Escuchá esta nota
Bajo el discurso de la “prosperidad” y la apertura al mundo, el Ejecutivo firmó un acuerdo comercial y de inversión con Estados Unidos que profundiza la dependencia económica, debilita la industria nacional y consolida un modelo de ajuste interno y negocios externos para unos pocos.
Prosperidad para pocos, ajuste para muchos
El Gobierno celebró la firma de un acuerdo comercial y de inversión con Estados Unidos como si se tratara de un logro histórico. Fotos, sonrisas y frases grandilocuentes acompañaron un anuncio que, lejos de marcar un rumbo de desarrollo soberano, confirma una política de alineamiento automático y subordinación económica frente a la principal potencia del continente.
No hay sorpresa: el acuerdo encaja a la perfección con el programa económico oficial. Apertura indiscriminada, desregulación, retirada del Estado y confianza ciega en que el capital extranjero —esta vez, estadounidense— vendrá a “salvar” una economía devastada por el ajuste. La historia argentina, sin embargo, ya conoce este libreto: promesas de inversiones que no llegan, industria que cae y trabajadores que pagan la cuenta.
Mientras se firman acuerdos en el exterior, puertas adentro crecen el desempleo, la caída del salario real y el derrumbe del consumo. El contraste es brutal, sacrificios para la mayoría, garantías para las corporaciones. Porque eso es lo que aseguran este tipo de pactos: seguridad jurídica para el capital, facilidades para girar ganancias y reglas de juego favorables a las grandes empresas, no al entramado productivo local.
El Gobierno vende el acuerdo como una oportunidad de inserción internacional, pero omite un dato clave: la relación con Estados Unidos es profundamente desigual. No hay simetría posible entre una economía periférica en crisis y una potencia que protege su mercado, subsidia su producción y defiende sin pudor sus intereses estratégicos. Mucho menos cuando se habilita la seguridad jurídica y facilidades para girar ganancias, poder colocar todos sus productos sin obstáculos, se le facilita acceso a minerales críticos, a la entrega de datos, entre otras cosas.
Industria en retirada, soberanía en liquidación
El impacto sobre las pymes, la industria nacional y el empleo aparece como daño colateral aceptable para el oficialismo. La apertura comercial, en un país sin políticas de protección ni desarrollo, no genera competencia virtuosa, al contrario, genera destrucción productiva. Más importaciones, menos producción local, más precarización laboral.
Todo esto avanza, además, sin debate público y con opacidad. No se conocen en detalle las cláusulas del acuerdo, ni sus condicionamientos futuros. El Congreso, donde debe enviar dicho acuerdo, aparece relegado y la sociedad, directamente excluida de una decisión que compromete el rumbo económico del país.
Dependencia como proyecto político
Lejos de ser un error o una ingenuidad, el acuerdo con Estados Unidos expresa una definición política clara: abandonar cualquier intento de desarrollo autónomo y aceptar el lugar de proveedor de materias primas y mercado para bienes extranjeros. No es inserción inteligente sino que es una entrega planificada.
El Gobierno no busca un país que produzca, innove y distribuya riqueza, sino uno dócil frente a los intereses del poder económico global. En nombre de la libertad de mercado, se profundiza la dependencia. Y, como siempre, la factura la pagan los de abajo.
