El gobierno del Frente de Todos en Entre Ríos, en un acto con la presencia del gobernador Bordet, la vicegobernadora Stratta y la ministra de Gobierno y Justicia Rosario Romero, anunció la compra de sistemas de videovigilancia para 69 municipios y comunas. Se destinará un presupuesto de 39 millones de pesos.
Romero se esforzó por encuadrar este anuncio en políticas públicas de seguridad. Dejó en claro que según su criterio este tipo de sistemas de videovigilancia son ampliamente reconocidos a nivel mundial.
Desde nuestro lugar rechazamos contundentemente estas medidas.
En primer lugar, creemos necesario expresar que está ampliamente comprobado que las cámaras de videovigilancia no son eficaces a la hora de prevenir el delito. Muchos menos lo son cuando, como en nuestra provincia, están bajo la supervisión de la policía y el Estado provincial. Está claro que, usada así esta tecnología, bajo la dinámica que expresa Romero, estará al servicio de fortalecer la vigilancia por parte del Estado, violando la privacidad y convirtiéndose en un mecanismo de vigilancia al servicio de la represión.
En segundo lugar, nos parece importante como trabajadores advertir que frente a la crisis económica y sanitaria no es inocente que surjan este tipo de anuncios. El fortalecimiento del aparato de vigilancia y represivo se ve en todo el país. Ya vimos el ciberpatrullaje, las concesiones de Kicillof a la policía bonaerense y la impunidad frente a los casos de gatillo fácil. Es decir, aumentan las medidas represivas sobre organizaciones que luchan, y se busca avanzar en la criminalización de la pobreza y la juventud.
Romero busca convertir a Entre Ríos en un gran hermano antes que aplicar políticas integrales que ataquen el núcleo del problema. Esos 39 millones de pesos serían más útiles destinados al sistema de salud, a la educación. Sin medidas sociales y sin la transformación del sistema de seguridad en un sistema preventivo con plena participación y control social, no hay políticas públicas de seguridad.