Las imágenes con la detención del rapero Pablo Hasél, las manifestaciones por su libertad y la represión policial recorrieron el mundo. ¿Qué es lo que pasa en España? ¿Se respetan los derechos democráticos? ¿Por qué los jóvenes están tan indignados? Las respuestas a estas preguntas están ancladas en la vigencia del régimen monárquico- parlamentario cuya marca de origen fue estampada por el franqusimo.
Luego de cumplirse el plazo para que Hasél se entregara a las autoridades, el rapero decidió permanecer en la Universidad de Lleida, Catalunya, esperando que lo fueran a buscar. Los encargados del operativo para cumplir el dictamen de la Audiencia Nacional fueron los Mossos d´Esquadra, que lo sacaron del rectorado y lo llevaron a la cárcel del Ponent, donde deberá cumplir una condena por “injurias a la Corona” y “enaltecimiento del terrorismo”. Si prosperan otras causas en su contra, podría pasar varios años en la cárcel. Los magistrados consideran que en las letras de sus canciones y sus mensajes en Twitter «late un discurso de odio” y violencia. Se trata de una grave vulneración a la libertad de expresión decidida en los Tribunales y avalada en la Moncloa.
La indignación juvenil
Luego de la detención comenzaron a realizarse manifestaciones en Madrid, Barcelona, Girona, Tarragona, Lleida, Valencia, Granada, Pamplona y en otras ciudades y pueblos del Estado español, también hubo huelgas estudiantiles y otras acciones exigiendo la libertad del artista. La Policía Nacional y las policías autonómicas, bajo las órdenes de sus respectivos gobiernos, reprimieron las protestas utilizando helicópteros, carros de asalto, repartiendo porras, efectuando disparos y practicando detenciones. A la lista de heridos por la violencia policial, hay que sumar el caso de una joven mujer a la que un proyectil foam lanzado por los Mossos le vació un ojo. No es casualidad que se extienda la exigencia al Govern (ERC-JxCat) que como responsable político disuelva el cuerpo antidisturbios de la BRIMO. A pesar de todo, al momento de escribir esta nota, en Barcelona las movilizaciones y enfrentamientos llevan siete días consecutivos. Más allá de cómo se cierre este capítulo en lo inmediato, se ha ensanchado una grieta social y política muy difícil de cerrar por la fuerza o con remiendos.
Los violentos son ellos
El presidente Pedro Sánchez del “gobierno más progresista de la historia” PSOE-Unidas Podemos, advirtió que actuará “con contundencia”. El establishment presiona para que “se ponga orden”, la derecha y la ultraderecha del PP, Ciudadanos y Vox agitan la existencia de embriones del “terrorismo callejero”. Las únicas respuestas que ofrecen ante los reclamos son la represión, la criminalización de la protesta y la instalación de una idea: “los manifestantes son violentos”. El compendio de mentiras es el mismo que se escucha en cualquier lugar del mundo donde los jóvenes salen a luchar decididamente por sus derechos. La usina de falsedades fabricadas tiene como fin desprestigiar los reclamos y ganar base social para la represión. Lo cierto es que la violencia no se gesta en las calles, en los barrios ni en las universidades. Se origina en los Tribunales, en los despachos, en las oficinas gerenciales y bancarias, sitios en los cuales un puñado de jueces, funcionarios y empresarios cercenan derechos democráticos y sociales.
Los noticieros abundan en imágenes con contenedores incendiados en barricadas de autodefensa y algunos saqueos a tiendas en el exclusivo Passeig de Gracia. Lo que minimizan o directamente ocultan son las manifestaciones, las causas de la injusta detención y los motivos que llevan al estallido juvenil. A la falta de libertad se suma que entre los jóvenes la edad de emancipación es de 30 años, la vivienda es inaccesible, domina la precariedad laboral y la tasa de paro es del 41% (aumentó un 25% durante la pandemia); son cifras que duplican a las que se dan de promedio en la UE. Las dos crisis capitalistas producidas en los últimos doce años han dejado a los jóvenes sin perspectivas de futuro.
Dos varas para medir la justicia
La detención de Pablo Hasél es un hecho grave, pero no es el único que destila injusticia y autoritarismo. Hay dirigentes independentistas presos por la “rebelíón” de votar en el Referéndum del 1-O de 2017 por la autodeterminación de Catalunya. Hay ocho jóvenes de Altsasu presos por una reyerta con integrantes de la Guardia Civil en un bar. En la pobre Linares, dos policías de civil golpearon salvajemente a una niña de catorce años y a su padre, lo que motivó una protesta popular que fue reprimida y en la que se denunció la utilización de balas de plomo. En Pamplona un juez dictaminó que no se pueden subir a las redes sociales las filmaciones de los operativos policiales. El rapero Valtónic no está entre rejas solo porque se exilió en Bélgica antes de que lo detengan por acusaciones similares a las de Hasél. Los que son críticos, exigen libertad y reclaman activamente son perseguidos y criminalizados.
