Milei asumió prometiendo “libertad” y “reducción del Estado”. A un año de gobierno, sus dos últimos decretos implican menos libertades democráticas y más poder al Estado para reprimir las protestas sociales con mano militar.
La libertad de Milei no es para toda la población, sino para los poderosos y sus ganancias. Para eso impuso el DNU 70/23, la Ley Bases y otras medidas que perjudican a las mayorías, entregan los recursos y dañan el ambiente. Es una libertad falsa, en beneficio de un ínfimo sector privilegiado.
La reducción del Estado también es tendenciosa. Sólo redujo o cerró áreas que garantizan derechos o brindan prestaciones sociales: salud, educación, género, etc. En cambio robusteció el rol represivo del Estado, lo cual a su vez reduce las libertades civiles.
Su primera medida fue el llamado protocolo “antipiquetes”, la Resolución 943/2023 de la ministra Patricia Bullrich, que criminaliza la protesta social. Con nuestra diputada Cele Fierro, desde el CADHU lo cuestionamos ante la justicia por inconstitucional[1]. Además de violar derechos humanos modifica el Código Penal, facultad exclusiva del Congreso. Después de pasar por siete juzgados, nuestra causa la tiene la Corte Suprema para definir el fuero competente…
Milei y Bullrich vienen por más
El 18 y 19 de diciembre, respectivamente, se publicaron en el Boletín Oficial los decretos 1107[2] y 1112[3]. Complementarios entre sí, ambos modifican la Ley 24.059 de Seguridad Interior y la Ley 23.554 de Defensa Nacional, también violando lo que es una facultad exclusiva del Poder Legislativo ya que una ley sólo se puede reformar mediante otra ley.
- La Ley 24.059 establece las condiciones de actuación de las fuerzas nacionales de seguridad: Policía Federal Argentina, Policía de Seguridad Aeroportuaria, Gendarmería Nacional y Prefectura Naval Argentina.
- La Ley 23.554, en su artículo 2, limita el accionar de las FF.AA. a “enfrentar agresiones de origen externo” para “garantizar… la soberanía e independencia de la Nación Argentina, su integridad territorial y capacidad de autodeterminación; proteger la vida y la libertad de sus habitantes”. Y el art. 3 se refiere al accionar ante un hecho bélico.
Ahora, el Decreto 1107 le da al Poder Ejecutivo la facultad exclusiva de definir qué es un objetivo de valor estratégico para “protegerlo” con fuerzas militares, por ejemplo ante un conflicto sindical o social. La amplitud de conceptos utilizada deja amplios poderes al Ejecutivo para decidir qué es estratégico o no para el Estado y el funcionamiento de la economía.
A su vez el Decreto 1112 complementa al anterior y dispone como objetivo de las FF.AA. a quienes amenazan explícitamente o den indicios de “la probable concreción de perjuicios en contra de los intereses vitales de la Nación Argentina”. Este concepto tan ambiguo les permitirá a los ministros de Defensa y de Seguridad coordinar operativos conjuntos para reprimir esas supuestas amenazas.
Ambos decretos aluden al terrorismo internacional y bandas paramilitares como amenazas concretas contra nuestro país, lo cual está fuera de la realidad y es sólo una excusa para justificar la represión a los reclamos sociales.
Basta de autoritarismo represivo
Al votarse la Ley Bases el 12 de junio, el gobierno difundía la idea de que quienes protestaban eran terroristas que intentaban dar un golpe de estado. El fiscal Stornelli fundamentó su acusación a los detenidos aquel día en la supuesta intención de los manifestantes de atacar la democracia y llevar adelante un golpe.
Estas mentiras esparcidas desde el gobierno, sus trolls y sus periodistas arrastrados dejaron decenas de heridos por la represión y decenas de detenidos en cárceles federales, con causas aún abiertas. Con estos nuevos decretos se encaminan a profundizar la represión contra las protestas populares, ahora también con fuerzas militares, con tal de garantizar el ajuste y la entrega.
Con estas dos nuevas herramientas jurídicas, el gobierno de Milei profundiza su rumbo hacia un régimen político mucho más autoritario, totalitario, anulando libertades democráticas de los individuos y colectivos populares a fin de garantizar la “libertad” de los sectores económicos concentrados para seguir aumentando sus ganancias a costa de las penurias de millones.
La salida ante el autoritarismo represivo es la mayor unidad de acción y organización para enfrentarlo, a la vez que trabajar por una salida política de fondo, antiimperialista, anticapitalista y socialista. Porque el sistema capitalista, en su crisis y decadencia, ataca cada vez más todos los derechos, libertades y garantías antes vigentes.
Mariana Chiacchio
CADHU – MST
[1] https://periodismodeizquierda.com/el-mst-pidio-a-servini-suspender-el-protocolo-de-bullrich-es-un-engendro-represivo-e-inconstitucional/
[2] https://www.boletinoficial.gob.ar/detalleAviso/primera/318420/20241219
[3] https://www.boletinoficial.gov.ar/detalleAviso/primera/318502/20241220