La cartera ministerial dirigida por Sandra Pettovello, volvió apelar contra un fallo de la justicia en relación a la distribución de los 6 millones de kilogramos de alimentos que se encuentran retenidos en los galpones ubicados en Villa Martelli (Provincia de Buenos Aires) y Tafí Viejo (Tucumán).
Capital Humano apeló al fallo de la Justicia que exige la presentación de un informe donde se detalle el proceso de distribución de alimentos agolpados en los galpones mencionados anteriormente. El juez, Martín Cormick, dio a conocer la resolución en la cual se reduce a 48 horas el tiempo de presentación del plan de reparto de la mercadería con destino a los comedores populares. Frente a esta situación el ministerio encabezado por Pettovello decidió apelar a esta medida señalando que existe intencionalidad política en la reducción de los tiempos para la presentación del plan de distribución.
El gobierno se presentó ante la Justicia en lo Contencioso Administrativo para que en la causa por la entrega de alimentos vuelva a regir la decisión del juez Walter Lara Correa.
El comienzo de este proceso judicial, que comprende a los jueces Lara Correa y Cormick, dio inicio con un Recurso de Amparo colectivo presentado por el CELS y la UTEP para que se garantice el derecho de alimentación en los comedores. Lara Correa dio lugar a este recurso. De aquí se emitió una cautelar, la cual, en un periodo de 20 días, se le exigía al gobierno la presentación detallada de como se está ejecutando la distribución de alimentos depositados en Villa Martelli y Tafí Viejo. Este periodo de tiempo que le otorgaba Lara Correa comenzó el 12 de julio, pero fruto del receso invernal, la Justicia habilitó la feria para cumplir el fallo que obliga al gobierno continuar con la entrega de alimentos. En medio del receso, el juez que queda a cargo de la causa es Martín Cormick. El cual, el pasado 23 de julio, acortó el plazo de entrega del plan de distribución de alimento, dándole 48 horas para realizar dicha exposición.
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Como un acto reflejo, ya común para este gobierno y sobre todo en este ministerio, la apelación presentada alega intencionalidad política, un movimiento para justificar la inexistente distribución de alimentos a los comedores populares. Una situación similar ya había ocurrido hace unas pocas semanas, donde el equipo legal de Capital Humano, encabezado por la subsecretaria legal, Leila Gianni, había presentado una apelación contra la decisión del juez Casanello, donde se acusaba “intromisión judicial en la política del gobierno”. En este caso la Cámara de Casación Penal rechazó la presentación de Gianni expresando que: “no logra rebatir de modo concreto y acabado los argumentos expuestos en la resolución impugnada”.
Pero el gobierno y Pettovello en particular no lograron su cometido. Recientemente el juez federal en lo contencioso administrativo Martín Cormick rechazó la apelación presentada por el Ministerio de Capital Humano e intimó a sus titulares para que, en un plazo de 48 horas, conteste si está cumpliendo o no con la medida cautelar que dictara el 12 de julio pasado, el juez Walter Lara Correa. En concreto, con este nuevo rechazo, la justicia le está ordenando que entregue los alimentos.
Una vez más, Pettovello intentó, sin lograrlo, realizar otro ataque a los sectores más vulnerados por la actual crisis que atraviesan las mayorías trabajadoras y los sectores populares. En medio de un país con niveles de pobreza que afectan a más de la mitad de la población, es criminal la línea de acción que lleva adelante este ministerio, cortándole el envió de alimentos a todos los comedores populares y merenderos. Donde los principales afectados son los pibes, pibas y familias, los cuales, en estos lugares eran donde encontraban un plato de comida.
Actualmente, la distribución de alimentos se realiza a cuenta gotas y solo tienen prioridad las organizaciones o instituciones que van políticamente en sintonía con las medidas del gobierno. Este accionar va de la mano con la intención de continuar con la estigmatización a las organizaciones sociales y políticas, las cuales a pesar de no contar con recursos suficientes son la primera línea para organizar y ayudar a los vecinos más vulnerados por la crisis. En este contexto la distribución de mercadería tiene que retomarse de forma urgente para poder volver a abastecer a los comedores populares.