden los empleados a sueldo de los empresarios no talla cuando se devela ante los ojos de todos el verdadero accionar de las instituciones capitalistas.
No hay ningún panóptico que supervise y castigue el funcionamiento de enriquecimiento de los capitalistas, más bien todo lo contrario. Con la Ley 21.495 sobre desnacionalización y descentralización de los depósitos, y la Ley 21.526 que estableció el nuevo régimen legal de las entidades financieras, la banca privada permite este tipo de maniobras de fuga de capitales. Constatando esto, según Llorens y Cafiero fueron los bancos privados quienes han admitido el 80% de la fuga de capitales durante el año 2001, firmas como Citibank, Banco Galicia, el BBVA y otros, fueron los que participaron de la maniobra.
Como lo propone el MST en el FIT-Unidad, establecer una banca estatal única es la única manera de poder controlar los recursos del país y terminar con el imperativo de la ganancia privada. Solo con un instrumento de este tipo, que administre todo el flujo de dinero, por parte de sus trabajadores y usuarios, podremos poner las necesidades sociales que se acentúan día a día en nuestro país contra la manía de la fuga de capitales.