La campaña electoral transcurre y los candidatos del extractivismo están cada vez más arrinconados con las acciones de movilización y lucha que se dan en todo el país. Hablar sobre el ambiente ya no puede ser una excepción, sin embargo, como ecosocialistas sabemos muy bien que por más que se vistan de verde, los partidos tradicionales son todos extractivistas.
Salir de esta catástrofe social, sanitaria y ambiental es posible, para hacerlo hay que romper con el modelo económico, social y productivo que se basa en sobreexplotar a los trabajadores y la naturaleza con el único objetivo de aumentar las riquezas del 1% de la población. En el país del 42% de pobreza, solo en el 2021 se aplicaron más de 600 millones de litros de agrotóxicos, de los cuales entre un 20 y 30% impactan en el cultivo, el resto fluye por las napas, ríos, arroyos, vientos y dejan consecuencias brutales, tales como encontrar agrotóxicos en la Antártida, en la lluvia o el agua del río Paraná.
Sin alimentos para las poblaciones, solo dólares para el FMI
El 70% de la producción de nuestro país es de cultivos transgénicos como soja, maíz y algodón. El impacto de esta forma de cultivos es tan grande que no solo se vive en el proceso de desertización, producto del desmonte y cambios de uso del suelo, sino también en la desigualdad social que se genera con la reprimarización de la economía.
A la misma vez, tener la capacidad de producir en tiempos de agronegocio, al nivel de costear una producción donde los insumos se encuentran completamente dolarizados es sinónimo de ser un terrateniente que detenta una concentración de grandes extensiones de tierra y capital. Este modelo es fomentado tanto por el Frente de Todos, como por Juntos por el Cambio, quienes buscan profundizarlo con la introducción del trigo transgénico HB4 y, a la misma vez, frenan leyes como la del etiquetado frontal, para evitar dejar al descubierto la información de los componentes de los alimentos que circulan en las góndolas. Mientras, las poblaciones se encuentran cada vez más pobres y enfermas.
Un combo a medida, donde cuaja perfectamente la producción contaminante de commodities, la concentración de las tierras y las riquezas, todo al servicio de una estructura económica donde la premisa es obtener dólares para el pago de una deuda ilegal contraída con el FMI, dejando las necesidades sociales en último plano.
El fuego, la sequía y los mismos de siempre
Priorizar este modelo nos lleva a consecuencias ambientales brutales. En lo que va del 2021 ya se perdieron más hectáreas que en el mismo periodo del 2020. Los incendios se dan con epicentros en los humedales del Delta del Paraná y en las sierras cordobesas donde, por ejemplo, se prevé que la superficie quemada este año será la mayor en décadas. Los discursos de Cabandié y los gobernadores son más nafta al fuego, porque no avanzan con las decisiones políticas y el presupuesto necesario para paliar esta situación.
Seguimos organizándonos para exigir una ley de humedales sin trampas, acorde a nuestras necesidades ecosistémicas y no al servicio de profundizar el saqueo. Estas quemas no son naturales, son producto de un sistema económico que concibe a los humedales, las sierras y los territorios como zonas a ser explotadas y arrasadas. El agronegocio, la ganadería y la especulación inmobiliaria avanzan gracias a la complicidad de los partidos que gobiernan. No hay sanciones judiciales, no hay control territorial ni ambiental frente a los incendios. Las poblaciones se tienen que organizar hasta para controlar los focos y sufrimos las consecuencias más directas, como la ruptura del ciclo hidrológico del río Paraná, un fenómeno producto de las consecuencias de los incendios, cambios de uso de suelo en Argentina, Paraguay y Brasil. La ilusión de que los pasados incendios en el Amazonas, por ejemplo, nada nos pueden hacer, es solo un relato conservador de los negacionistas del cambio climático. Las consecuencias de la voracidad capitalista ya están aquí. Hay que organizarnos para revertirlas.
Ciudades de cemento y de basura
El extractivismo urbano privatiza las ciudades, destruye los pocos pulmones verdes que nos quedan y destina a sectores de la ciudad a estar condenados a ser basurales a cielo abierto. Si sos de una ciudad de cualquier parte del país, seguro conoces algún sector que sufrió primero el abandono y desidia del Estado, para luego dar pasos a los negociados. Ejemplo de esto son parques, plazas, bordes costeros, incluso barrios a los que por años se les negaron obras de infraestructura, no llegaba el transporte público o simplemente se abandonó para que su «descuido» se traduzca en zonas en desuso y tendientes a la «revalorización». Así, los gobiernos, sea uno de derecha como el de Larreta o uno «progresista» como el de Kicillof, avanzan con modelos de ciudades al servicio de los sectores privilegiados y no de las necesidades sociales. En estos años atravesados por la pandemia, donde a nivel discursivo se valoran los espacios públicos y verdes como imprescindibles para nuestra salud, se sigue sistemáticamente fomentando acuerdos espurios con megaconstructores.
En este momento el ejemplo más paradigmático es la entrega de parte de la reserva de la costanera sur a IRSA y sectores privados. La transformación de ese humedal en un megamonstruo de cemento al servicio de un puñado de personas ricas, pone en peligro ecosistémico el único humedal que queda en el distrito, es decir la vida de todes. Por este mismo camino se profundizan los basurales a cielo abierto y el vertido de los residuos cloacales e industriales a ríos y arroyos sin un tratamiento adecuado. Esto no es nuevo, está a la vista de todos aquellos lugares emblemáticos para nuestro país, como el riachuelo, solo por citar un ejemplo. También se podrían agregar las playas del litoral, que en temporadas enteras se encuentran teñidas de verde producto de la contaminación por las cianobacterias. En este marco, hoy más que nunca, luchar por el derecho a la ciudad es luchar por un ambiente sano.
Sin ecosocialismo no hay solución
Los partidos tradicionales se montan al discurso verde, pero transparente es la voluntad política de privilegiar modelos explotadores, saqueadores y contaminantes. Desde el MST en el FIT-U construimos la Red Ecosocialista para luchar y proponer otro modelo productivo. Uno al servicio de las necesidades sociales y no de las ganancias de unos pocos. Por eso impulsamos la discusión sobre la propiedad de la tierra, manifestando la necesidad de una reforma agraria integral y agroecológica, para que la tierra sea para quien la trabaja. Junto con el no pago al FMI para recuperar la soberanía. Hoy gritamos junto a las poblaciones y queremos llevar al Congreso la prohibición de los agrotóxicos, frenar el acuerdo porcino, impulsar una ley de humedales con control social y antiextractivista. Hay que declarar la imprescriptibilidad de los delitos ambientales, prohibir la especulación inmobiliaria y recuperar lo que es nuestro. Sabemos que es hora de construir un movimiento político que avance en lo que realmente importa. Hay que torcer la voluntad política de quienes creen que el progreso es expulsando poblaciones y utilizando la naturaleza como un mero recurso. Tenemos que recuperar el derecho a decidir desde la perspectiva de las necesidades sociales y ecosocialistas.