El pasado viernes 3 febrero se produjo el descarrilamiento de un tren cargado con químicos tóxicos en la ciudad East Palestine, cerca de la frontera entre Ohio y Pensilvania, pero la noticia se ha difundido de manera masiva en las últimas horas. Desde el lugar algunos periodistas afirmaron que existe el intento de un bloqueo de la información por parte del gobierno nacional de Joe Biden.
La dimensión de la catástrofe no puede evaluarse y se teme que la situación pueda tornarse más compleja de lo que las autoridades de turno tienen en mente. A pesar de los intentos de mantener el blindaje informativo, el mundo entero está preguntándose sobre qué tipo de consecuencias en el ambiente tendrá la explosión “controlada” que autoridades del gobierno ordenaron sobre algunos de los vagones y que obligaron a que más de 5 mil personas sean evacuadas de sus hogares.
Hasta el momento lo único que han dado a conocer es que la Agencia de Protección Ambiental dio luz verde para la explosión “controlada” de cinco de los vagones cisterna descarrilados que transportaban cloruro de vinilo, y se evalúa hacer lo mismo con otra cantidad de vagones que contienen fosgeno y cloruro de hidrógeno, ambos muy peligros.
¿Qué se sabe de estos químicos? Al momento sobre el cloruro de vinilo la única certeza es que es un químico considerado altamente carcinógeno para la vida humana, y que las personas que se han expuesto a sus efectos, sobre todo en trabajadores de la industria del plástico, presentaron con los años cáncer de cerebro, pulmón y de diferentes tipos en sangre. Los otros dos son igual de letales. Por ejemplo, el fosgeno se usó como arma química en la Primera Guerra Mundial y se sabe que puede provocar asfixia, constricción del pecho y, en las exposiciones más agudas, la muerte. El cloruro de hidrógeno, por su parte, puede irritar la garganta, la nariz y la piel. Pero nadie puede afirmar los efectos a la vida humana y animal tras ser incendiados y liberados al aire libre de manera repentina.
En el ojo de las responsabilidades directas de esta catástrofe se encuentra la empresa ferroviaria Norfolk Southern, por negligencia. Pero todavía se desconoce por qué y quiénes dieron la orden directa de incendiar los vagones y liberar esos químicos al aire. De igual modo, todo hace suponer que la complicidad del gobierno y la empresa es tan estrecha que ambos quisieron esconder el problema bajo la alfombra y han provocado una catástrofe similar o peor a Chernobyl.
Al respecto, un nuevo informe de la organización The Lever afirma que Norfolk Southern fue parte de los cabildeos, durante la gestión de Trump, contra las normas federales de seguridad para los trenes de carga con químicos, entre ellas una central: actualizar los sistemas de frenado, que datan de la época de la guerra civil estadounidense. Una medida que todavía sigue vigente en la gestión del demócrata Joe Biden.
Por último, la compleja situación abre otra vez un viejo interrogante: ¿podemos dejar las riendas del futuro de la humanidad a cargo de políticos y empresarios a los que solo le importan sus ganancias y privilegios? Claro que no. Hace falta avanzar en otra forma de gobierno, que tome este tipo de situaciones con la seriedad que se requiere. La lógica de ganancia que ordena el accionar de los empresarios y gobiernos del mundo actual son un peligro constante para la vida humana en el planeta. Su ambición atenta contra los intereses de las mayorías. Luchar en defensa del planeta es plantearse como horizonte la disputa por poder, es decir, por un gobierno que ponga en el orden de las prioridades a la naturaleza y la humanidad. Un gobierno ecosocialista.