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Desde hace años que nuestro país ronda por los puestos del podio en el bochornoso ranking mundial de uso de agrotóxicos. Si bien los genios de la diplomacia nacional han sabido hacernos parte de diversos acuerdos internacionales por la defensa del medioambiente y la protección de la salud, parece que esto ha significado nada más que una fachada para conservar el visto bueno del mundo capitalista “verde”. Sí, existen leyes y entes estatales reguladores del uso de agroquímicos (SENASA). Sin embargo, la regulación está dispersa en diferentes leyes nacionales y provinciales y decretos de diferentes órganos administrativos y municipios. No existe una ley unificada que establezca presupuestos mínimos ambientales para la aplicación de agroquímicos. Los procesos de la ley y la justicia son lentos y muy torpes frente a una industria agropecuaria cada vez más desesperada por aumentar sus ganancias.
Son varias las denuncias de fumigaciones con químicos prohibidos, de fumigaciones a metros de hogares, escuelas y centros de salud. También son varios los análisis que indican la presencia de estos químicos (como el terrible glifosato) en los patios de las casas, de las escuelas, en el agua, en el aire (incluso en las grandes ciudades1).
Todo un municipio comprado
Exaltación de la Cruz, un municipio al noroeste de CABA, ha sido sede de varias de esas denuncias. Uno de los ejemplos más escandalosos que ha tenido lugar en esa zona es el paso de una avioneta de fumigación por encima de la Escuela EGB Nº 4 General José de San Martín, de Parada Robles, en pleno horario de clase (se ha excluido a los vecinos de la información sobre esa causa iniciada en 2019, pero el abogado Fabián Maggi del colectivo Exaltación Salud,en el que muchos vecinos se encuentran organizados para luchar, indica un posible arreglo con las autoridades de la escuela; como si el cáncer entendiese de negocios). La lucha incansable de los vecinos ha logrado una ordenanza municipal que impide las fumigaciones aéreas y una medida cautelar que establece una distancia mínima de 1.000 metros de casas y escuelas para las fumigaciones terrestres. Sin embargo, los culpables de este delito y muchos otros que en adelante fueron sucediéndose no han sido ni siquiera imputados.
Desde hace 5 años en Exaltación de la Cruz se viene denunciando la fumigación con agroquímicos. La cautelar terminó siendo una simple etiqueta que los fumigadores llevan ufanamente como listón mientras continúan con sus tareas de sicarios a largo plazo. Esto es principalmente porque el Ministerio Publico Fiscal, encargado de llevar adelante las denuncias e imputar a los denunciados, no está haciendo que sus funcionarios sean consecuentes con su labor.
Connivencia y corrupción profundamente arraigadas al corazón del agronegocio permiten estos abismos de acción legal en los que los vecinos se hallan completamente desamparados. Las majestuosas herramientas jurídicas y legales con que se presenta el sistema actual para servir al ciudadano se vuelven nada más que meros martillos de peluche y clavos de goma cuando el
concepto de ganancia tiene más poder que el concepto de justicia. Y esto no es producto de algunos funcionarios corruptos, sino que es parte de todo un entramado de intereses sobre los que descansan las instituciones capitalistas. Cualquier línea de acción legal recae, en última instancia, sobre los defensores de lo privado, los defensores de la explotación ambiental.
Ni normas legales ni fallos judiciales, ambos brazos de la república están podridos de raíz. En cada campaña de siembra se repite la misma historia: fumigaciones en todos los campos, desde los más alejados hasta los lindantes con escuelas, centros de salud, y las casas de los vecinos. Como se ha dicho, se acumularon denuncias relacionadas al efecto de estas fumigaciones, ya sea por presencia de químicos en los suelos de viviendas o escuelas, o por presencia de ellos en sangre, como por enfermedades que personas o familias enteras presentan (no como una casualidad o causalidad indescifrable, sino más bien con un claro rastro que lleva muy evidentemente a los agroquímicos).
