Una vez más el ajuste desmedido del gobierno provincial de Bordet y el PJ golpea a les trabajadores de la educación. En una escuela secundaria de La Paz, Entre Ríos, les docentes se enteraron que no fueron renovadas las plazas de dos divisiones concursadas en 2014. Cursos en planta temporaria hace 7 años, sin posibilidad de titularización ni estabilidad laboral, una característica de este sistema educativo.
Docentes de esta escuela iniciaron acciones para revertir esta medida, entre ellas una nota de reclamo, en la cual plantean a funcionarios del gobierno que “durante todo el ciclo lectivo 2020 los docentes de ambos cursos pusimos todo nuestro esfuerzo y más (triplicación de la carga horaria, abono de internet, herramientas digitales personales, etc.) para sostener a nuestros queridos alumnos en un momento de tanta zozobra, ahora el Estado provincial a través del CGE nos dice que ese esfuerzo no valió la pena y nos deja en total orfandad”.
Desde el gobierno educativo se argumenta que esta medida se da en un escenario previsible, ya que se tratan de “plazas temporarias” y por una baja matrícula, aunque en cada curso había un promedio de 15 estudiantes. Más de 20 docentes verán reducida su carga horaria significativamente y con ella su salario, un salario que además permaneció congelado todo el 2020 con miserables montos en negro que recién fueron blanqueados en marzo de este año, y que la inflación y la escalada de precios enmagrecieron aun más, dejándolos por debajo de la línea de pobreza. Mientras trabajadores con 7 años de antigüedad en el mismo cargo quedan sin trabajo, se siguen destinando fondos a las escuelas privadas donde la matrícula por curso, en muchos casos, es insignificante. Les estudiantes deberán ser reubicades en otros cursos repletos, es decir, que el Estado en lugar de garantizar el derecho a la educación promueve que les estudiantes queden fuera del sistema educativo o que las instituciones flexibilicen los protocolos sanitarios ampliando la capacidad de los grupos. En un contexto de crisis sanitaria que se agudiza con protocolos inaplicables, el gobierno de Bordet con Müller a la cabeza de la cartera educativa, decide poner en riesgo la salud de toda la comunidad educativa.
La pandemia expuso las problemáticas estructurales del sistema educativo, dejando al desnudo la precarización e inestabilidad laboral, la ineficacia para afrontar la situación sanitaria, la falta de inversión en infraestructura e higiene y, sumado a todo esto, no pudo dar respuestas a las y los miles de jóvenes que fueron excluidos y expulsados por no contar con dispositivos y/o conectividad.
Esta es una muestra, una vez más, de cómo el presupuesto educativo sigue priorizando el negocio de la educación privada y eclesial, así como también el pago de deudas ilegitimas a costa de poner en riesgo a la comunidad educativa, profundizar la crisis laboral de docentes y la exclusión de jóvenes.
¡Que la crisis no la paguen les trabajadores!
Belén Martínez