No sucede lo mismo con los poderosos y los más reaccionarios. Hasél está preso por criticar a la Corona; cuando Juan Carlos I, denunciado por evasión, coimas y otros hechos de corrupción, disfruta de su lujosa vida en Abu Dabi, cobijado por el manto de la brutal monarquía saudí. El emérito no tuvo ningún impedimento del gobierno ni de la justicia para fugarse del país a pesar de las investigaciones. El expresidente Mariano Rajoy sigue sin imputación por la caja B de los populares. María Cristina Cifuentes -ex presidenta de la Comunidad de Madrid y diputada por el PP- fue insólitamente absuelta de la acusación por “falsedad documental” de su máster. Durante la campaña electoral en Catalunya, la ultraderecha de Vox tuvo como eje de sus ataques de odio a islamistas e inmigrantes. Para completar el panorama, un grupo de neonazis realizó un acto antisemita en Madrid en honor a la División Azul, entonando himnos franquistas. Aunque son hechos graves, parece que los magistrados no los registraron. Estos son algunos de los hechos más recientes que dejan traslucir una justicia arbitraria, que no es independiente y actúa como un eslabón fundamental en la cadena de opresión.
¿Progresismo y democracias avanzadas?
El gobierno PSOE-Unidas Podemos, encarnado en su presidente afirma que en el país hay una situación de normalidad con una “democracia plena”. Sin embargo, bajo su gestión se siguen vulnerando derechos democráticos como sucedía cuando gobernaba el PP. Cuando Pedro Sánchez y Pablo Iglesias eran oposición, criticaban la Ley Mordaza por “antidemocrática, violatoria de los derechos de manifestación, reunión y expresión, etc.” pero en su gestión la Ley sigue vigente. Desde allí, se penalizan los intentos de paralizar desahucios, las grabaciones de intervenciones policiales en la vía pública y las manifestaciones sin comunicación. Además, mantienen la reforma del artículo 578 del Código Penal sobre “enaltecimiento del terrorismo” con un efecto inhibitorio en la libertad de expresión. En algunas ocasiones, como con la detención de Pablo Hasél, el vicepresidente Pablo Iglesias se diferencia de Pedro Sánchez, pero se trata de un mero postureo, más allá de los berrinches, Podemos sigue integrando al gobierno burgués como su pata crítica.
La UE merece un párrafo aparte. El “primer mundo” que propagandizan los imperialistas europeos es un compendio de instituciones al servicio de los negociados empresariales y las limitaciones antidemocráticas, principalmente a los trabajadores, las mujeres y las personas migrantes. Por eso, mientras sucede todo esto, la Unión Europea mira para otro lado, intentando apaciguar o ignorando la gravedad de los acontecimientos reiterados en el Estado español. El nudo que ata el presente al pasado Los elementos desarrollados hasta aquí son sólo la punta del ovillo autoritario que enreda al Estado español en el régimen monárquico-parlamentario del ´78, engendrado en el franquismo, edificado en la transición y legitimado en la Constitución. No hay forma de entender la existencia de presos políticos y exiliados, el encarcelamiento de artistas y la vulneración derechos elementales sin desentrañar los mecanismos mediante los cuales algunos de los valores más retrógrados de la dictadura se mimetizaron en las instituciones democráticas. Los que defienden cerradamente al régimen, enaltecen la transición y aceptan la restauración monárquica como un hecho consumado e irreversible, colaboran con perpetuar el autoritarismo que sobrevive como vestigio de un oscuro y triste pasado.
Hay que dar vuelta la tortilla
El Gobierno español no es de “izquierda” ni “progresista” como se autodefine, es un gobierno burgués con doble discurso. El régimen del ´78 está agotado, es anacrónico y no puede brindar ninguna salida positiva a las necesidades de las grandes mayorías sociales. Lo que existe en España dista de ser una “democracia plena”, más bien es la democracia del IBEX35 y la opresión. Por estos motivos, desde Socialismo y Libertad (SOL) apoyamos a los jóvenes movilizados e impulsamos la campaña internacional solidaria que realiza la Liga Internacional Socialista por la libertad de Pablo Hasél. Nos manifestamos por la plena libertad de expresión, el respeto a las libertades democráticas y llamamos a realizar acciones por la amnistía a los presos políticos. Es necesario abolir la monarquía, derrotar al régimen del ´78 y romper con la UE, con una movilización fuerte, unitaria y sostenida en el tiempo. Hay que exigir a UGT y CC.OO. que convoquen a la huelga general por la derogación de la reforma laboral, la defensa del empleo, el salario, las pensiones y la agenda obrera que decidan los trabajadores en asamblea. Todo en la perspectiva de una salida de fondo: que gobiernen los trabajadores y el pueblo, con un régimen de libertades plenas, algo que sólo puede garantizar un sistema socialista.