Desde hace 5 años que estas denuncias (carpetazos que crecen año a año) se ponen en conocimiento de los fiscales y no son investigadas. Junto con las denuncias, van desfilando funcionarios: primero, el fiscal Juan Manuel Esperante, apartado de la causa y denunciado por incumplir su deber; luego, habiendo pasado por un fiscal intermedio, llegamos a quien hoy se encuentra a cargo de la investigación, el fiscal Alejandro Irigoyen, instruido en la misma escuela de inoperancia que el anterior. Irigoyen incluso ha llegado a archivar causas.
Los vecinos se vieron obligados a pasar al fiscal general para obtener respuestas, logrando que se desarchiven las causas cajoneadas por el fiscal Irigoyen. Sin embargo, a este último, que es el fiscal de grado (quien tiene a cargo las investigaciones) le cuesta responder a pesar de las palmadas que su supervisor le brinda para que se despabile. Por lo menos luego de la presentación formal de un pedido de recusación el pasado 5 de octubre, el fiscal se movió un poco en algunas causas, aunque con una línea de acción ridícula, mandando a analizar muestras de suelo viejas, con agrotóxicos probablemente degradados luego de 2 años de almacenamiento.
Pero, ¿quién es el que cercena los brazos de la ley y de la justicia? ¿Acaso la corrupción es un fenómeno paranormal inexplicable que posee a los funcionarios? Bueno… no. Los tentáculos del avaro monstruo se alzan vigorosos en toda esta problemática demostrando que quién aprieta es el capital. Corporaciones de gran peso económico e incidencia en el poder político maniatan a los que, lejos de ser pobrecitos, se dejan atar bien fuerte. De hecho, en este caso particular de Exaltación de la Cruz, es la Sociedad Rural la que trabaja haciendo lobby con tal de que las causas no avancen. Los vecinos han denunciado arreglos que incluyen donación de mobiliario a la policía rural, encargada de actuar en terreno en respuesta a las denuncias de los vecinos; lo que explica la curiosa dinámica de los llamados a la policía por fumigaciones, en las que los fumigadores tienen siempre el tiempo justo para desmontar todo el operativo antes de que lleguen las autoridades. Varios de los integrantes de la Sociedad Rural están sospechados como perpetradores o responsables del delito de contaminación por ser dueños de los campos.
Adecoagro, gigante venenoso
Una pieza importante del sucio rompecabezas, protagonista de una reciente polémica, es el del gigante agroindustrial ADECOAGRO (que posee, entre otras marcas, Las Tres Niñas, Molinos Ala, Apóstoles).
El pasado 16 de septiembre, una vecina vio un mosquito esparciendo agroquímicos a una distancia menor de 1.000 metros (violando la cautelar) de la Escuela N°5 de La Lata, en un campo perteneciente a Adecoagro.
Habiendo asistido la supervisora general de la Guardia Urbana, luego del llamado de la vecina, calcularon juntas un estimado de la distancia. Con haber obtenido unos 740 metros, se llamó a un comando de la Patrulla Rural. Los oficiales del comando no solo no quisieron tomar la denuncia en el momento, sino que también la hicieron esperar mientras hablaban con el conductor del mosquito fumigador, tras lo cual volvieron justificando todo el hecho con una supuesta receta autorizada. Rechazando de vuelta el pedido de la vecina para que le tomen la denuncia en el momento, pasaron a escribir descaradamente un acta de procedimiento policial que señala que el mosquito estaba a más de 1000 metros. Lo mismo hizo la supervisora de la Guardia Urbana (a pesar de que había calculado la distancia con la vecina).
En ambas actas también figura el nombre del conductor de la maquinaria (Javier Cignoli, contratista de Adecoagro) y se menciona la receta, detallada en el acta de la Policía Rural, exponiendo que lo que se esparcía era “Azoxistrobina+Cypronozole y Esteres Metílicos de Ácidos Grasos de Aceites Vegetales” (fungicidas) y estaba firmada por un ingeniero agrónomo (Fermín Sanín, empleado de Adecoagro). La empresa incluso ratifica que el campo pertenece a ellos. Sin embargo, Edmundo Nolan, ingeniero agrónomo del equipo de Agricultura de Adecoagro, explica que “en la actualidad, las recetas agronómicas se presentan y firman de manera digital y yo soy el responsable de hacerlo […]” con lo cual Fermín Sanín no debería haber firmado ninguna receta. Entonces, ¿tenía o no tenía autorización? Tenemos dos argumentos cruzados que embarran ambos a la empresa, porque se fumigaba su campo sin autorizar o se autorizaba una fumigación a menos de 1000 metros de una escuela.
