El pasado 18 de febrero se dio a conocer un nuevo decreto firmado por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, titulado: “Promoviendo la defensa nacional garantizando un suministro adecuado de fósforo elemental y herbicidas a base de glifosato”.
El documento eleva al fósforo elemental y al glifosato a la categoría de insumos estratégicos para la seguridad nacional, entendida desde una perspectiva de preparación militar y defensa económica. Reconoce al fósforo como un precursor esencial en la producción de herbicidas a base de glifosato y subraya, además, sus múltiples aplicaciones en la industria bélica.
El decreto enfatiza particularmente el papel de estos compuestos en el sostenimiento de la denominada “ventaja agrícola” del país. Señala que no existiría una “alternativa química directa e igualitaria” que sustituya estos insumos, y advierte que una eventual escasez podría comprometer la productividad agrícola, con importantes consecuencias económicas y alimentarias para los Estados Unidos. Asimismo, reconoce limitaciones actuales en la producción y señala una situación de vulnerabilidad frente a actores extranjeros hostiles. En ese marco, plantea la necesidad de fortalecer la extracción nacional de fósforo elemental y la producción de glifosato como componentes centrales de la seguridad económica y militar.
En síntesis, el decreto se presenta como una medida orientada a salvaguardar la seguridad nacional mediante la expansión de la producción interna de estos insumos estratégicos, argumentando que su falta tendría consecuencias graves tanto para la industria de defensa como para el abastecimiento alimentario.
Esta orden ejecutiva, que es equivalente a un DŅU en Argentina, tiene como objetivo blindar la cadena de producción de fósforo y de los herbicidas, en particular del glifosato, advirtiendo que cualquier irrupción en el suministro de estos insumos es un peligro real para la defensa y el sistema alimentario. Hoy Estados Unidos no cubre su demanda anual de estos productos con la producción propia, sino que depende de las importaciones para cubrir ese faltante.
Este decreto convierte la producción, distribución y acceso al fosforo y y al glifosato en actividades de importancia militar, también favoreciendo económicamente a Bayer, posicionándose ideológicamente del lago de esta mega-empresa en la disputa internacional con las comunidades, científicos y productores que denunciamos que el glifosato es cancerígeno, que el modelo del agronegocio es insustentable y que nuestras vidas valen más que sus ganancias.
El cuestionamiento a los agrotóxicos y a los cultivos transgénicos ya les costó a las multinacionales como Monsanto (ahora Bayer) grandes golpes económicos, jurídicos y reputacionales. Las estrategias de presión y deslegitimación hacia científicos, periodistas y activistas ambientales han sido reiteradamente denunciadas. Mientras estas multinacionales continúan con sus amenazas, cada día cientos de estudios científicos en el mundo dan cuenta de la toxicidad de los agrotóxicos, cientos de comunidades se organizan para exigir su prohibición y cientos de productores se plantan en demostrar que es posible producir alimentos con agricultura sin venenos.
El respaldo de Trump a Bayer no es novedad, ya en diciembre pasado (2025) el presidente de los Estados Unidos expresó ante el Tribunal Superior de Justicia que el glifosato no está asociado a riesgo graves de salud, contra toda la evidencia que crece a diario, discurso apoyado en los pronunciamientos de la EPA (Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos). Trump apoyando el planteo de Bayer, instó a poner trabas al acceso a la justicia, buscando eliminar como posibilidad las demandas por medio de leyes estatales. Mientras que años previos, la justicia podía respaldar a víctimas y territorios fumigaos, con estas nuevas maniobras, no solo buscan evitar nuevas demandas, sino que también buscan silenciar las voces que denuncian la contaminación y las consecuencias del glifosato sobre la salud basadas en evidencias científicas que son abrumadoras.
¿Y esto qué tiene que ver con nosotros? ¿En qué afecta a Argentina y América Latina?
En el marco del sistema capitalista podríamos ingenuamente pensar que si EE. UU. prioriza la producción propia de fósforo y glifosato se generaría un impacto económico en nuestro país y en América Latina: si ellos producen más, nos van a comprar menos.
Sin embargo, al sellar este decreto en el marco de la seguridad nacional, el objetivo de fondo no es meramente económico, mucho menos alimentario: es una orden ejecutiva que se constituye como una amenaza real contra quienes venimos denunciando las consecuencias de la utilización de estos venenos, una alerta para quienes luchamos por la prohibición del glifosato. También es un mensaje hacia los gobiernos aliados de EE. UU., que ahora deberán sostener aún más los intereses de Bayer por sobre los de la población, porque gobierne quien gobierne, el agronegocio tiene un lugar privilegiado. En este punto es clave entender que la promoción del glifosato por parte de la principal economía capitalista insentiva la expansión de su producción y distribución. Lo que promueve en el plano económico lo legítima en lo político y lo hace en un contexto de disputa como ya explicamos. Disputa en los modos de producción y disputa cultural. Los Trumps defendiendo el agronegocio, los venenos y lo hacen apuntalando un discursos negacionistas del cambio climático, terraplanista, antivacuna y anticientifico.
Asi el avance de este modelo de despojo, concentración de la tierra y de los modos de producción a base de venenos se profundiza año tras año. Favoreciendo y cuidando las ganancias empresariales por sobre la salud de la población y el ambiente. Con este decreto Trump da un mensaje al mundo: ante la crisis capitalista sistémica que cada día nos lleva un poco más cerca de la barbarie, blindar las ganancias de las corporaciones que manejan el alimento es crucial para la burguesía, y a su vez nacionalizar y controlar la producción del fósforo y elementos cruciales para la industria bélica se vuelven urgentes desde una perspectiva imperialista, apuntalando todo esto con discursos que penetran en el sentido común. Esto es un nuevo peligro para todo América Latina, porque nuestros territorios están plagados de minerales, tierras raras y agua, que son el nuevo oro a saquear por el imperialismo.
La otra cara de la moneda, pone en la cuerda floja a la soberanía de los países latinoamericanos: el control de la producción y distribución de alimentos básicos. Este decreto atenta y pone a EE. UU. en pie de guerra contra quienes denuncian los falencias económicas, sociales y ambientales del agronegocio, y marcan la profundización de un camino de disputa abierto hace tiempo. Estar alerta antes estas medidas es urgente, reagruparnos para resistirlas es necesario y hacerlo desde una perspectiva ecosocialista imprescindible
