La capacidad para inventar excusas poco creíbles parece ser una marca registrada en la familia Adorni. Acorralado por una investigación por presunto enriquecimiento ilícito, el diputado bonaerense Francisco Adorni ensayó una justificación irrisoria ante la Justicia: dijo que la inconsistencia millonaria en su declaración jurada fue producto de “poner un cero de más”. Del cuento del pendrive con criptomonedas a los errores de tipeo, las mentiras pocos creíbles del mundo libertario para tapar la corrupción.
En las filas de La Libertad Avanza, la supuesta transparencia se desmorona tan rápido como los salarios de la clase trabajadora. En un intento desesperado por frenar un llamado a indagatoria, Francisco Adorni, actual diputado provincial por la provincia de Buenos Aires y hermano del ex jefe de Gabinete, Manuel Adorni, presentó un escrito ante el juzgado federal de Daniel Rafecas. El objetivo de esta presentación espontánea fue evitar que el fiscal Guillermo Marijuan lo siente en el banquillo de los acusados por enriquecimiento ilícito.
Los números del legislador sencillamente no cierran. En su declaración jurada anual correspondiente al 2024, Adorni consignó una deuda inicial de 130 millones de pesos, la cual, hacia el cierre del período, aparecía reducida a 60 millones. Ante semejante cuadro, el fiscal Marijuan dedujo lo evidente: el funcionario canceló obligaciones por 70 millones de pesos sin poder explicar ni justificar de dónde sacó los fondos para hacerlo.
Frente a la presión judicial, la respuesta de Adorni fue un verdadero monumento al cinismo, buscando tomarle el pelo a toda la sociedad. En su escrito, aseguró que cometió un “error material” al momento de volcar los datos y que la deuda real era de 13 millones de pesos. Su justificación se reduce a culpar a la tecla del cero por haber multiplicado su pasivo, argumentando que deducir un ocultamiento patrimonial por esa equivocación carece de “lógica económica“.
Un experto en números que se olvida cómo contar
Para entender la gravedad de esta burla, hay que repasar el prontuario profesional y político del protagonista. Antes de ocupar una banca en la Legislatura bonaerense, Francisco Adorni fue premiado por el gobierno de Javier Milei como titular de la Unidad de Auditoría Interna del Ministerio de Defensa y, posteriormente, fue designado al frente del Instituto de Ayuda Financiera (IAF) de las Fuerzas Armadas, manejando el sistema de retiros y pensiones militares.
Pero el dato que corona la farsa es su verdadera profesión. Adorni es contador público nacional, egresado de la Universidad Nacional de La Plata, y trabajó durante casi dos décadas en el Consejo de la Magistratura bonaerense. ¿Cuál era una de sus funciones principales allí? Precisamente, analizar y auditar declaraciones juradas. Que un experto en contabilidad, con veinte años de experiencia revisando el patrimonio ajeno, alegue haberse confundido con “un cero de más” en su propia documentación para tapar un bache de 70 millones, es una subestimación grosera a la inteligencia de la gente.
Negocios turbios: una tradición de familia
Esta matriz de excusas baratas y fortunas repentinas opera ya como una verdadera tradición dentro de la familia. No es la primera vez que Francisco Adorni toquetea sus papeles oficiales; ya había tenido que rectificar una declaración para hacer aparecer mágicamente 24,5 millones de pesos en efectivo, aduciendo que 21 millones provenían de una oportuna herencia paterna.
El mismo libreto calcado utilizó su hermano. Cuando el ex jefe de Gabinete, Manuel Adorni, fue arrinconado por el fiscal Gerardo Pollicita para que explicara la aparición repentina de medio millón de dólares en su patrimonio, apeló a la misma historia de la herencia y coronó el absurdo inventando la existencia de un pendrive cargado con criptomonedas. Excusas truchas y coordinadas para encubrir lo inocultable.
La corrupción como pilar del modelo libertario
El desfile judicial de los hermanos Adorni destruye por completo el relato de “la moral como política de Estado” de La Libertad Avanza. El discurso contra la casta funciona para encubrir a una nueva cúpula dirigente que se enriquece a costa del Estado. Mientras el gobierno somete a la clase trabajadora a un ajuste brutal, pulveriza las jubilaciones, fomenta los despidos y empuja a millones de personas a la pobreza, sus funcionarios multiplican sus patrimonios personales y se ríen en la cara de la sociedad con explicaciones irrisorias.
La corrupción, el lavado y el enriquecimiento ilícito son engranajes centrales de este modelo de ajuste. La impunidad con la que se manejan estos personajes confirma la podredumbre estructural de un gobierno dedicado exclusivamente a garantizar los negocios del capital financiero y de sus propios alfiles.
Terminar con este nivel de provocación y saqueo exige fortalecer la organización y la movilización, para echar a esta manga de corruptos y ajustadores. Sin embargo, para barrer con la impunidad no podemos confiar en las instituciones judiciales de este mismo régimen cómplice. Debemos imponer la puesta en pie de una comisión investigadora absolutamente independiente de todos los poderes del Estado. Un organismo conformado por personalidades intachables, dotado de todas las herramientas y capacidades necesarias para ir hasta las últimas consecuencias, desmantelar estas redes mafiosas, dar con todos los culpables y garantizar el castigo efectivo para que terminen pagando en la cárcel todo el daño ocasionado al pueblo trabajador.
