Crédito: Ariel Esposito
Con el aval de sus aliados en el Congreso, el oficialismo aprobó una modificación regresiva de la Ley de Glaciares que abre la puerta al avance extractivista sobre reservas estratégicas de agua.
Un triunfo político para las mineras, no para la sociedad
En una sesión marcada por tensiones y denuncias de falta de debate real, el Gobierno logró aprobar en Diputados la reforma de la Ley de Glaciares, una norma clave que desde 2010 protegía estas reservas naturales como bienes estratégicos para el acceso al agua. Tras casi 11 horas de debate se sancionó con 137 votos a favor, 111 negativos y tres abstenciones.
Además de La Libertad Avanza, votaron afirmativamente el PRO, la UCR, Innovación Federal, Elijo Catamarca, Producción y Trabajo (San Juan), Karina Banfi (Adelante Buenos Aires), José Luis Garrido (Por Santa Cruz), Nicolás Massot (Encuentro Federal) y un grupo de seis diputados de Provincias Unidas (Gisela Scaglia, José Nuñez, Sergio Capozzi, Jorge Rizzotti, Alejandra Torres y Jorge Ávila). Inclusive, el oficialismo se dio el lujo de captar votos de dos diputados de Unión por la Patria: los sanjuaninos Cristian Andino y Jorge Chica.
La modificación, impulsada por el oficialismo y respaldada por sectores aliados, implica un cambio de paradigma: ya no se protegerán todos los glaciares y ambientes periglaciares, sino únicamente aquellos que se considere que cumplen una “función hídrica efectiva”.
En la práctica, esto habilita la intervención sobre amplias zonas cordilleranas hasta ahora vedadas a la actividad minera.
Del principio precautorio al negocio extractivo
La ley original establecía la prohibición de actividades como la minería en zonas glaciares para preservar el agua dulce, un recurso esencial para millones de personas.
Con la reforma, ese principio precautorio se invierte: ahora deberá demostrarse que un glaciar es “relevante” para justificar su protección. Además, se otorga mayor poder a las provincias para definir qué áreas se resguardan y cuáles se habilitan para proyectos extractivos.
Este cambio implica una flexibilización que favorece directamente a las grandes corporaciones mineras interesadas en explotar cobre, oro y litio en la cordillera.
Agua para el pueblo o ganancias para las corporaciones
Los glaciares no son solo paisajes: funcionan como reguladores naturales del ciclo hídrico, liberando agua en períodos de sequía y garantizando el abastecimiento de ríos, ecosistemas y comunidades enteras.
Sin embargo, la nueva normativa prioriza la llegada de inversiones extranjeras y el crecimiento de la minería como eje económico, en línea con la política del Gobierno de profundizar un modelo extractivista orientado a la exportación de recursos naturales.
El resultado es un choque directo entre dos modelos: uno que defiende el agua como derecho colectivo y otro que la subordina a la lógica del mercado.
Protestas, denuncias y posible judicialización
La aprobación se dio en medio de importantes movilizaciones en defensa de los glaciares, en algunos casos reprimidas fuertemente por el gobierno. Organizaciones sociales, científicas y ambientales calificaron la reforma como “regresiva” e incluso inconstitucional.
También hubo denuncias por restricciones a la participación ciudadana en el debate legislativo, lo que refuerza la idea de una decisión tomada de espaldas a la sociedad, y la posibilidad de una judicialización de lo votado.
Lejos de tratarse de una simple modificación técnica, la reforma de la Ley de Glaciares expone con claridad el rumbo del Gobierno: menos Estado para proteger bienes comunes y más facilidades para los grandes capitales. En un contexto de crisis climática y escasez hídrica, la pregunta de fondo es quién decide sobre los recursos estratégicos: las mayorías sociales o las corporaciones.
