Con fecha 30 de diciembre pasado, finalmente el Juzgado Federal de Dolores, a cargo del juez Alejo Ramos Padilla, aceptó a nuestros referentes Cele Fierro, Alejandro Bodart y Luciana Echevarría en representación del MST y a Vilma Ripoll como querellantes en la causa abierta por el espionaje ilegal realizado por la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) entre 2016 y 2019. Las abogadas patrocinantes son las compañeras Mariana Chiacchio y Claudia Leaños, del CADHU (Centro de Abogades por los Derechos Humanos).
En dicha causa penal se encuentran imputados como autores de los delitos de acciones de inteligencia prohibidas y abuso de autoridad los ex titulares de la AFI durante el gobierno macrista, Gustavo Arribas y Silvia Majdalani, así como otros nueve ex agentes. Entre otras organizaciones, han espiado al Instituto Patria, al domicilio de Cristina Fernández de Kirchner y a varios movimientos sociales, sindicatos y partidos políticos de oposición, como es el caso de nuestro MST en el FIT Unidad.
No obstante este reconocimiento, sigue todavía pendiente que haga lo mismo el juez Luis Auge, del Juzgado Federal de Lomas de Zamora, quien lleva otra parte de la investigación por espionaje y ante quien también nos hemos presentado como querellantes.
Reunión de la CPM
A su vez un par de días antes, el 28 de diciembre, la Comisión Provincial por la Memoria, organismo autónomo bonaerense que promueve políticas públicas en derechos humanos, convocó a una reunión con querellantes y víctimas del espionaje ilegal. Condujeron el evento Roberto García, Sandra Raggio, Federico Schmeigel y Víctor Mendibil, en tanto que participaron más de 60 personas y agrupaciones afectadas.
En representación del MST-CADHU participó nuestro compañero abogado Pablo Gastón Paolini, quien señaló la responsabilidad estatal y de los sucesivos gobiernos en las acciones de espionaje, la necesidad de disolver la AFI y todos los demás aparatos de inteligencia y la conveniencia de dar continuidad a estos encuentros entre las organizaciones y activistas espiados.
Desde que asumió Macri en 2015, volvieron la reserva de identidad de los agentes de inteligencia y también los famosos “gastos reservados”. El presupuesto nacional de inteligencia entre 2016 y 2019 creció a $ 8 mil millones, de los que más del 90% se destinó a gastos reservados, es decir para desplegar el espionaje ilegal.
Pablo Vasco, CADHU-MST