El miércoles 20, con la presencia de compañerxs de Capital, Gran Buenos Aires y también el interior, más de un centenar de ex presas y ex presos políticos reclamaron al gobierno nacional el cumplimiento de las leyes reparatorias debido al atraso en los pagos de los subsidios, los bajos montos y las deficiencias en la atención de salud.
A eso de las 10 se convocaron ante el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, sito en Sarmiento al 300, en el microcentro porteño, en donde entregaron un petitorio con su reclamo. Luego marcharon hasta la Casa Rosada, en donde también hicieron entrega de una carta dirigida al presidente Alberto Fernández, que reproducimos abajo.
Tomaron la palabra varias compañeras y compañeros, ex activistas que sufrieron persecución, cárcel y exilio bajo la dictadura militar, para denunciar los incumplimientos de un gobierno que se precia de respetar los derechos humanos. También reclamaron la apertura de todos los archivos de la dictadura y un aumento general de jubilaciones. Asimismo, la compañera Susana Rearte habló en representación del Encuentro Militante Cachito Fukman.
Carta Abierta a Sr. Presidente de la Nación
Buenos Aires, miércoles 20 de octubre de 2021
Al Sr. Presidente de la Nación Argentina
Dr. Alberto Fernández
De nuestra mayor consideración:
Los abajo firmantes, ex presas y presos políticos, exiliados y exiliadas internos y externos, hijas e hijos, familiares, víctimas y sobrevivientes del terrorismo de Estado nos dirigimos a usted por segunda vez para manifestarle nuestra profunda preocupación y pesar por el incumplimiento de las leyes reparatorias, el silencio sin respuesta de la solicitud de apertura de los archivos de la última dictadura y la urgente e imperiosa necesidad de una jubilación digna igual a la canasta familiar para todas y todos los jubilados de nuestra Nación.
La preocupación nuestra, señor Presidente, se profundiza cada día. No sólo porque no hemos encontrado respuestas favorables a nuestros justos reclamos, sino porque contiene el agravante de un acelerado empeoramiento de la situación económica de todo el pueblo laborioso en general y el nuestro y de todos los jubilados en particular.
Nuestra preocupación se la hicimos llegar en una carta dirigida a usted por Mesa de Entradas el día 24 de febrero del presente año, con el triste pesar que hasta el día de la fecha aún no hemos obtenido ninguna respuesta. Esto nos motiva a movilizarnos una vez más para hacer oír nuestra voz.
Después de las últimas elecciones primarias usted afirmó públicamente que estaba abierto al diálogo con todos los argentinos. Pero consideramos -desde nuestra firme convicción- que el diálogo solamente existe desde la resolución de los problemas, el cumplimiento inapelable de la ley, y la fidelidad y el ejercicio del gobierno en funciones apegado a derecho y a nuestra Constitución.
Tenemos sobrados ejemplos que esto no está sucediendo. Por el contrario, aún nos encontramos con 18.000 casos sin resolver. Con el agravante que consideramos una política de Estado la acción deliberada del Ministerio de Justicia y la Secretaria de Derechos Humanos de judicializar las resoluciones con sobrados elementos probatorios de la casi totalidad de los compañeros y compañeras.
La resultante es la dilación interminable en el tiempo de las causas, el atraso en las liquidaciones efectivas, sumado al “cajoneo” o pretextos burocráticos inaceptables. Esto demuestra -por lo sistemático y masivo- que estas decisiones son continuidad de las políticas de la administración anterior y que ya hay una decisión política de no finalizar con este flagelo.
“Pareciera que la lógica es que el Estado nos mate. En los ’70 haciéndonos desaparecer o fusilándonos y ahora dejándonos abandonados a los vericuetos de la burocracia que las autoridades (pasadas y actuales) manejan con precisión… es cuestión que pase el tiempo y la biología sumada a las huellas de la tortura, años de detención, persecución, secuestro, abandono y exilio, hagan el resto”. Con estas palabras se lo hicimos saber en la nota que le enviáramos el pasado mes de febrero.
Por otra parte, consideramos que la no apertura de los archivos de la dictadura que llevó a cabo el genocidio más grande que haya conocido la historia de nuestro país, no sólo es una deuda pendiente que tiene el Estado y los gobiernos constitucionales con nuestro pueblo, sino un deber moral inalienable de todo gobierno que presume de demócrata.
Porque sin verdad tampoco hay justicia y parte de la verdad está en los archivos. Que continúen siendo secretos estando en manos del Estado, al no facilitarlos a la opinión pública nacional e internacional, no deja de constituirse en un acto de complicidad.
Finalizando, señor Presidente, no podemos dejar de hacer oír nuestra voz en relación a la situación de hambre y miseria en que se encuentran jubiladas y jubilados de todo el suelo argentino. Con ingresos por debajo de la línea de la pobreza en un país que tiene las riquezas de sobra. Tal situación también pasa a constituirse en una flagrante violación a los Derechos Humanos.
Por lo tanto, también le hacemos saber nuestro reclamo de una jubilación mínima igual a la canasta familiar. Aspiramos a ser viejas y viejos eternamente, salvo que la muerte nos diga lo contrario. Por eso no nos resignamos a tener una vejez indigna.
Señor Presidente, hacemos nuestras sus palabras cuando asumió: “Los Derechos Humanos no son la columna vertebral de un gobierno sino la columna vertebral de la República Argentina. Sin memoria, verdad y justicia la Argentina no puede ponerse realmente de pie”.
Por todo lo expuesto, exigimos:
– Cumplimiento sin más dilaciones ya de las leyes reparatorias.
– No a la judicialización de ninguna de las leyes reparatorias, en particular exilio e hijos, pues exigen pruebas que son difíciles de conseguir en muchos casos, obligando a las víctimas a buscar las pruebas volviendo al oscuro pasado, cuando el Estado posee todas las pruebas. De esta manera es volver a revictimizar a los damnificados. Una causa más para la reapertura de los archivos.
– En relación a la ley Ulloa, basta de disciplinas atroces de las juntas psicológicas y siquiátricas con el fin de justificar si hubo o no daños por la cárcel, tortura, secuestro o muerte de algún familiar.
– En relación a las pensiones graciables que nos corresponden:
a) Que sean como nos corresponde, pasando de categoría “D” a categoría “A” para poder tener acceso a la mínima cobertura social que hoy no tenemos.
b) Que las compañeras o compañeros viudos puedan cobrar como indica la ley. Eso no está sucediendo y pasan hasta 4 años sin que se liquiden.
c) Cuando se otorgan aumentos a los trabajadores del Estado nacional (que es como se rigen nuestros aumentos) nos los liquiden como a los trabajadores del Estado y no cuatro o seis meses después como viene sucediendo desde hace años.
Sr. Presidente Alberto Fernández, lo saludamos respetuosamente esperando su pronta respuesta.
LAS LEYES QUE NO SE CUMPLEN NO REPARAN.
Atentamente.
Movimiento Autoconvocado de ex presas y presos políticos, hijas e hijos, ex exiliadas y exiliados, familiares y sobrevivientes del terrorismo de Estado.