La receta no aparece, con la excusa de que hay una causa judicial que impide su divulgación. Sin embargo, el abogado de Exaltación Salud comenta: “Si bien es cierto que la ley permite denegar la información en caso de que exista una causa judicial, para que esto aplique es necesario que la divulgación de esa información pueda causar perjuicio al normal desarrollo de la causa. En este caso, la receta no podría causar daño”.2
La lucha es la única opción
Quizás sea más indignante saber que no es la primera vez que sucede este tipo de fumigación en las cercanías de esa misma escuela. Son muchas las denuncias acumuladas en La Lata, y hay tantas otras en el Barrio Comarca del Sol, Etchegoyen, Capilla del Señor y Los Cardales. Aun así, a día de hoy no se ha realizado ni un solo allanamiento a los campos denunciados, inutilizando una herramienta fundamental en la recaudación de evidencia de todo tipo. Lo peor es que, incluso prescindiendo de este medio, se han logrado recabar muestras con tal de analizar la presencia de agroquímicos, pero el Estado presenta excusas tan absurdas como la falta de recursos para llevar adelante los análisis (cuando hay varios laboratorios públicos más que dispuestos a hacerlo gratuitamente).
No nos dejemos engañar, no es necesario un elaborado estudio para determinar la presencia de los agroquímicos. La justicia es ciega, pero los vecinos tienen todos los sentidos más que activos para darse cuenta de cosas inconfundibles como el olor que estos productos emiten. Cosa que, junto con los síntomas compatibles a la exposición a estos químicos que presentan las personas, son prueba suficiente y contundente para que las autoridades actúen a la altura de la problemática (vale aclarar: la violación del Derecho Ambiental, Derecho Humano fundamental). Los propios vecinos dicen: no faltan pruebas, sobra complicidad.
Con el oscuro panorama muchos no podrían evitar pensar en la resignación. Sin embargo, “La resignación no está en nuestros planes” dice el abogado Maggi en una entrevista con integrantes de Exaltación Salud. Y es que una de las patas necesarias del Derecho Ambiental es la participación ciudadana. En otras palabras, luchar es la única opción.
Desde Exaltación Salud han comprendido esto y ya incentivan otro tipo de accionar frente a la inoperancia estatal. Hay una gran apuesta a la difusión de su caso e incluso un llamado a boicotear la tóxica Adecoagro no consumiendo sus productos.
Grito por la tierra, grito por el pueblo
Los papeles y los sellos no frenan la destrucción de la vida. Queda en nosotros dejar que el rugido salga reventando las rejas burocráticas regionales para que vea la inmensa cueva de injusticias en la que puede hacer eco. Las prominentes pilas de denuncias en distintas partes de todo el país son muestra de su envergadura. Todo esto dentro de una gran montaña temblorosa: un sistema depredador que incentiva y protege al que se hace su propia guita sin importar qué, ni mucho menos quién.
Como ecosocialistas, celebramos la heroica labor de lxs vecinxs de Exaltación de la Cruz en su lucha contra el agronegocio y el gran capital, y acompañamos su reclamo. Como siempre, expresamos nuestro más fuerte grito de repudio contra quienes explotan y contaminan nuestra tierra olvidando que la vida que tan empeñados están en subyugar y destruir es el único sustento que tienen para existir. Súmense a darlo todo para que el castigo no caiga en manos de un mundo cuya única salida es la desaparición de nuestra y tantas otras especies. Si no logramos frenar a estos saqueadores, la naturaleza se vengará.
Sebastián Ávila
1Como en La Plata: https://unlp.edu.ar/investiga/cienciaenaccion/cientificos-de-la-unlp-advierten-que-el-glifosato-esta-en-todos-lados-10058-15058/
2Esta cita, junto a la del ingeniero agrónomo y la información brindada por la vecina fueron obtenidas de la nota escrita por Natalia Concina para elDiarioAR: https://www.eldiarioar.com/sociedad/pasa-exaltacion-cruz-fumigaciones-ilegales-metros-escuelas-decena-causas-investigar_1_11759199.html