Mendoza vive una situación inédita de criminalización de la protesta. Las movilizaciones de los últimos días contra el DNU y la Ley Ómnibus de Milei fueron respondidas por el gobierno provincial de Cornejo con una desmesurada intervención policial, amenazas al activismo y detenciones a dirigentes políticos provinciales como es el caso de Víctor Dávila, Martín Rodríguez y la imputación a Raquel Blas (Partido Obrero).
El pasado miércoles 31 de enero se realizó una gran movilización, concentración y vigilia en la Plaza Independencia como en todo el país para repudiar la Ley Ómnibus y exigir a los diputados que no avalen el saqueo al pueblo que propone este paquete inconstitucional. Una vez que los estudiantes, trabajadores, artistas y jubilados desconcentraban y copaban la plaza para participar de un festival, la policía se llevó detenido ilegalmente al dirigente del Partido Obrero y ex-senador provincial Víctor Dávila.
Unas horas más tarde, los efectivos se presentaron en el domicilio del dirigente del Polo Obrero, Martín Rodríguez, y se lo llevaron detenido también. Es por esto que se realizó una conferencia de prensa para exigir la inmediata liberación de los compañeros injustamente detenidos donde asistieron referentes de la izquierda, organizaciones sociales y sindicatos.
La persecución a quienes luchan no es una política nueva en nuestra provincia, sin embargo, esta semana el contexto nacional y los vergonzosos operativos del “protocolo anti-piquetes” de Bullrich le dieron el aval a Cornejo para avanzar con métodos dignos de las épocas más oscuras de nuestro país. Responsabilizamos a Alfredo Cornejo y a Patricia Bullrich por la integridad física de nuestros compañeros detenidos.
Para completar, hoy 2 de febrero, horas antes de la votación de la Ley ómnibus y de una nueva movilización para exigir la libertad de los compañeros y el cese de persecución, fue confirmada la imputación de la dirigente sindical Raquel Blas y referente del Partido Obrero. Todas las imputaciones se fundamentan en el delito de “reiterancia” (figura inconstitucional) a movilizarse, pero tienen un objetivo político claro: Amedrentar y perseguir a los compañeros que se manifiestan contra el ajuste y la persecución del gobierno. Se los imputa por participar de acciones multitudinarias como el paro del 24 de enero o la movilización contra la Ley ómnibus esta semana cuando fuimos miles en todo el país.
Ninguna persecución política nos quitará de las calles. Por eso, mientras los diputados votan a espaldas del pueblo la Ley ómnibus, reprimiendo y baleando a los manifestantes en la puerta del Congreso, seguimos en estado de alerta y movilización. Desde el MST estuvimos y estaremos en la primera línea para movilizarnos y exigir el cese a la persecución. Esta tarde, acompañamos la marcha que se dirigió al Palacio de Justicia mendocino y participamos del acto, que aún bajo la lluvia, se reunió para repudiar la votación del Congreso, solidarizarnos con los compañeros imputados y exigir su inmediata liberación.
Sabemos que la organización y la lucha son las únicas herramientas que nos defenderán del saqueo y el ajuste que nos impone la misma casta de siempre. Las acciones de lucha que fuimos desarrollando estos días han ido deteriorando el proyecto inicial de la Ley ómnibus que perdió cientos de sus artículos iniciales y tuvo muchas modificaciones para conseguir la media sanción en general. Falta mucho debate para saber en qué terminará este mamarracho. Mientras la policía tira gas pimienta a jubilados, balea periodistas y reprime de forma completamente ilegal, el descontento crece y el pueblo sigue movilizado en las afueras del Congreso. Es urgente que las centrales sindicales convoquen a un paro activo con movilización para cuando se trate la Ley en el Senado y que construyamos un plan de lucha por tiempo indeterminado hasta terminar con el plan motosierra.
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