Una larga pesadilla
En las elecciones de 1936 triunfó el Frente Popular, pero Franco y sus seguidores se levantaron contra la República e iniciaron la Guerra Civil. Los golpistas lograron triunfar sobre la II República, con el apoyo de los poderosos locales, de la Iglesia Católica, de Mussolini y Hitler. A partir de 1939 España se asentó sobre la concentración del poder en Franco y un régimen dictatorial, nacionalista, clerical, tradicionalista, militarista y fervientemente anticomunista. La violencia política se impuso como práctica cotidiana. Contradictoriamente, la consolidación de este proceso contra revolucionario coincidió con el inicio de una etapa de derrota y retroceso de los regímenes fascistas y nazis europeos, lo cual demuestra la particularidad del caso español. Durante 40 años, la dictadura militar impuso niveles de explotación brutales sobre la clase trabajadora. A finales de los ‘60 y principios de los ‘70 la oposición se intensificó, los movimientos obrero y estudiantil se fortalecieron y se creó una red social contestataria, pero que se logró derrocar a la dictadura. Con la muerte de Franco en 1975 entró por la ventana una bocanada de aire fresco, los trabajadores sintieron que era el momento para producir un quiebre con el pasado y volvieron a las calles. Comenzó un fuerte ascenso de la lucha de clases, con oleadas de huelgas por aumentos salariales y por reclamos democráticos, como la libertad sindical y la libertad de los presos políticos. También resurgió la lucha de las nacionalidades. El régimen tambaleó, pero finalmente logró sobrevivir, readaptarse y perdurar en el tiempo con la colaboración de los partidos y las centrales sindicales mayoritarias.
Transición hacia la injusticia y la impunidad
El PCE, el PSOE, ERC, CC.OO. y UGT operaron activamente para desarticular la movilización y fueron el sostén de la transición. Las organizaciones políticas y sindicales pactaron las características del régimen futuro con los franquistas y con el rey Juan Carlos I, quien ya había sido designado oficialmente por Franco como su sucesor, mucho antes de morir. Los acuerdos consagraron al Rey como jefe de Estado, garantizaron la continuidad del Ejército, de la Guardia Civil y la Policía genocidas con su antigua estructura jerárquica. No hubo depuración y se cerró el camino hacia una investigación transparente, el juicio y castigo a los represores, torturadores y asesinos. Franco murió, pero muchos de los elementos centrales de su nefasta ideología y accionar permanecieron vigentes, más o menos atenuados, más o menos camuflados, pero con vida. El nuevo régimen se conformó en base a la institucionalización del silencio con la Ley de Amnistía, un brutal ajuste económico definido por los Pactos de la Moncloa y la aprobación de la Constitución del ´78.
El franquismo no murió totalmente cuando el “Caudillo” dejó de respirar. Antes de su deceso sentó las bases del régimen posterior con: la restauración de la monárquica borbónica, un andamiaje judicial dependiente del poder político, la continuidad de las fuerzas de seguridad represivas sin depurar y la apropiación de grandes riquezas para sí, familiares y amigos del poder; como trofeo acumulado mediante el saqueo a los republicanos. Al cumplirse 40 años del fallido intento de golpe de estado del 23 de febrero de 1981, seguimos exigiendo el castigo a los culpables. El autoritarismo que impregnó a la sociedad española aún no ha sido enviado en su totalidad a la papelera de la historia. Valga como siniestro símbolo el hecho de que el cadáver del genocida permaneció sepultado con honores durante 44 años en el Valle de los Caídos, la única construcción monumental fascista que sigue en pie en Europa. El castigo por los crímenes de lesa humanidad y los robos de la dictadura sigue siendo una tarea democrática pendiente de realizar, como imponer con la movilización la puesta en marcha de una Asamblea Constituyente para dar vuelta todo.
Ruben Tzanoff
Solidaridad desde el EMVJ: Libertad a Pablo Hasél
Buenos Aires, 19 de febrero de 2021
Los abajo firmantes, organismos de derechos humanos integrantes del Encuentro Memoria, Verdad y Justicia de la Argentina, expresamos nuestra solidaridad con el rapero catalán Pablo Hasél, injustamente detenido y condenado por un tribunal del Estado español, y reclamamos su inmediata puesta en libertad. Perseguir y encarcelar a un artista popular bajo la excusa de “injurias a la Corona” y “enaltecimiento del terrorismo” no sólo constituye un ataque directo contra la libertad de expresión y la libertad artística, sino además otra arbitrariedad del antidemocrático régimen del Estado español, heredado del franquismo.
Firman: SERPAJ (Servicio Paz y Justicia), CORREPI (Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional), AEDD (Asociación de Ex Detenidos Desaparecidos), CADHU (Centro de Abogades por los Derechos Humanos), EMCF (Encuentro Militante Cachito Fukman), CADEP (Coordinadora Antirrepresiva por los Derechos del Pueblo), CAJ (Comité de Acción Jurídica), CEPRODH (Centro de Profesionales por los Derechos Humanos), APEL (Asociación de Profesionales en Lucha), CMM (Colectivo Memoria Militante), Herman@s de Desaparecid@s por la Verdad y la Justicia, H.I.J.O.S. (Hijos por la Identidad y la Justicia contra el Olvido y el Silencio) Zona Oeste.
