El pasado sábado 24 de septiembre, en Florencio Varela, un vendedor ambulante de pimpollos de flores, fue víctima de la policía local. Luciano Gabriel Ruiz fue sufrió, ilegalmente, la represión y posterior detención por parte de la policía local. Como de costumbre, en este municipio que gobierna el Frente de Todos, las fuerzas represivas no se cansan de perseguir a los vendedores ambulantes.
En este caso, yendo contra la ley, los policías detuvieron al vendedor sin motivo alguno. Vale recordar que la venta de mercancías no es un delito sino una contravención, por tanto, la policía no tiene argumento alguno para retener ni mucho menos detener a nadie. Sin importar lo aclarado, los encargados del operativo montaron una mentira que transmitieron a la fiscalía de turno, acusando a Luciano Ruiz de dos delitos: resistencia a la autoridad y lesiones graves. Toda una farsa de estos represores a sueldos.
Una vez más los abusos de las fuerzas policiales se hacen presente, la violencia institucional sigue en escalada a la par del aumento de la indigencia en el país. Ante la falta de trabajos genuinos, con todos los derechos conquistados por la clase trabajadora y un salario digno, quienes salen a trabajar de manera ambulante sólo reciben como respuesta por parte del Estado la represión. En este caso en particular la violencia escaló de niveles, ya que fue la propia policía quien además de reprimir y apresar a Ruiz, también le inventó una causa inexistente.
Como lo destaca Omar Guaraz, dirigente de Vendedores Libres, este comportamiento es moneda corriente. El mismo día de la detención de Luciano Ruiz, Cristina otra vendedora que fue testigo de la detención y filmó el accionar de la policía, también fue detenida. El motivo de la detención de Cristina era secuestrarle su celular y borrar las filmaciones que comprometen y registraron la detención de Luciano. En la comisaría su celular fue secuestrado y el personal policial borró todas las grabaciones.
El accionar de la policía en Florencio Varela, como lo refleja la organización de vendedores que representa Guaraz: “es una decisión política del intendente Andres Watson, cuya finalidad es aplicar el terror estatal con toda las graves consecuencias (pérdida de la libertad, judicialización mediante armados de causas y apremios ilegales) para lograr el objetivo de erradicar a los vendedores de su distrito, que crecen a diario (como en todo el país) producto de un ajuste en marcha y una crisis económica que crece a diario, generando pobreza y exclusión”.
Si la venta callejera fuera regulada por Ley, lejos estaríamos de presenciar estos repudiables atropellos policiales. Tomar y sancionar políticas de este tipo, en cambio, asegurarían la posibilidad de trabajo de las miles de personas que se dedican a la actividad.