En plena polémica por los créditos millonarios del Banco de la Nación Argentina a funcionarios, la ministra Sandra Pettovello decidió desplazar a su jefe de Gabinete. Lejos de resolver el problema de fondo, la maniobra expone la crisis política y las contradicciones de un gobierno que ajusta a las mayorías mientras protege privilegios propios.
Un desplazamiento en medio del escándalo
La ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, decidió desplazar a su jefe de Gabinete, Leandro Massaccesi, luego de que se conociera que había accedido a un crédito hipotecario del Banco Nación por una suma millonaria. La decisión se da en el marco de la creciente polémica por los préstamos otorgados a funcionarios y dirigentes oficialistas, que ya motivaron pedidos de investigación en el Congreso.
Massaccesi formaba parte del círculo cercano de la ministra y había gestionado uno de los créditos más altos dentro del listado difundido, lo que terminó precipitando su salida en medio del escándalo.
El problema no es un funcionario: es el sistema de privilegios
Desde el gobierno intentaron presentar la salida como una cuestión de “perfil bajo” o de imagen. Sin embargo, el propio oficialismo reconoce que no hubo irregularidades formales en el otorgamiento del crédito, lo que deja en evidencia el verdadero problema: no se trata de un caso aislado, sino de un esquema donde funcionarios acceden a beneficios que están vedados para la mayoría de la población.
Mientras millones de trabajadores no pueden acceder a la vivienda ni al crédito, sectores del poder político obtienen financiamiento millonario desde una banca pública que debería estar orientada a resolver necesidades sociales urgentes.
Ajuste, doble vara y crisis política
El desplazamiento de Massaccesi no resuelve la crisis: intenta contenerla. La decisión aparece como un gesto hacia la opinión pública frente a un escándalo que golpea directamente el discurso oficial de austeridad.
El gobierno de Javier Milei sostiene que “no hay plata” para jubilaciones, salarios o políticas sociales, pero al mismo tiempo se multiplican los casos de funcionarios beneficiados con créditos de hasta 350 mil dólares. La contradicción no es menor: muestra una doble vara donde el ajuste es para las mayorías y los beneficios para quienes gobiernan.
Legalidad, política y responsabilidad
Más allá de la salida de un funcionario, el problema es tanto legal como político. La difusión de estos créditos expresa conflictos de interés, condiciones diferenciales y uso de recursos públicos en beneficio de quienes toman decisiones sobre el propio sistema financiero.
Al mismo tiempo, la crisis deja al descubierto un modelo de gestión donde los escándalos no se resuelven, sino que se administran con desplazamientos individuales para preservar una estructura de privilegios.
Porque el punto no es quién cae, sino qué se sostiene: un esquema donde el Estado ajusta sobre las mayorías mientras garantiza condiciones favorables para una minoría ligada al poder.
