Alberto Fernández dio su discurso en la 77 Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), que se realiza en Estados Unidos. El presidente, que en la escena local actúa en un segundo plano luego de la asunción de Sergio Massa como superministro de Economía, ayer presentó su alocución en el evento de la ONU y se refirió a la deuda con el FMI, el intento de magnicidio contra la vicepresidenta y denunció hipócritamente el cambio climático.
Un deudor responsable
Tras haberse fotografiado con Kristalina Georgieva y haber considerado productiva la reunión con la número uno del organismo de crédito, el primer mandatario argentino dijo: “las naciones endeudadas padecen más las consecuencias del sistema establecido. Por eso quiero dar gracias a todos los estados que nos apoyaron y que nos apoyan en el complejo proceso de renegociación de nuestra deuda externa, ese endeudamiento que mi gobierno no generó pero que afronta con toda seriedad”. Muy lejos en el tiempo quedó aquel Alberto Fernández que, con gran vehemencia, al menos desde el plano discursivo, repudiaba la deuda macrista. De presentarse como primer querellante a ser el primero en agradecer al resto de los países imperialistas que apoyaron la decisión para que el Fondo siga digitando la economía argentina con el nuevo acuerdo de Facilidades Extendidas, que diseñó Martín Guzmán y aprobó la mayoría del Congreso.
La hipocresía en la exposición de Fernández no tuvo límites. Llevó a la discusión el legítimo reclamo por Malvinas, mientras se arrodilla de manera permanente con el FMI. Lo dicho por el presidente en este aspecto, refleja el curso a seguir por parte del Frente de Todos en lo que resta de mandato. Y más se reafirma con el siguiente fragmento: “Es un endeudamiento que mi gobierno no generó pero que afronta con toda seriedad”. Las palabras de Alberto muestran que ser el mejor alumno del Fondo es el único plan de gobierno que se piensa y el reflejo cabal es el proyecto de Presupuesto que presentó Massa el jueves pasado en la Cámara de Diputados. Recortes y más recortes, es la esencia de la “ley de leyes” que el tigrense cocinó en su estadía en Estados Unidos.
Contra los discursos de odio, pero a favor de la democracia capitalista que los engendra
El discurso de Fernández, en gran medida, también estuvo atravesado por la mención al intento de magnicidio que sufrió la vicepresidenta. Así fue que denunció a los “profetas del odio”. Alberto dijo que: “Quienes buscan debilitar y erosionar las democracias, tienen intereses específicos que los lleva a promover la polarización extrema”. Y además sumó: “el intento de asesinar a la vicepresidenta no solo afectó la tranquilidad pública. También buscó alterar una virtuosa construcción colectiva que el año entrante cumplirá cuatro décadas de vida. En 1983 recuperamos la democracia e iniciamos un largo ciclo histórico en el cual alternaron en el gobierno distintas fuerzas políticas”.
Por polarización extrema el presidente da a entender que las peleas sociales que acompaña y desarrolla la izquierda son comparables a los actos que desarrollan los grupos que integran quienes están acusados del atentado a CFK. Anteriormente Batakis y Mariano Arcioni, en Chubut, mostraron un discurso similar apuntando a las manifestaciones que rechazaron la zonificación minera.
De más está decir que no hay ningún plan de desestabilización como el presidente lo remarca. Habría que hacerse la pregunta intuitiva de qué sector de la burguesía local o internacional impulsaría tal iniciativa cuando este gobierno le cumple todo tipo de deseos y con creces. Además, la democracia capitalista defendida por Fernández, es la misma que legaliza y normaliza el ciclo de endeudamiento que se arrastra desde la última dictadura y ha empujado a un 40% de la población a la pobreza.
Si se quiere combatir realmente los discursos de odio, hay que combatir las condiciones materiales que lo hacen emerger y para eso es necesario rechazar la deuda que somete a condiciones de atraso y miseria a la mayoría del país.
¿Denunciando el extractivismo?
Mientras diferentes puntos geográficos del país presentan incendios provocados por la avaricia del modelo extractivista que detenta Argentina, Alberto se da el lujo de hablar sobre el cambio climático. En referencia a la crisis climática dijo que: “Las responsabilidades definitivamente deben ser diferenciadas y ello exige aliviar en la emergencia el esfuerzo de quienes no fueron culpables”.
Más allá de la discusión real de que los países imperialistas son quienes más dióxido de carbono emiten, la responsabilidad de Fernández y los progresismos no es menor. El humo de Rosario, conjuntamente con los responsables materiales, es un ecocidio que lleva la marca del Frente de Todos al no hacer absolutamente nada para detener los incendios. Cabandie, Bordet y Perotti, todos funcionarios de la coalición peronista, han tomado alguna medida contundente para frenar con las quemas intencionales. También podríamos sumar que mientras Alberto denuncia que a: “La seguridad alimentaria debemos garantizarla a todos los habitantes del planeta. No podemos transitar este tiempo con hambrunas”, en Argentina 6 de cada 10 niños son pobres y, por ende, no acceden a una dieta saludable. Al mismo tiempo las patronales agrarias son condecoradas con un “dólar-soja” a $200.
Además de los incendios, es sumamente hipócrita lo que dijo el presidente en la Asamblea General de la ONU. Una semana atrás su ministro de Economía se paseó por Houston ofreciendo la explotación de cuantos bienes comunes puedan existir en Argentina. Massa le confirmó al establishment estadounidense que tienen las puertas abiertas para seguir explotando la extracción no convencional de petróleo en Vaca Muerta, acelerar la explotación off shore en la costa atlántica y, también, expoliar una de las reservas de litio más grande del mundo. Por más discursos greenwashing que se quieran pronunciar, el extractivismo del peronismo es inocultable.
En síntesis, la intervención del presidente, desde todos los ángulos, estuvo ordenada en la defensa de un modelo al servicio del FMI y el pago de su deuda ilegal e ilegítima que pagan el conjunto de los trabajadores con un ajuste permanente.